El secuestro en Lassa es solo el último episodio de una violencia sistemática contra instituciones educativas que comenzó en 2014 con el rapto de las 276 niñas de Chibok, un caso que movilizó a la comunidad internacional. Desde entonces, según denunció la activista por los derechos humanos y abogada nigeriana Abiola Akiyode-Afolabi, directora del Centro de Investigación y Documentación de Defensores de la Mujer (WARDC), más de 2.000 escolares y 1.000 profesores han sido secuestrados en Nigeria.
Un informe de Save the Children de 2023 cuantificaba en 1.683 los escolares raptados desde 2014, pero en los últimos tres años la tendencia se ha mantenido al alza. A mediados de mayo de 2026, 39 estudiantes y siete profesores fueron raptados en el estado de Oyo, y otros 50 en el estado de Borno. En noviembre de 2025, más de 300 alumnos de la escuela St. Mary, en la localidad de Papiri del estado de Níger, fueron secuestrados. Estos ataques se concentran especialmente en los Estados del norte del país, donde las fuerzas de seguridad tienen menor presencia.
Los secuestros responden a motivaciones económicas y son perpetrados tanto por bandas de delincuentes como por grupos yihadistas. Generalmente terminan con la liberación de los estudiantes tras el pago del rescate, aunque en algunos casos los procesos se extienden durante meses o años. Una de las consecuencias inmediatas es el cierre temporal de escuelas en las zonas afectadas, particularmente en áreas rurales. Tras el rapto de más de 300 escolares en Papiri en noviembre de 2025, más de 20.000 colegios pertenecientes a siete estados cerraron durante dos meses.
Abiola Akiyode-Afolabi expresó su frustración ante la inacción gubernamental en un debate público celebrado en Oyo hace dos semanas: "Pensamos que el Gobierno iba a aprender la lección de las niñas de Chibok, pero es obvio que esto no es una prioridad para el Gobierno. El presidente de este país tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y está claro que ha fracasado en esta tarea. Hoy nuestros niños no solo están amenazados físicamente sino que están atormentados psicológicamente. Nuestros hijos no pueden ir a la escuela con tranquilidad".
En 2015, el Gobierno nigeriano se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso internacional para proteger a estudiantes y profesores de ataques de todo tipo. Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional acusan a las autoridades del país —con 230 millones de habitantes, el más poblado del continente africano— de inacción frente a la amenaza creciente. La sección nigeriana de Amnistía Internacional señaló el pasado lunes, a través de la red social X, que "la protección de la vida de los niños es primordial, y el Gobierno nigeriano tiene el deber de garantizar que el sector educativo del país no se vea aún más amenazado por los grupos armados que siembran el caos en el norte de Nigeria".
Las consecuencias educativas son devastadoras. Ido Sanusi, director de Amnistía Internacional en Nigeria, advirtió que "el riesgo de secuestro está forzando a millones de niños a abandonar la escuela". Añadió que "cuando se trata de niñas menores que ven interrumpida su educación, muchas se ven forzadas a casarse. Esto supone un golpe devastador para años de esfuerzos por aumentar la matriculación en las escuelas de las zonas con mayores carencias educativas del norte de Nigeria".
Los secuestros no se limitan al sector educativo. Entre julio de 2024 y junio de 2025, al menos 4.700 personas fueron raptadas por grupos armados en un millar de incidentes en Nigeria, según el centro de inteligencia SB-Morgen. En su informe "Las cifras de la industria del secuestro en Nigeria", este organismo asegura que los grupos armados, tanto yihadistas como delincuentes, obtuvieron alrededor de 1,5 millones de euros de los 30 millones que exigieron en rescates durante ese período.
Para hacer frente a esta crisis, el Senado nigeriano aprobó el pasado 24 de junio un proyecto de ley de descentralización de sus fuerzas de seguridad, abriendo la puerta a la creación de 36 policías estatales que serían complementarias de la policía federal, hasta ahora la única que existe en el país. Esta reforma histórica de la arquitectura de seguridad responde a la exigencia de buena parte de la sociedad civil de combatir la violencia contando con las comunidades locales y extendiendo la red de seguridad a las zonas más alejadas de los centros urbanos.
Sin embargo, los autores del informe de SB-Morgen advierten que "a menos que las fuerzas de seguridad desmantelen estas redes y aborden las causas profundas —pobreza, desempleo y debilidad de las fuerzas del orden—, el ciclo de secuestros, rescates y muertes continuará sin control, sumiendo a los nigerianos comunes en un miedo constante". La reforma de seguridad representa un paso importante, pero su efectividad dependerá de su implementación y de si se acompaña de medidas que aborden las condiciones socioeconómicas que alimentan la actividad delictiva.