Las autoridades rusas han establecido el 1 de julio de 2026 como fecha límite para que los propietarios de bienes raíces en territorios ucranianos ocupados reclamen sus propiedades bajo el registro ruso, exigiendo presencia física y pasaporte ruso, una condición imposible para miles de ucranianos desplazados que arriesgan perder sus hogares si no cumplen con el requisito impuesto por la ocupación.