El Congreso peruano arrastra uno de los mayores niveles de descrédito institucional del país, con una desaprobación que ha oscilado entre el 85% y el 90% en los últimos años, según las fuentes. Esta cifra refleja una ciudadanía cada vez más distante y desconfiada de sus representantes, en un contexto donde el Parlamento, lejos de actuar como un contrapeso institucional, se ha convertido en un actor decisivo de la ingobernabilidad.

En la primera vuelta electoral, además de votar por el nuevo presidente, los peruanos escogieron a los nuevos representantes del Poder Legislativo. Mientras la Cámara Baja se encargará de proponer y aprobar en primera instancia los proyectos de ley, el Senado tendrá la última palabra sobre dichas propuestas, según el nuevo sistema bicameral que entra en vigor tras el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992.

Una encuesta de Ipsos realizada en 2024 reveló que el 64% de los peruanos considera que el Congreso es la institución con mayor poder en el país, muy por encima del 29% que se le otorgaba a Dina Boluarte, la presidenta de aquel entonces. Esta percepción se ha consolidado a través de acciones legislativas que han generado amplio rechazo social.

El Congreso actual ha aprobado normas duramente criticadas por la sociedad civil y los organismos internacionales, como la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002, así como un conjunto de normas denominadas "procrimen", que han debilitado la capacidad operativa de la Fiscalía en la lucha contra la criminalidad organizada, según las fuentes. Estas normas, que en algunos casos han terminado beneficiando o blindando a los propios congresistas, han sido aprobadas con amplias mayorías que han desdibujado las fronteras ideológicas. Derecha, izquierda y centro han votado, más de una vez, en un mismo bloque.

Esa coincidencia recurrente ha llevado a diversos analistas a acuñar el término de "pacto mafioso" para describir el comportamiento del Congreso, una expresión que incluso ha sido mencionada por varios candidatos presidenciales durante la campaña electoral. Otros científicos sociales sostienen que, en los últimos años, el país ha transitado hacia una suerte de "autoritarismo parlamentario", donde el Congreso ha desplazado, en la práctica, el peso del sistema presidencialista.

"En los últimos ocho años ha pervertido absolutamente su función de control político y de fiscalización hasta llevarlas al bloqueo y oposición por razones meramente de cálculo político que, en la mayoría de situaciones, no tenía un sustento real", dijo Marisol Vargas, politóloga de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. "Todo esto aunado a la vejación del uso de la vacancia por incapacidad moral ante el más mínimo desacuerdo o divergencia entre el Congreso y el Ejecutivo", agregó.

Presidentes como Martín Vizcarra, Pedro Castillo o Dina Boluarte fueron removidos con una figura concebida como excepcional, pero cuya ambigüedad ha abierto la puerta a un uso cada vez más discrecional: la incapacidad moral permanente, según las fuentes.

En los últimos días, Miguel Torres, virtual senador y candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular —la agrupación liderada por Keiko Fujimori— admitió abiertamente en una entrevista que existió una articulación de fuerzas para precipitar la caída del expresidente Pedro Castillo. "Se ha tenido que hacer toda una gesta de contención. Sacar al señor Castillo no fue sencillo. Claro, van a decir: no, se sacó solo. No fue así. Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también. Fue una suma de esfuerzos", declaró Torres.

Sus palabras volvieron a poner sobre la mesa el peso político del fujimorismo, la bancada más influyente del Parlamento en los últimos años. Si en 2016 Fuerza Popular llegó a controlar 73 curules en el Congreso unicameral y en el periodo reciente obtuvo 24 escaños, para el próximo mandato ha conseguido 22 senadores y 39 diputados, según las fuentes. El resultado la posiciona, una vez más, como la principal fuerza política del país y como un actor con capacidad de inclinar la balanza de la gobernabilidad.

Respecto a Roberto Sánchez, el heredero político de Pedro Castillo, su bancada ha logrado 14 senadores y 32 diputados. Cuenta con el 23.3% de influencia en el Senado en comparación al 36.67% de Fuerza Popular. En el caso hipotético de que Sánchez sea electo presidente, Juntos por el Perú no tendrá mayoría en la Cámara donde se deciden las cosas y, por lo tanto, deberá ser muy diligente para tejer alianzas y hallar consensos, según las fuentes.

La politóloga Paula Távara se pregunta si Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los dos aspirantes que disputarán la presidencia en la segunda vuelta, estarán dispuestos a desafiar el peso que ha acumulado el Congreso o si, como sus antecesores, terminarán subordinados a su lógica de poder. "Quienes han tenido la presidencia en estos años han dependido totalmente del Parlamento y no le han hecho frente, sino que han buscado la negociación por una cuestión de supervivencia", advirtió Távara.

Aun así, Távara considera que el próximo Congreso presenta un escenario más equilibrado y potencialmente más abierto a la negociación política. A su juicio, ninguno de los dos candidatos llegará con un margen de maniobra absoluto. "Sánchez tiene menos posibilidades de actuación en temas grandes que pretenda llevar a cabo porque no tiene mayoría y tendrá la obligación de reclutar un mayor número de voluntades diversas. Pero, aunque Keiko Fujimori lo tiene un poco más fácil, las sumas y restas no le dan garantía de un gobierno a su medida", dijo la politóloga.

El retorno a la bicameralidad genera dudas sobre su capacidad para mejorar el horizonte político. En 2018 se realizó un referéndum y el 90% de la población le dijo no a la reforma constitucional que establece la bicameralidad, según las fuentes. Fue más bien el Congreso el que modificó la Constitución y aprobó el regreso del Senado y la Cámara de Diputados en segunda votación en 2024.

"Es una burocracia y un engaño más. No suscitará una restitución de la confianza en el Parlamento, cuando en el referéndum la respuesta fue de rotundo rechazo", dijo Marisol Vargas. En las redes sociales se gestó un movimiento llamado #PorEstosNo para castigar con el voto a los legisladores en la primera vuelta. La moción ha sido contundente: más del 70% (67) de los actuales congresistas no han logrado reelegirse. Solo el 26% (24) consiguió mantenerse, según las fuentes.

La expectativa de que el próximo Congreso contribuya a la estabilidad política del país, en lugar de profundizar la crisis, es enorme. No es un reto menor para un Parlamento que arrastra uno de los mayores niveles de descrédito institucional y que enfrentará el desafío de demostrar si el nuevo sistema bicameral puede revertir la dinámica de ingobernabilidad que ha caracterizado a Perú en la última década.