Se cae la imputación contra Daniel Quintero: jueza anula el proceso por Aguas Vivas
Política

Se cae la imputación contra Daniel Quintero: jueza anula el proceso por Aguas Vivas

La jueza 22 penal del circuito de Medellín anuló la imputación contra Daniel Quintero y otras 12 personas al concluir que la Fiscalía nunca explicó con claridad los cargos, un déficit "tan grave" que vulneró el derecho a la defensa. La decisión valida las críticas al caótico proceso de abril de 2025 y llega mientras la Fiscalía y la Alcaldía de Gutiérrez anuncian apelación para el 6 de agosto.

POLÍTICA15 JUL 2026

La jueza 22 penal del circuito de Medellín decretó este 14 de julio la nulidad de la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, dentro del proceso por el predio Aguas Vivas. La decisión cobija también a las otras 12 personas vinculadas al caso: nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares.

La razón de la anulación es demoledora para el ente acusador: según la jueza, la Fiscalía no logró evidenciar una "relación clara y sucinta" entre los hechos investigados y los delitos imputados. En palabras de la togada, refiriéndose al caso de la exsecretaria Karen Bibiana Delgado, la Fiscalía "no explicó con suficiencia cómo la conducta desplegada por la procesada se adecúa típicamente al delito endilgado, y es esta ausencia de detalle la que configura un déficit tan grave que afecta el derecho a la defensa de la imputada".

La crónica de una nulidad anunciada

La decisión no sorprende a quienes siguieron las audiencias de imputación de abril de 2025. Aquel proceso requirió tres jornadas maratónicas marcadas por suspensiones, recesos constantes de la fiscal Yarlesy Ximena Mena para consultar información básica del caso, y abogados defensores señalando una y otra vez que sus representados no entendían de qué se les acusaba. El juez de control de garantías llegó a pedirle a la fiscal que "volviera a hacer claridad en la imputación", una circunstancia inusual que ya entonces evidenciaba la fragilidad técnica de la acusación.

Lo que la defensa denunció en ese momento —una imputación sin hechos jurídicamente relevantes, armada con evasivas— es exactamente lo que ahora una jueza de la República confirmó con efectos jurídicos: la acusación era tan confusa que impidió a los procesados defenderse.

Quintero: "Me persiguieron para sacarme del camino a la Presidencia"

Tras conocerse la decisión, Quintero se pronunció en video con señalamientos directos: "Fico (Federico Gutiérrez) y la Fiscalía de Medellín me persiguieron para sacarme del camino a la Presidencia y dañar mi reputación".

El exalcalde volvió sobre el conflicto de interés que ha marcado este proceso desde el inicio: aseguró que el actual alcalde de Medellín "contrató a la fiscal seccional de Medellín" para perseguirlo a él y a sus exfuncionarios, en referencia a Yiri Milena Amado Sánchez, la exdirectora de Fiscalías de Medellín que lideró la investigación en su contra y que hoy trabaja como directora de despacho de Federico Gutiérrez.

"Pido a la fiscal general de la Nación que investigue a Fico y a su equipo por el caso Aguas Vivas, pero que también investigue a la Fiscalía de Medellín. Esto no puede quedar así", manifestó.

Quintero anunció además que solicitará medidas de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para él, su familia y su equipo: "Es evidente que el alcalde de Medellín y Abelardo de la Espriella (presidente electo), con sus amenazas, quieren sacarnos del camino. Han sido reiterativos".

El origen del caso sigue apuntando al despacho de Gutiérrez

La nulidad devuelve el foco a un hecho que ni siquiera los medios nacionales pueden ya omitir: el origen del caso se remonta al 27 de diciembre de 2019, durante la administración de Federico Gutiérrez. Ese día, la Alcaldía firmó la escritura pública con IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el ciudadano Juan Manuel Villegas para recibir el predio Aguas Vivas como compensación de obligaciones urbanísticas.

La evidencia documental conocida desde marzo de 2025 estableció la cronología incómoda para el actual alcalde: la valoración del predio en 44 mil millones de pesos fue certificada por su administración el 23 de julio de 2019; el contrato se firmó el 27 de diciembre de 2019, último día hábil de su primer mandato; y el Decreto 2502, que supuestamente daba sustento a la operación, se publicó el 31 de diciembre y solo entró en vigencia el 1 de enero de 2020, cuando Gutiérrez ya no era alcalde. Es decir, el negocio se ejecutó sobre un marco normativo que no existía al momento de la firma.

