Mohammadi sufrió un infarto a finales de marzo y fue trasladada al hospital un mes después, según la fundación que dirige su familia. Primero fue llevada a un centro médico en la ciudad noroccidental de Zanjan y posteriormente, tras una suspensión temporal de su condena bajo una elevada fianza, al centro hospitalario de Pars en Teherán, la capital iraní.

La activista ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 mientras permanecía en prisión por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres y su campaña para abolir la pena de muerte en Irán. En los días inmediatamente anteriores al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, las autoridades iraníes la condenaron nuevamente a prisión, según informó la fundación.

Kiana Rahmani, hija de Mohammadi, enfatizó la gravedad de la situación de salud de su madre en declaraciones recogidas por la fundación: "Su recuperación exige una estricta supervisión médica fuera de los muros de la prisión. Devolverla a prisión es una condena a muerte".

El Ministerio de Exteriores de Irán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el caso, y los medios estatales no han mencionado nada al respecto, según la fuente.

Mohammadi, cuyas detenciones han atraído la atención mundial, fue arrestada en diciembre tras denunciar la muerte del abogado Khosrow Alikordi. Un fiscal iraní declaró a periodistas que la activista había hecho declaraciones provocadoras durante la ceremonia en memoria de Alikordi. Tras ese arresto, el Comité Nobel pidió a Teherán que la liberara de inmediato.

La situación de Mohammadi refleja la continua represión del gobierno iraní contra activistas de derechos humanos, particularmente aquellos que defienden los derechos de las mujeres. Su caso ha generado preocupación internacional sobre las condiciones de los prisioneros políticos en Irán y el acceso a atención médica adecuada para detenidos con problemas de salud graves.

La suspensión temporal de su condena mediante fianza permite a Mohammadi permanecer en su domicilio durante su recuperación, aunque persiste la incertidumbre sobre si las autoridades iraníes ordenarán su regreso a prisión una vez que su estado de salud mejore. La familia y defensores de derechos humanos continúan presionando para que se le permita recibir el tratamiento médico necesario sin la amenaza de volver a la cárcel.