Los enfrentamientos entre los resguardos indígenas Guambía (Misak) y Pitayó (Nasa) en el municipio de Silvia, departamento del Cauca, han dejado seis personas muertas y alrededor de cien heridas, según confirmó el gobernador del Cauca. La violencia escaló cuando los combatientes pasaron de usar piedras y palos a disparar armas de fuego, según reportes de las autoridades locales.

El conflicto tiene su origen en una decisión de la Autoridad Nacional de Tierras (ANT) que adjudicó la titularidad de aproximadamente 800 hectáreas a la comunidad Nasa. Los Misak consideran que esta área les corresponde por derecho ancestral y acusan a los Nasa de ocupar el sitio ilegalmente desde hace tres meses, según declaraciones de representantes de la comunidad Guambía.

Ante el recrudecimiento de la violencia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, autorizó la entrada de militares en la región para apaciguar los combates, según informó el Gobierno colombiano. La medida busca contener los enfrentamientos que se han intensificado en los últimos días.

El presidente Gustavo Petro ha convocado a una reunión entre las máximas autoridades de ambos pueblos, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti. "Ojalá que la cita con el presidente sirva para mitigar el dolor y parar, entonces, la violencia que está sucediendo", dijo Benedetti. La mesa de diálogo está prevista para celebrarse este lunes.

La vicepresidenta Francia Márquez, quien es caucana y lideresa afro, se ha ofrecido a mediar en el conflicto desde Nueva York. "No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias. Como pueblos hermanos, con memoria, con raíces y con derechos, me duele el alma ver lo que pasa en nuestro territorio", manifestó Márquez en una publicación en la red social X.

Los combates coinciden con una movilización de al menos 500 miembros de la comunidad Misak a Bogotá, donde se encuentran desde mediados de mayo. Su intención era reclamarle al Gobierno por la decisión de la ANT y pedir garantías sobre el territorio que consideran como propio, según explicaron voceros de la comunidad.

La ANT ya anticipaba en marzo que la resolución generaría tensiones. "No hay 'pueblos vencidos' ni 'pueblos vencedores', hay títulos coloniales válidos, resguardos formalizados y un deber institucional de la ANT de encontrar soluciones que respeten la normativa agraria", indicó la entidad en un comunicado. La ANT también aclaró que pese a la titularidad de los Nasa, no se podía "despojar" a los Misak que habitaran en esas tierras.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la calma y afirmó que "las diferencias no se deben resolver mediante confrontaciones". La entidad aseguró en un comunicado que ya ha formalizado una comisión humanitaria para ofrecerle atención médica a los heridos y levantar los cuerpos de los fallecidos.

Los Misak han anunciado que elevarán sus reclamos a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según declaraciones de sus representantes. Esta decisión refleja la profundidad del conflicto y la desconfianza en las soluciones institucionales nacionales.

El departamento del Cauca, ubicado en el suroccidente de Colombia, concentra una importante población indígena y ha sido históricamente escenario de conflictos territoriales y violencia. La disputa entre Misak y Nasa representa un desafío para el Gobierno de Petro, que ha prometido priorizar los derechos de las comunidades étnicas y la resolución pacífica de conflictos territoriales.

La situación pone de manifiesto las tensiones no resueltas sobre derechos territoriales ancestrales en Colombia, donde múltiples comunidades indígenas reclaman tierras basándose en ocupación histórica, mientras el Estado intenta mediar con criterios legales que no siempre coinciden con las concepciones tradicionales de propiedad. El desenlace de la reunión convocada por Petro será crucial para determinar si se puede alcanzar una solución negociada o si el conflicto continuará escalando.