El tribunal de Salzburgo confirmó en junio una multa de 100 euros (85 libras esterlinas) impuesta al hotel por discriminación, además de ordenar el pago de 20 euros adicionales en costos procesales, según informó Agence France-Presse. La decisión judicial rechazó la apelación presentada por el gerente del establecimiento tras la sanción inicial impuesta por las autoridades locales en febrero.

El caso se originó el año pasado cuando dos mujeres musulmanas austríacas presentaron una denuncia después de que el gerente del hotel les impidiera usar burkini en las instalaciones. Durante una acalorada discusión, el responsable del establecimiento argumentó que la prenda de baño de cuerpo completo era antihigiénica y hacía sentir incómodos a otros huéspedes, según el tribunal.

El tribunal desestimó categóricamente el argumento de higiene presentado por el gerente. "No se sostiene, ya que los burkinis están hechos de los mismos materiales que otros trajes de baño y los controles rutinarios del agua no encontraron irregularidades", determinó la sentencia, según reportó The Guardian.

Sin embargo, el juez presidente aclaró a Agence France-Presse que el fallo no establecerá un precedente a nivel nacional "ya que la discriminación indirecta es permisible bajo ciertas condiciones". Esta precisión sugiere que casos similares podrían resolverse de manera diferente dependiendo de las circunstancias específicas.

El burkini, traje de baño que cubre todo el cuerpo excepto el rostro, las manos y los pies, no viola la legislación austríaca vigente. Austria no restringe explícitamente la vestimenta musulmana para mujeres y niñas mayores de 14 años, aunque la ley prohíbe cubrirse el rostro en espacios públicos, lo que en la práctica impide a las mujeres musulmanas usar burqa y niqab, según la fuente.

La prenda de baño se ha convertido en un tema políticamente explosivo en varios países europeos, particularmente en Francia. En 2016, intentos de alcaldes locales del sur de Francia de prohibir el burkini en playas mediterráneas fueron finalmente anulados por los tribunales, según The Guardian. Varios otros países europeos, incluidos los Países Bajos y Dinamarca, han prohibido el burqa y el niqab que cubren el rostro.

El fallo llega en un momento de particular sensibilidad política en Austria, donde la extrema derecha está en ascenso. El burkini usado por algunas mujeres musulmanas se ha convertido en un punto de conflicto para la extrema derecha europea, que ha hecho campaña para restringir la vestimenta musulmana en espacios públicos, según la fuente.

La decisión judicial establece que los establecimientos privados no pueden prohibir arbitrariamente prendas de vestimenta religiosa basándose en argumentos de higiene sin fundamento o en la supuesta incomodidad de otros clientes. El tribunal determinó que tales restricciones constituyen discriminación cuando no existe una justificación objetiva y verificable.

El caso ilustra las tensiones persistentes en Europa sobre la integración de comunidades musulmanas y los límites de la libertad religiosa frente a normas sociales y comerciales. Mientras algunos sectores políticos abogan por restricciones más amplias a la vestimenta religiosa musulmana, los tribunales han tendido a proteger estos derechos cuando no existe una razón legal clara para limitarlos.

La multa de 100 euros impuesta al hotel, aunque modesta en términos económicos, establece un principio legal importante sobre los límites de las políticas discriminatorias en establecimientos comerciales austríacos. La decisión del tribunal de rechazar la apelación refuerza la posición de las autoridades locales que inicialmente sancionaron al establecimiento.

El fallo también subraya la complejidad del marco legal europeo sobre vestimenta religiosa, donde las regulaciones varían significativamente entre países y donde los tribunales juegan un papel crucial en definir los límites entre libertad religiosa, normas comerciales y políticas públicas. La aclaración del juez sobre que la discriminación indirecta puede ser permisible bajo ciertas condiciones deja abierta la puerta a futuros debates legales sobre cuándo y cómo los establecimientos pueden imponer restricciones de vestimenta.