La Unión Europea ha finalizado un elemento clave de su sistema reformado de asilo y migración con una regulación que otorga poderes sin precedentes a las autoridades nacionales para ejecutar deportaciones, según confirmaron las principales instituciones del bloque.

El texto acordado en conversaciones tripartitas entre el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea permitirá el registro de hogares de personas "u otras instalaciones relevantes" y la incautación de pertenencias personales para garantizar el cumplimiento de órdenes de deportación, según las fuentes.

Las personas que enfrenten una orden de deportación y sean consideradas no cooperativas o un riesgo de fuga podrán ser detenidas hasta dos años, extensibles a 30 meses, en comparación con el período de detención de 18 meses bajo la ley existente, según el acuerdo. Quienes se nieguen a cumplir con una orden de deportación podrían ver recortados sus beneficios u otras asignaciones.

La regulación también habilitará la creación de centros de retorno extraterritoriales, instalaciones fuera de la UE donde personas indocumentadas serían retenidas por períodos no especificados, pendientes de retorno a su país de origen, según las fuentes. Varios países de la UE mantienen conversaciones con naciones, principalmente en África, para crear estos centros de retorno, aunque no se han anunciado acuerdos.

La detención estará permitida para menores no acompañados y familias con niños, "como medida de último recurso" y "por el período apropiado más corto teniendo en cuenta el interés superior del niño", según un comunicado de prensa del Parlamento Europeo.

Las personas consideradas un riesgo de seguridad podrían enfrentar una prohibición de por vida para ingresar a la UE, en comparación con la prohibición máxima actual de 10 años, según las fuentes.

La UE espera que las medidas aumenten las deportaciones de personas a quienes se les negó el derecho de asilo, aquellas que han excedido su visa o no tienen derechos de residencia. Actualmente solo alrededor del 20% de las personas sin derecho a permanecer en la UE son devueltas exitosamente a sus países de origen, según las fuentes.

Magnus Brunner, comisionado europeo de migración que redactó las propuestas originales, celebró la ley como un paso importante en la gestión migratoria del bloque. "Con las nuevas reglas, tenemos más control sobre quién puede venir a la UE, quién puede quedarse y quién necesita irse", dijo Brunner según las fuentes.

Las críticas no se hicieron esperar. Mélissa Camara, eurodiputada del grupo Verde, dijo que el texto "debilita los derechos procesales, extiende los períodos de detención y respalda las prácticas del ICE al permitir a las autoridades realizar redadas domiciliarias", según las fuentes.

Silvia Carta, oficial de defensa en la Plataforma para la Cooperación sobre Migrantes Indocumentados con sede en Bruselas, dijo que la ley "expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia, desde encerrar a personas en detención migratoria hasta 30 meses hasta separar familias y enviar personas a países que ni siquiera conocen", según las fuentes.

Carta añadió: "Al otro lado del Atlántico, vemos la violencia y el miedo creados por la brutal aplicación de la ley de inmigración del ICE. Europa debería estar aprendiendo de los daños de ese modelo, no construyendo su propia versión", según las fuentes.

El acuerdo se hizo posible después de que el Partido Popular Europeo de centro-derecha votara con grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo en marzo para impulsar medidas más estrictas sobre el retorno de personas indocumentadas, según las fuentes. Antes de que el parlamento se desplazara hacia la derecha en las elecciones europeas de 2024, tradicionalmente había actuado como un freno a los instintos más duros de los estados miembros de la UE.

Regina Doherty, eurodiputada irlandesa del EPP por Dublín, dio la bienvenida al acuerdo: "Este acuerdo no se trata de personas que han venido a Europa legalmente, aquellas que están trabajando, estudiando o contribuyendo a nuestras comunidades, ni se trata de personas a quienes se les ha otorgado protección internacional. Se trata de crear un sistema europeo común para tratar casos donde una persona ha pasado por el proceso legal y se ha determinado que no tiene derecho a permanecer", dijo Doherty según las fuentes.

Doherty afirmó que hay "demasiada desinformación" sobre la migración, con temas complejos reducidos "a consignas, indignación y afirmaciones falsas", según las fuentes.

La ley sobre retornos, que será aprobada formalmente por el Consejo de la UE y el parlamento, culmina una extensa reforma de los procedimientos de asilo y migración, lanzada en 2020 en un esfuerzo por evitar una repetición de la crisis migratoria de 2015, cuando 1,3 millones de personas, muchas de Siria y Afganistán devastadas por la guerra, buscaron refugio en Europa, según las fuentes.

La comparación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha sido central en el debate. Bajo la segunda presidencia de Trump, el ICE ha emprendido una represión dura y violenta de migrantes indocumentados, según las fuentes, un modelo que críticos acusan a la UE de replicar.

La nueva regulación representa un cambio significativo en la política migratoria europea, otorgando a las autoridades nacionales herramientas de aplicación más agresivas y ampliando sustancialmente los períodos de detención permitidos. El debate sobre su implementación y sus consecuencias humanitarias continuará mientras la ley avanza hacia su aprobación final en las instituciones europeas.