La policía antidisturbios turca forzó su entrada el domingo en la sede del Partido Republicano del Pueblo (CHP) en Ankara, después de que un tribunal de apelaciones destituyera el jueves al líder del partido, Özgür Özel, y declarara nulo su liderazgo, según reportó la BBC.

Nubes de gas lacrimógeno se elevaron frente al edificio del CHP, donde miembros del partido habían bloqueado las entradas con barricadas improvisadas. Las imágenes del lugar mostraron a quienes estaban dentro gritando y arrojando objetos hacia la entrada, mientras rociaban a los policías con mangueras, según la BBC.

El tribunal de apelaciones decidió que Özel debía ser reemplazado por Kemal Kılıçdaroğlu, un veterano del partido de 77 años que fue derrotado por Erdoğan en las elecciones presidenciales de 2023, según la decisión judicial reportada por medios turcos.

Los medios turcos informaron que representantes de Kılıçdaroğlu habían solicitado a la policía llevar a cabo los "procedimientos necesarios" para entregar la sede al nuevo liderazgo, alegando que hasta ese momento se les había impedido la entrada.

El gobernador de la ciudad instruyó entonces a la policía a "implementar la decisión judicial", según un comunicado de su oficina citado por la BBC.

"Estamos bajo ataque", dijo Özel en un mensaje de video compartido en X mientras las fuerzas de seguridad intentaban entrar al edificio, donde también se reportaron enfrentamientos entre sus partidarios y los de Kılıçdaroğlu, según la BBC.

Özel posteriormente salió de las instalaciones antes de dirigirse hacia la asamblea turca rodeado de simpatizantes. "Intentaron arrancarnos y echarnos", dijo a las multitudes reunidas afuera, según la BBC. Declaró que el partido estaría "de ahora en adelante en las calles o en las plazas, marchando hacia el poder".

Human Rights Watch advirtió el sábado que el gobierno de Erdoğan estaba socavando la democracia turca con "tácticas abusivas" contra el CHP, según la organización de derechos humanos.

Özel ha acusado al partido AK de Erdoğan de perseguir una estrategia para "eliminar a sus rivales", según declaraciones reportadas por la BBC. El partido había prometido desafiar la decisión del tribunal de apelaciones, en un movimiento que consolida aún más el control del presidente sobre el poder.

Erdoğan, de 72 años, ha liderado Turquía desde 2003, primero como primer ministro y luego como presidente, según la BBC. Solo puede postularse nuevamente para la presidencia si convoca elecciones anticipadas antes de 2028 o cambia la constitución.

El ministro de Justicia, Akin Gürlek, dijo a principios de esta semana que el fallo del tribunal de apelaciones "refuerza la confianza de nuestros ciudadanos en la democracia", según declaraciones citadas por la BBC.

La decisión anuló un fallo de 2025 de un tribunal inferior que había desestimado acusaciones de compra de votos durante las primarias del CHP en las que Özel se convirtió en líder de la oposición, según la BBC. El fallo también significa que todo el ejecutivo del partido es reemplazado, y se cree que sus decisiones ya no son reconocidas.

El asalto policial del domingo representa una escalada significativa en la confrontación entre el gobierno de Erdoğan y la oposición turca. El CHP es el principal partido opositor del país y ha sido históricamente la fuerza política fundada por Mustafa Kemal Atatürk, padre de la Turquía moderna.

La intervención judicial en el liderazgo de un partido político de oposición, seguida de un asalto policial para hacer cumplir la decisión, plantea serias preguntas sobre el estado de la democracia en Turquía, un país miembro de la OTAN y candidato de larga data a la adhesión a la Unión Europea.

La situación se desarrolla en un contexto donde Erdoğan enfrenta limitaciones constitucionales para su continuidad en el poder, lo que ha generado especulaciones sobre posibles maniobras políticas para extender su mandato, ya sea mediante elecciones anticipadas o reformas constitucionales.

La respuesta internacional a estos acontecimientos será crucial para determinar las consecuencias diplomáticas y económicas que Turquía podría enfrentar por lo que organizaciones de derechos humanos califican como un deterioro del estado de derecho y las instituciones democráticas del país.