La tesis de la Fiscalía —que Quintero habría modificado ilegalmente el Plan de Ordenamiento Territorial al desarrollar el proyecto Valle del Software y beneficiado a terceros— fue precisamente la que la jueza consideró que nunca se explicó de manera comprensible. Mientras tanto, la administración Quintero fue la que terminó unilateralmente el contrato, evitó que se pagara un peso por el predio sobrevalorado y compulsó copias a la Fiscalía desde 2022, denuncias que el ente investigador nunca tramitó con el mismo entusiasmo que dedicó a imputar al denunciante.

La apelación: el caso no termina aquí

La Fiscalía y la Alcaldía de Medellín —cuya participación como "víctima" en el proceso fue cuestionada por la defensa precisamente por su vínculo directo con los hechos— anunciaron que presentarán recurso de apelación, el cual será sustentado el próximo 6 de agosto.

El desenlace de esa apelación definirá si el ente acusador tendrá que rehacer desde cero una imputación que ya colapsó dos veces: primero en las audiencias de abril de 2025, cuando no lograba articular los cargos, y ahora ante una jueza que declaró que ese desorden vulneró garantías fundamentales.

Un proceso que deja más preguntas sobre los acusadores que sobre los acusados

La anulación llega en un momento político cargado: Quintero, hoy superintendente nacional de Salud, mantiene sus aspiraciones presidenciales, y el proceso que buscaba frenarlo quedó jurídicamente en cero. Las preguntas que quedan sobre la mesa son las mismas que este caso arrastra desde el inicio: por qué la Fiscalía de Medellín imputó con semejante debilidad técnica a quien denunció las irregularidades desde 2022, por qué nunca investigó con igual rigor a quien firmó el contrato sin respaldo legal vigente, y qué hace la exfiscal que dirigió la investigación despachando hoy desde la oficina del alcalde que aparece en el centro de los hechos.

La justicia anuló la imputación. Lo que no se ha anulado es la evidencia documental que sigue apuntando en la dirección contraria a la que la Fiscalía de Medellín insistió en mirar.

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La jueza 22 penal del circuito de Medellín anuló la imputación contra Daniel Quintero y otras 12 personas al concluir que la Fiscalía nunca explicó con claridad los cargos, un déficit "tan grave" que vulneró el derecho a la defensa. La decisión valida las críticas al caótico proceso de abril de 2025 y llega mientras la Fiscalía y la Alcaldía de Gutiérrez anuncian apelación para el 6 de agosto.

15 jul 2026
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La jueza 22 penal del circuito de Medellín decretó este 14 de julio la nulidad de la imputación de cargos contra el exalcalde de Medellín y actual superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, dentro del proceso por el predio Aguas Vivas. La decisión cobija también a las otras 12 personas vinculadas al caso: nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares.

La razón de la anulación es demoledora para el ente acusador: según la jueza, la Fiscalía no logró evidenciar una "relación clara y sucinta" entre los hechos investigados y los delitos imputados. En palabras de la togada, refiriéndose al caso de la exsecretaria Karen Bibiana Delgado, la Fiscalía "no explicó con suficiencia cómo la conducta desplegada por la procesada se adecúa típicamente al delito endilgado, y es esta ausencia de detalle la que configura un déficit tan grave que afecta el derecho a la defensa de la imputada".

La crónica de una nulidad anunciada

La decisión no sorprende a quienes siguieron las audiencias de imputación de abril de 2025. Aquel proceso requirió tres jornadas maratónicas marcadas por suspensiones, recesos constantes de la fiscal Yarlesy Ximena Mena para consultar información básica del caso, y abogados defensores señalando una y otra vez que sus representados no entendían de qué se les acusaba. El juez de control de garantías llegó a pedirle a la fiscal que "volviera a hacer claridad en la imputación", una circunstancia inusual que ya entonces evidenciaba la fragilidad técnica de la acusación.

Lo que la defensa denunció en ese momento —una imputación sin hechos jurídicamente relevantes, armada con evasivas— es exactamente lo que ahora una jueza de la República confirmó con efectos jurídicos: la acusación era tan confusa que impidió a los procesados defenderse.

