Ramaphosa argumenta en su presentación judicial que el panel independiente que elaboró el informe en 2022 "malinterpretó su mandato, juzgó mal la información presentada y malinterpretó los cuatro cargos presentados contra mí", según el documento presentado ante el tribunal.

El caso, conocido como "Farmgate" por los medios locales, se remonta a 2020 cuando supuestamente fueron robados 580.000 dólares (430.000 libras esterlinas) de Phala Phala, la granja de Ramaphosa en la provincia norteña de Limpopo, según la BBC. El dinero estaba escondido en un sofá.

En 2022, un panel independiente concluyó que Ramaphosa podría haber cometido mala conducta grave relacionada con el robo. El panel encontró evidencia de que el presidente pudo haber violado su juramento de cargo y determinó que tenía "un caso que responder", según el informe. Los cargos incluían violación de la constitución y mala conducta grave.

Ramaphosa ha negado cualquier irregularidad. En su momento, el presidente afirmó que el efectivo provenía de la venta legítima de búfalos de su negocio ganadero, según la BBC.

Sudáfrica tiene reglas estrictas sobre la tenencia de moneda extranjera, que establecen que debe depositarse con un distribuidor autorizado como un banco dentro de los 30 días, según informó la BBC.

En su recurso judicial presentado el martes, Ramaphosa solicita que el informe sea anulado, lo que eliminaría el proceso de juicio político. "No presento esta solicitud a la ligera", dice el presidente en la presentación judicial, según la BBC.

El contexto político ha cambiado drásticamente desde que el parlamento votó por primera vez sobre este asunto. En 2022, cuando el Congreso Nacional Africano (ANC) de Ramaphosa tenía mayoría parlamentaria, los legisladores votaron contra el establecimiento de una investigación de juicio político tras el informe del panel.

Sin embargo, a principios de este mes, un fallo del Tribunal Constitucional determinó que el parlamento actuó de manera inconstitucional cuando hace cuatro años votó contra establecer una investigación de juicio político, según la BBC.

La situación política actual es radicalmente diferente. Desde las elecciones generales de 2024, el ANC perdió su mayoría y ahora gobierna como parte de una coalición, según informó la BBC.

La presidenta del parlamento ya formó el comité de juicio político, compuesto por 31 legisladores de 16 partidos políticos, incluidos nueve del ANC, el miembro principal de la coalición gobernante, según la BBC. Este comité decidirá si existen fundamentos para iniciar procedimientos de juicio político contra Ramaphosa.

El caso representa una amenaza significativa para la continuidad del mandato de Ramaphosa, quien ahora enfrenta un escrutinio parlamentario renovado en un contexto político donde su partido ya no controla la mayoría de los votos. La resolución del Tribunal Constitucional ha reabierto efectivamente un proceso que parecía cerrado cuando el ANC dominaba el parlamento.

El desenlace de este recurso legal determinará si el proceso de juicio político puede continuar o si el informe del panel de 2022 será invalidado, lo que eliminaría la base legal para cualquier procedimiento contra el presidente sudafricano.