El Partido Popular de Suiza (SVP/UDC), la primera fuerza en el Parlamento con cerca del 30% de los escaños, ha logrado llevar a referéndum una propuesta sin precedentes en Europa: limitar la población total del país a 10 millones de habitantes en el horizonte de 2050. La votación, prevista para el 14 de junio, plantea un experimento insólito en el continente mientras el debate sobre la inmigración recorre Europa y las fuerzas ultraderechistas crecen en paralelo atizando la discusión, según El País.

La población de Suiza es actualmente de 9,1 millones de habitantes, de los que algo más del 27% son extranjeros, según la fuente. De estos extranjeros, un 67% proceden de países de la Unión Europea, siendo Italia, Alemania, Portugal y Francia las nacionalidades más representadas. La propuesta del SVP pone así en la diana el acuerdo de libre circulación de personas con la UE, un pilar de la relación con Bruselas y del acceso suizo al mercado único sin ser miembro del club, según el medio.

Desde la entrada en vigor del acuerdo de libre circulación en 2002, la población en Suiza ha aumentado en unos 1,7 millones de personas, principalmente por la inmigración, con cerca de un millón procedentes de la Unión atraídos por una economía que no deja de buscarles para seguir creciendo, según El País. Los refugiados, principalmente de Afganistán, Eritrea, Siria y Turquía, solo suponen en torno al 12% de las entradas. Eso ha situado a Suiza entre los países del continente que más crecen, según la fuente.

El SVP, de marcado signo antiinmigración y de rechazo al acercamiento a la UE, sostiene que siempre han entrado "demasiados" extranjeros y peticionarios de asilo, y ha intentado con diversas iniciativas que se pongan límites, según el medio. La campaña de la derecha populista argumenta que una inmigración "descontrolada" obliga "a actuar de una vez por todas" poniendo un candado a las entradas.

La propuesta ha generado un amplio debate en el pequeño y rico país, donde el resto de partidos, patronales y sindicatos advierten de las consecuencias económicas y sociales de un cierre de puertas a la inmigración y de la posible ruptura con Bruselas, según El País. Los opositores han bautizado la iniciativa como "la iniciativa del caos", resume su eslogan.

Sin embargo, el PP suizo logra apoyo más allá de su base con argumentos apegados a la cotidianidad, como trenes y autopistas saturados, presión salarial, escasez de viviendas y "alquileres disparados", según la fuente. Incluso recurre a banderas ecológicas como la protección de la naturaleza, al bautizar su propuesta como "iniciativa de la sostenibilidad".

El copresidente de los socialistas suizos (SP), Cédric Wermuth, considera que parte del apoyo a la iniciativa surge "de un descontento, sin duda justificado, con respecto a la distribución de la riqueza y las oportunidades en la sociedad", según declaraciones recogidas por El País. "Pero no considero que la solución sea viable ni que quienes la proponen sean creíbles", añadió Wermuth.

El bando del no acusa al SVP de vender populismo y medias verdades, según el medio. No niega la necesidad de actuar en ámbitos donde la inmigración tensiona los recursos, como la vivienda, pero pone el acento en los peligros para la economía y servicios como la sanidad, donde abundan los trabajadores extranjeros, desde médicos a cuidadores, y de aislar al país frente a la UE.

"Hay que ser conscientes de que esto se produce en plena guerra económica, declarada por Donald Trump —y, por lo que a mí respecta, también de Putin― contra Europa, pero también específicamente contra Suiza, y que, en el mejor de los casos, nos veríamos envueltos en un conflicto de años con el socio comercial más importante y estable, que sigue siendo la UE", dijo Wermuth, según El País.

Esta perspectiva preocupa a las empresas, según la fuente. Los extranjeros suponen el 35% de la fuerza laboral, muchos con alta cualificación, y están representados en todos los sectores, de la industria, la ingeniería mecánica, la fabricación de relojes y la construcción, a la gastronomía y la sanidad, pasando por el sector servicios o personal investigador y docente en universidades.

