La Corte de Distrito de Columbia deberá decidir ahora sobre la admisibilidad de la ejecución forzosa, según informó El País. De ser aceptada, Telefónica podría solicitar el embargo de activos o cuentas del Estado colombiano en territorio estadounidense para satisfacer la deuda, que con intereses acumulados se estima entre 450 y 500 millones de dólares (entre 344 y 430 millones de euros), según las mismas fuentes.

La multinacional española, asesorada por la firma jurídica White & Case, fundamenta su petición en el vencimiento de la suspensión temporal del cobro, según el diario español. A principios de 2026, el comité del CIADI había condicionado la paralización del pago a la entrega de una garantía bancaria internacional por parte de Colombia mientras se resolvía un recurso de anulación, pero el Estado colombiano no procedió con la emisión de dicho instrumento financiero dentro de los plazos establecidos.

**Incapacidad presupuestaria de Colombia**

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) confirmó a medios locales en Bogotá que la administración no pudo cumplir con la exigencia del tribunal internacional, según reportó El País. Según declaraciones de la entidad, el presupuesto nacional de 2026 no contaba con los recursos disponibles para respaldar una fianza de tal magnitud. Esta incapacidad financiera dejó sin efecto la protección legal que impedía a Telefónica reclamar los fondos de manera inmediata en jurisdicciones internacionales.

Analistas del sector indican que la falta de liquidez presupuestaria para cubrir la garantía bancaria ha sido interpretada por los mercados como una señal de tensión fiscal en Colombia, lo que añade presión a la calificación de riesgo del país mientras enfrenta múltiples frentes legales en cortes internacionales, según El País.

**Origen del conflicto: la reversión de activos**

El origen del conflicto se remonta a 2017, cuando un tribunal de arbitramento nacional en Colombia determinó que las operadoras Telefónica (Movistar) y Claro debían pagar sumas millonarias bajo el concepto de reversión de activos, según la fuente. Dicha cláusula, contenida en los contratos de concesión de telefonía móvil de 1994, estipulaba que la infraestructura de redes y antenas debía retornar al Estado al finalizar el periodo contractual.

Telefónica desembolsó en ese momento aproximadamente 380 millones de dólares al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para dar cumplimiento al fallo local, según El País.

Tras el pago, la compañía española inició un proceso de arbitraje internacional alegando una violación al Tratado de Libre Comercio (TLC) y al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre España y Colombia, según la misma fuente. La demandante argumentó que la interpretación de la reversión de activos constituyó un trato injusto e inequitativo.

En noviembre de 2024, el CIADI dio la razón a la operadora, ordenando al Estado colombiano la devolución del monto principal más intereses compuestos del 5% anual, según informó el diario español.

**Batalla legal en dos frentes**

Mientras Telefónica avanza en Washington, la defensa de Colombia mantiene una estrategia de oposición en Europa, según El País. Representantes de la ANDJE asistieron los días 3 y 4 de junio a audiencias en París ante un comité ad hoc del CIADI. El objetivo de la representación colombiana es obtener la anulación total del fallo de 2024, calificando la decisión previa de contradictoria con respecto a otros litigios internacionales ganados por la nación en años recientes, según la fuente.

El litigio ha adquirido una dimensión política bajo la administración del presidente Gustavo Petro, según reportó El País. El mandatario ha expresado públicamente su desacuerdo con los mecanismos de arbitraje internacional. Petro ha respaldado posicionamientos de economistas internacionales como Thomas Piketty y Joseph Stiglitz, quienes han sugerido la salida de Colombia del CIADI, según la misma fuente.

Asimismo, el Gobierno ha manifestado su intención de renegociar las cláusulas de protección de inversiones en los tratados de libre comercio vigentes con la Unión Europea y Estados Unidos, argumentando que estos mecanismos limitan la soberanía nacional, según El País.

**Salida de Telefónica del mercado colombiano**

En paralelo a la disputa jurídica, Telefónica se encuentra en la fase final de su reestructuración operativa en el mercado colombiano, según la fuente. En febrero de este año, la empresa notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España la venta de sus participaciones en Colombia Telecomunicaciones (Coltel) al grupo luxemburgués Millicom, matriz de Tigo. La transacción, valorada en 214 millones de dólares, está proyectada para concluir durante el primer semestre de 2026, según El País.

Analistas del sector indican que la demanda en Estados Unidos busca asegurar el activo financiero derivado del laudo antes de que la compañía formalice su salida definitiva del país, según la misma fuente.

**Implicaciones futuras**

El caso representa un punto de inflexión en las relaciones entre inversores extranjeros y el Estado colombiano. La decisión de la Corte de Distrito de Columbia podría sentar un precedente sobre la capacidad de ejecución de laudos del CIADI en jurisdicciones estadounidenses cuando los países demandados no cumplen con las garantías exigidas.

Para Colombia, el desenlace del litigio en París será crucial. Una confirmación del laudo del CIADI no solo obligaría al país a desembolsar una suma millonaria en un contexto de restricciones fiscales, sino que también podría afectar su posición en futuras negociaciones comerciales y de inversión.

Para Telefónica, la estrategia de ejecutar el laudo en Estados Unidos mientras completa su salida del mercado colombiano refleja una decisión empresarial de cerrar definitivamente su capítulo en el país andino con el máximo retorno financiero posible. La compañía busca recuperar los 380 millones de dólares pagados en 2017 más los intereses acumulados, en un momento en que su presencia operativa en Colombia está llegando a su fin con la venta a Millicom.