El acuerdo de tregua impulsado por la denominada Junta de Paz, presidida por Trump, incluía el alto el fuego inmediato e incondicional entre Israel y Hamás, la entrada de ayuda humanitaria a la Franja, el desarme gradual del movimiento palestino y su abandono de la gestión del enclave, junto con la retirada completa del ejército israelí. Nueve meses después, casi ninguno de estos puntos se ha cumplido.

Según las autoridades sanitarias de Gaza, el ejército israelí ha matado a 1.100 personas desde el alto el fuego de octubre de 2025. Los bombardeos continúan diariamente mientras Israel amplía su ocupación terrestre, arrinconando a los gazatíes en un espacio menguante que los condena a vivir hacinados en condiciones de insalubridad extrema. Desde 2023, son al menos 73.221 las víctimas mortales en Gaza —la inmensa mayoría civiles—, según cifras de las autoridades gazatíes que la ONU toma como referencia. Un tercio de los fallecidos eran niños.

La situación humanitaria es catastrófica. El acceso al agua potable es la mayor preocupación de las familias gazatíes, y el 85% señala obstáculos para acceder a baños y letrinas, según denunció el jueves la oficina de la ONU para los asuntos humanitarios (OCHA). El Ministerio de Sanidad de Gaza ha denunciado que el 70% de sus ambulancias están fuera de servicio tras tres años de asedio israelí. El texto del acuerdo de tregua contempla la rehabilitación de las redes de agua, electricidad y alcantarillados de la Franja, pero los gazatíes siguen malviviendo a oscuras, sin opción de encender un ventilador en plena ola de calor y, a menudo, conviviendo con aguas residuales.

En cuanto a la alimentación, aunque ya no se registran muertes por hambruna como las 400 que ocurrieron el año pasado —casi todas ancianos y niños—, la inseguridad alimentaria sigue siendo altísima. La acumulación de personas junto a la de residuos provoca plagas de ratas y piojos, virus y bacterias. La OCHA ha identificado en las últimas dos semanas 9.300 casos de varicela —la mitad en Jan Younis—, una enfermedad cuya vacuna existe en Israel pero no se administra en Gaza, tampoco antes de la guerra. El COGAT, la unidad militar israelí que gestiona los asuntos civiles en los territorios palestinos ocupados, asegura que la cantidad de comida que entra en la Franja es "más que suficiente", sin aclarar cuánta llega realmente a los gazatíes, y señala a Hamás como "el principal impedimento" para la distribución de la ayuda humanitaria.

Los ataques selectivos contra militantes palestinos continúan causando bajas civiles. El Gobierno de Benjamín Netanyahu, que se ha puesto como objetivo matar a todo el que participara en los ataques que Hamás lanzó sobre Israel el 7 de octubre de 2023 —que causaron casi 1.200 víctimas mortales—, asegura haber matado desde el pasado lunes a ocho milicianos palestinos. Sin embargo, el ejército de Israel ha matado desde el lunes a 26 personas, según el Ministerio de Sanidad gazatí, una cifra similar a las 23 víctimas de la semana anterior. El jueves, medios gazatíes informaron del intento fallido de asesinar al portavoz de Hamás, Hazem Qassem, en un bombardeo contra su vehículo que causó varias muertes.

Los casos de muertes civiles documentadas son numerosos. Cinco personas murieron este domingo en ataques israelíes en Gaza, entre ellas una niña de ocho años, Tala Abu Mata, alcanzada por disparos del ejército en el campamento de refugiados de Al Nur wal Huda, según informó el Hospital Mártires de Al Aqsa. El miércoles perdieron la vida en bombardeos de Israel otros tres niños, y un soldado mató en una "ejecución sumaria" —según denunció su compañero a la prensa— a Ahmad Esleem, un conductor que transportaba ayuda humanitaria de la ONG World Central Kitchen. La semana pasada, otro bombardeo sobre una zona de tiendas de campaña cerca de Jan Younis mató a una mujer y a su bebé, y destruyó las tiendas de 150 familias, según OCHA. A pesar de todo ello, el ejército israelí reitera que toma medidas para mitigar daños civiles.

El lunes pasado, Hamás anunció la disolución de su Gobierno —otra condición exigida en el acuerdo— y lo presentó como un intento de desbloquear la situación. El portavoz de la milicia palestina, Hazem Qassem, afirmó: "Hamás da un nuevo paso al dejar el mando de la Franja. Eliminamos así cualquier pretexto de la ocupación [de Israel], que mantiene su agresión y su guerra de exterminio". La tregua prevé que un comité tecnocrático que aún no ha pisado Gaza y una fuerza internacional todavía inexistente reemplacen al grupo palestino a cambio del repliegue israelí.

Israel, sin embargo, no deja entrar en la Franja al nuevo Gobierno de técnicos. Exige que el desarme de Hamás anteceda a la aplicación de cualquier otro punto del acuerdo de alto el fuego. Hamás, por su parte, se niega a entregar las armas alegando las violaciones israelíes de la tregua y la falta de garantías de que al final del proceso a los palestinos se les garantice un futuro soberano. Se negocia acordar el "almacenamiento" de las armas palestinas en lugar de su entrega a Israel.

Mkhaimar Abusada, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Al Azhar en Ciudad de Gaza, cree que la disolución del Gobierno de Hamás solo busca ganar tiempo. "Quieren evitar hacer concesiones al Ejecutivo de Netanyahu antes de las elecciones de otoño, y buscan aliviar la presión de los mediadores dejando la pelota en el tejado israelí", argumenta desde su exilio en El Cairo. Las elecciones en Israel se celebrarán el 27 de octubre, según se anunció este domingo. Abusada sostiene que "Hamás ha disuelto algunas autoridades pero ha puesto a otras interinas", y que lo que los mediadores esperan es "que responda a la cuestión del desarme".

Israel sigue aumentando el ritmo de sus ataques. Esta semana, la OCHA ha alertado de que la expansión del ejército israelí, que ha extendido su ocupación por encima del 53% del territorio que el acuerdo de tregua le reserva mientras Hamás no se desarme, "pone en peligro la labor humanitaria". El avance de la Línea Amarilla, que delimita la ocupación, es también el de la actividad militar. Un gazatí, en un videocomunicado de la ONU, se lamentaba: "Nos dicen que esto es [ahora] la Línea Amarilla. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Cuando el fuego comienza, cojo a mis niños, los estrecho contra mi cuerpo y nos metemos debajo".

La Junta de Paz se prepara para iniciar próximamente un programa piloto para habilitar "refugios humanitarios" en el área bajo ocupación israelí, que representa ya más del 60% del territorio, e Israel quiere llegar al 70%. Según han publicado medios israelíes que citan a miembros del organismo liderado por Trump, el objetivo es "debilitar gradualmente el control del grupo sobre la población", permitiendo la entrada de civiles en las zonas no controladas por Hamás. Allí habrá ayuda humanitaria y alojamiento provisional en caravanas. El primer refugio se creará cerca de Rafah, en el sur.

Sobre el papel, el comité tecnocrático administrará esas zonas y la fuerza internacional las patrullará, a medida que las tropas israelíes abandonan territorios "liberados" —algo a lo que se niegan si Hamás retiene su arsenal—. Si lo desean, los civiles podrán permanecer en la zona controlada por la milicia, donde los bombardeos y la intemperie serán una amenaza permanente. La esperanza, según esas fuentes, "es que Hamás se quede sin población, territorio ni recursos, como vía para su eliminación".