Quintero: "Me persiguieron para sacarme del camino a la Presidencia"

Tras conocerse la decisión, Quintero se pronunció en video con señalamientos directos: "Fico (Federico Gutiérrez) y la Fiscalía de Medellín me persiguieron para sacarme del camino a la Presidencia y dañar mi reputación".

El exalcalde volvió sobre el conflicto de interés que ha marcado este proceso desde el inicio: aseguró que el actual alcalde de Medellín "contrató a la fiscal seccional de Medellín" para perseguirlo a él y a sus exfuncionarios, en referencia a Yiri Milena Amado Sánchez, la exdirectora de Fiscalías de Medellín que lideró la investigación en su contra y que hoy trabaja como directora de despacho de Federico Gutiérrez.

"Pido a la fiscal general de la Nación que investigue a Fico y a su equipo por el caso Aguas Vivas, pero que también investigue a la Fiscalía de Medellín. Esto no puede quedar así", manifestó.

Quintero anunció además que solicitará medidas de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para él, su familia y su equipo: "Es evidente que el alcalde de Medellín y Abelardo de la Espriella (presidente electo), con sus amenazas, quieren sacarnos del camino. Han sido reiterativos".

El origen del caso sigue apuntando al despacho de Gutiérrez

La nulidad devuelve el foco a un hecho que ni siquiera los medios nacionales pueden ya omitir: el origen del caso se remonta al 27 de diciembre de 2019, durante la administración de Federico Gutiérrez. Ese día, la Alcaldía firmó la escritura pública con IDC Inversiones, Técnicas Constructivas y el ciudadano Juan Manuel Villegas para recibir el predio Aguas Vivas como compensación de obligaciones urbanísticas.

La evidencia documental conocida desde marzo de 2025 estableció la cronología incómoda para el actual alcalde: la valoración del predio en 44 mil millones de pesos fue certificada por su administración el 23 de julio de 2019; el contrato se firmó el 27 de diciembre de 2019, último día hábil de su primer mandato; y el Decreto 2502, que supuestamente daba sustento a la operación, se publicó el 31 de diciembre y solo entró en vigencia el 1 de enero de 2020, cuando Gutiérrez ya no era alcalde. Es decir, el negocio se ejecutó sobre un marco normativo que no existía al momento de la firma.

La tesis de la Fiscalía —que Quintero habría modificado ilegalmente el Plan de Ordenamiento Territorial al desarrollar el proyecto Valle del Software y beneficiado a terceros— fue precisamente la que la jueza consideró que nunca se explicó de manera comprensible. Mientras tanto, la administración Quintero fue la que terminó unilateralmente el contrato, evitó que se pagara un peso por el predio sobrevalorado y compulsó copias a la Fiscalía desde 2022, denuncias que el ente investigador nunca tramitó con el mismo entusiasmo que dedicó a imputar al denunciante.

La apelación: el caso no termina aquí

La Fiscalía y la Alcaldía de Medellín —cuya participación como "víctima" en el proceso fue cuestionada por la defensa precisamente por su vínculo directo con los hechos— anunciaron que presentarán recurso de apelación, el cual será sustentado el próximo 6 de agosto.

El desenlace de esa apelación definirá si el ente acusador tendrá que rehacer desde cero una imputación que ya colapsó dos veces: primero en las audiencias de abril de 2025, cuando no lograba articular los cargos, y ahora ante una jueza que declaró que ese desorden vulneró garantías fundamentales.

Un proceso que deja más preguntas sobre los acusadores que sobre los acusados

La anulación llega en un momento político cargado: Quintero, hoy superintendente nacional de Salud, mantiene sus aspiraciones presidenciales, y el proceso que buscaba frenarlo quedó jurídicamente en cero. Las preguntas que quedan sobre la mesa son las mismas que este caso arrastra desde el inicio: por qué la Fiscalía de Medellín imputó con semejante debilidad técnica a quien denunció las irregularidades desde 2022, por qué nunca investigó con igual rigor a quien firmó el contrato sin respaldo legal vigente, y qué hace la exfiscal que dirigió la investigación despachando hoy desde la oficina del alcalde que aparece en el centro de los hechos.

La justicia anuló la imputación. Lo que no se ha anulado es la evidencia documental que sigue apuntando en la dirección contraria a la que la Fiscalía de Medellín insistió en mirar.

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