El grupo de países, coordinado por el Reino Unido, busca interrumpir el flujo financiero que ha permitido la actuación de grupos de colonos extremistas en Cisjordania y reafirmar el compromiso con la solución de dos estados, Israel y Palestina, para poner fin al conflicto de Oriente Próximo, según declaró la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper.

"La expansión de los asentamientos y la violencia allí desplegada son ilegales, y suponen una amenaza importante a la viabilidad de la solución de los dos estados, así como a las perspectivas de paz y seguridad a largo plazo tanto para palestinos como para israelíes", dijo Cooper, según El País.

Por primera vez, junto a las sanciones anunciadas, el Ministerio de Exteriores británico publicará una guía concreta dirigida a los empresarios británicos para evitar de modo explícito que lleven a cabo algún tipo de actividad económica o financiera en conexión con los asentamientos ilegales de la zona, según informó el gobierno británico.

La nueva guía establece explícitamente: "Las empresas no deben participar en actividades económicas y financieras en los asentamientos israelíes", según The Guardian. El documento advierte que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional y que la actividad económica puede resultar en daño reputacional y "en títulos disputados sobre la tierra, el agua, minerales u otros recursos naturales que podrían ser objeto de compra o inversión", según la misma fuente.

Sin embargo, la medida no constituye una prohibición formal ni impone penalidades por incumplimiento, lo que decepcionó a más de 130 diputados laboristas, incluidos todos los presidentes de comités selectos del partido, que habían solicitado una prohibición completa del comercio, según The Guardian. Estos parlamentarios argumentaban que la medida era necesaria para cumplir con las órdenes emitidas por la Corte Internacional de Justicia en 2024.

Emily Thornberry, presidenta del comité de asuntos exteriores, dijo a Cooper que "la verdad es que las empresas británicas están financiando anexiones un asentamiento a la vez", añadiendo que temía que el gobierno estuviera "en peligro de hacer muy poco demasiado tarde", según The Guardian.

Cooper respondió a los parlamentarios que era difícil en la práctica construir una prohibición comercial ejecutable, pero que seguiría examinando el tema en alianza con socios internacionales, según la misma fuente.

Las organizaciones señaladas como objetivo de las sanciones son la Unión Agrícola, que apoya y financia los asentamientos, incluidos los que utilizan la violencia para expulsar a la población palestina; Ahavat Gilad, que canaliza las donaciones dirigidas a los anteriores; Ari Yshag, que recaudan fondos para la causa de los colonos; Artzenu, que proporciona material militar y armamentístico a los colonos y su vehículo financiero, Shivat Zion Lerigvey Admata, y, finalmente, la constructora Eyal Hari Yehuda, que ha participado en la demolición de viviendas palestinas y en la expulsión violenta de sus habitantes, según El País.

Itamar Yehuda Levi, el propietario de esta última constructora, también ha sido señalado particularmente como destinatario de las sanciones, según la misma fuente. El impacto práctico de las sanciones británicas dependerá de si alguna de estas empresas tiene fondos en el Reino Unido o comercia con empresas británicas, según The Guardian.

Los seis países emitieron una declaración conjunta: "Durante demasiado tiempo, los colonos violentos han podido actuar con casi total impunidad, y la expansión de asentamientos y la creación de puestos avanzados continúan con el apoyo y la facilitación del gobierno de Israel. En algunos casos, la violencia de los colonos tiene lugar bajo la protección de las fuerzas de seguridad de Israel. Continuamos instando al gobierno de Israel a tomar medidas para garantizar una rendición de cuentas significativa por la violencia en Cisjordania", según The Guardian.

La declaración añadió: "Estamos listos para tomar más medidas si el gobierno de Israel no toma medidas urgentes para abordar la situación sobre el terreno", según la misma fuente.

El Reino Unido, junto al resto de países firmantes, exige al Gobierno de Israel que ponga fin a los asentamientos, frene la violencia desplegada, actúe judicialmente contra los responsables y acabe con las sanciones impuestas a la población palestina, que ha puesto freno al desarrollo económico de la región, según El País.

Cooper dijo que las medidas se tomaban en un contexto de continua expansión ilegal de asentamientos, incluido el proyecto E1, y niveles récord de violencia de colonos diseñada deliberadamente para destruir hogares y medios de vida palestinos en Cisjordania, según The Guardian. La escala de la violencia de los colonos se ha proliferado en los últimos meses, e Israel ha invitado recientemente a presentar ofertas para el desarrollo E1, un plan de colonos para aproximadamente 3.500 viviendas que, si se implementa, dividiría Cisjordania en dos, según la misma fuente.

Es el cuarto paquete de medidas punitivas contra Israel aprobado por el Gobierno laborista de Keir Starmer, que también dio el paso histórico en septiembre del año pasado de reconocer el Estado de Palestina, junto al resto de países que han respaldado las sanciones de esta semana, según El País.

El Reino Unido ya ha impuesto sanciones a dos ministros extremistas israelíes, Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas, e Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, un paso que aún no ha tomado la Unión Europea debido a divisiones internas, según The Guardian.

La ministra británica de Exteriores anunció también ayudas por 1,2 millones de euros para la limpieza de minas explosivas en Gaza, así como 12 millones más para que la Autoridad Palestina pueda sostener los servicios públicos de importancia crítica para la población, así como para hacer frente a la crisis fiscal que sufre la economía del territorio, según El País.

En su declaración a los parlamentarios, Cooper también pidió al gobierno israelí que abra todos los cruces y elimine las restricciones arbitrarias sobre la entrega de ayuda humanitaria y equipo para garantizar que la ayuda británica pueda llegar a todos los que la necesitan desesperadamente, según The Guardian. Todos los cruces hacia Gaza han sido cerrados en los últimos días por los israelíes después de que el gobierno en Tel Aviv dijera que no hay escasez nutricional dentro de Gaza, según la misma fuente.

Cooper exigió al Gobierno de Israel que abra todos los pasillos humanitarios, y retire todas las restricciones "arbitrarias" impuestas, que impiden al Reino Unido o a otros países u organizaciones la distribución de ayuda a la población, según El País.

Desde 2005, cualquier producto producido en asentamientos israelíes no tiene derecho a beneficiarse de un tratamiento arancelario preferencial al entrar al Reino Unido, según The Guardian. Sin embargo, el gobierno no está endureciendo su consejo existente sobre la necesidad de etiquetar claramente los productos producidos en asentamientos ilegales, según la misma fuente.

La guía británica a las empresas continúa elogiando el comercio con Israel dentro de las líneas de 1967: "Con su sólido desempeño económico en términos de crecimiento, baja inflación y una baja tasa de desempleo, Israel ofrece un mercado creciente atractivo para las empresas británicas", según The Guardian.

Human Rights Watch describió el paquete como el mínimo indispensable, según The Guardian. Christian Aid dijo: "Es patético simplemente 'aconsejar' a las empresas británicas contra la actividad en asentamientos israelíes ilegales cuando no hay consecuencias reales para ellas. El gobierno británico debe prohibir todo comercio e inversión con Israel antes de que Palestina sea borrada por completo", según la misma fuente.