La fuerza laboral extranjera es "de vital importancia" para el país, subrayó Rudolf Minsch, economista jefe de la patronal Economiesuisse, según declaraciones recogidas por el medio. "Suiza no podría ser el país número uno en innovación sin el personal cualificado extranjero. Además, es un privilegio contar con ellos. Suiza es uno de los pocos países del mundo capaz de motivar realmente a los mejores talentos para que trabajen aquí. Sin ellos, nos sería imposible mantener este estatus", aseguró Minsch.

Grandes empresas como la farmacéutica Roche, con unos 15.000 empleados, la mitad de ellos extranjeros, advierten de que un recorte de mano de obra migrante afectará a su posición en el negocio, según El País. "La aprobación de la iniciativa provocaría una gran incertidumbre", afirmó Minsch, y alejarse de los acuerdos bilaterales con Bruselas "acarrearía riesgos económicos considerables", según la fuente.

Wermuth añadió que habría incomprensión fuera porque Suiza adoptaría la medida "desde una posición de incomparable riqueza" y como uno de los "principales beneficiarios de la integración europea", según el medio. La Unión Europea es el principal socio comercial de Suiza ―con un PIB per cápita de unos 83.000 euros frente a la media europea de 41.600 en 2025― y es el destino del 50% de sus exportaciones, según El País.

Si triunfara la iniciativa, el Gobierno federal estaría obligado a adoptar medidas en cuanto la población alcance los 9,5 millones de personas, algo que, según escenarios oficiales, puede producirse ya en 2031, según la fuente. Los populares exigirán entonces restricciones al asilo y en la reunificación familiar. Pero esas medidas probablemente serían insuficientes.

A los 10 millones de habitantes, según las previsiones, se llegaría en torno a 2041, según El País. Si se supera la marca dos años, el Ejecutivo federal tendría que plantear la anulación de la libre circulación de personas con la UE, según la fuente.

Al final, será "decisivo" si los votantes creen "que con la solución propuesta se resuelven de verdad los problemas, que son reales para muchos", afirmó Fabio Wasserfallen, politólogo de la Universidad de Berna y cofundador de la encuestadora Leewas, según declaraciones recogidas por el medio. El último sondeo de Leewas augura un 52% de rechazo a la iniciativa, frente al 47% de apoyo.

Wasserfallen señaló que al día siguiente de la votación, no pasará aún nada, según El País. "Lo inteligente de esta iniciativa es que exige una consecuencia clara, pero esta se pospone para el futuro. Está totalmente claro que, si las cosas siguen así, habría que abandonar la libre circulación de personas con la UE en su forma actual. Pero, en realidad, se está posponiendo y, por eso, la situación de partida resulta un poco difusa", apuntó Wasserfallen, según la fuente.

Si algo ha quedado claro es que el debate mueve o preocupa a muchos suizos y, aunque se rechace la propuesta, "no quedará zanjado", añadió el politólogo, y para la política quedará "la pregunta de qué se puede hacer al respecto", según El País. Para Minsch, "hay que tomarse en serio esa llamada de auxilio de la población", según la fuente.

El contexto europeo muestra que el debate en torno a la inmigración recorre desde hace años el continente y alumbra medidas cada vez más restrictivas, según el medio. La UE recurre al endurecimiento de las reglas en un pacto migratorio que ahora también bendice centros de deportación fuera de sus fronteras. Países como Canadá o Australia aplican un sistema de puntos para escoger a trabajadores extranjeros, el Reino Unido exige visados y en el Estados Unidos de Donald Trump se han impuesto la persecución al inmigrante y la deportación, según El País.

Suiza combina la entrada de ciudadanos comunitarios por la vía de la libre circulación de personas acordada con la UE ―el país no forma parte de la Unión― con contingentes para trabajadores cualificados de terceros países, según la fuente. La propuesta del SVP representa un experimento sin precedentes que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Suiza y la Unión Europea, con implicaciones económicas y políticas que trascienden las fronteras del pequeño país alpino.