La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que marca un giro radical en la política energética del país, según reportó El País. La reforma está diseñada para abrir el sector eléctrico al capital privado mediante un régimen de concesiones de largo plazo, poniendo fin a dos décadas de monopolio estatal que han coincidido con el colapso del sistema eléctrico nacional.

El proyecto fue aprobado con los votos de la bancada chavista y también contó con el respaldo de la oposición, según la fuente. Aún falta que el parlamento apruebe definitivamente el texto en una segunda discusión plenaria en los próximos días.

Las reformas planteadas permiten la inversión privada en todas las cadenas del servicio eléctrico, además de fomentar los esquemas mixtos de trabajo, según El País. Asimismo, implicarán una revisión del esquema de tarifas y el fin de los prolongados subsidios que se han hecho muy comunes en estos años, con miras a obtener utilidades netas en la gestión de la empresa. También está planteada la descentralización operativa de la estatal Corpoelec.

Esta iniciativa del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en el parlamento se enmarca en el proceso de ajustes institucionales, económicos, operativos, legales y políticos que ha venido implementando Venezuela desde que Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, tras la incursión de Estados Unidos en Caracas para sacar a Nicolás Maduro del poder, según la fuente.

**Dos décadas de crisis eléctrica**

La crisis eléctrica venezolana lleva ya 20 años agobiando la vida de los venezolanos, casi el mismo tiempo que tiene la creación de Corpoelec por decreto, por decisión de Hugo Chávez en 2007, según El País. El sistema eléctrico nacional, que funcionaba bajo un sistema mixto y regionalizado y llevaba décadas creciendo con normalidad, comenzó a dar señales de agotamiento por la falta de mantenimiento y las dificultades para nuevas inversiones a comienzos de este siglo.

Dos apagones nacionales de horas de duración, en los años 2006 y 2007, dieron las primeras señales de alerta, según la fuente. Los problemas eléctricos dieron entonces un argumento adicional a Chávez para desmantelar el esquema privado-mixto vigente, en línea con sus postulados políticos anticapitalistas.

A comienzos de 2007, recién elegido por segunda vez como presidente, Chávez anunció la estatización de la Electricidad de Caracas, una de las empresas de capital nacional más antiguas del país, que administraba de manera óptima este servicio desde finales del siglo XIX, según El País. Ese año también creó Corpoelec, y, en cadena nacional, sostuvo: "Todavía hay gente acá que le dice a uno que el sector privado es más eficiente, que yo espanto las inversiones, que si estatizamos el servicio eléctrico se pueden agravar los apagones. ¿A mí me van a venir con ese cuento?", según la fuente.

**El colapso del sistema**

En 2009, dos años después, Venezuela lidió con una severa sequía alimentada por el fenómeno de El Niño y el país entró en una rutina de racionamiento del servicio eléctrico de la que no se ha vuelto a recuperar, según El País. La central hidroeléctrica del Guri, que generaba casi toda la energía eléctrica nacional, estaba en cotas críticas a causa de la falta de lluvias. Ese escenario se juntó con enormes problemas en la distribución, por la falta de mantenimiento en la red.

En 2010, el gobierno de Hugo Chávez publicó el Decreto de Emergencia Eléctrica, que imponía severos castigos a las empresas que incumplieran el racionamiento y fomentaba un programa de compras directas de plantas termoeléctricas y piezas de repuesto, según la fuente. También ordenó la adquisición y fabricación de bombillos ahorradores, una solución que le había recomendado Fidel Castro.

Las disposiciones de Chávez, que imponía celeridad en su implementación y se irritaba por las demoras derivadas de la burocracia, masificaron las compras fraudulentas, las sobrefacturaciones y la adquisición de repuestos usados o inservibles por parte de funcionarios civiles y militares, según El País.

Uno de los escándalos más conocidos fue el de Derwick, empresa fundada por los empresarios Alejandro Betancourt y Francisco Convit, que recibió más de 2.000 millones de dólares en adjudicaciones directas para ejecutar una compra de equipos obsoletos y sobrefacturados, que agravó el problema en lugar de aliviarlo, según la fuente. Buena parte del dinero adjudicado por el Ejecutivo a Derwick terminó en cuentas privadas internacionales, de acuerdo con los informes de Transparencia Internacional Venezuela, según El País.

**Apagones y colapso generalizado**

En 2013, ya fallecido Hugo Chávez, ocurrió el primer gran apagón nacional, que dejó al 80% del país sin luz durante más de un día, según la fuente. Nicolás Maduro, presidente en funciones, formalizó entonces el Programa de Administración de Cargas, un eufemismo diseñado para convertir la falta de luz en una circunstancia permanente, según El País. Estos racionamientos siempre excluyeron de manera expresa a la ciudad de Caracas, considerada por el régimen una pieza clave en la gobernabilidad del país.

Entre 2018 y 2019, técnicos y trabajadores de Corpoelec salieron a la calle a protestar contra el manejo de la empresa, denunciando la corrupción de funcionarios y lanzando continuas advertencias sobre el advenimiento de un colapso total en la prestación del servicio, según la fuente.

En marzo de 2019 llegó el gran apagón nacional de seis días, el más largo de la historia de Venezuela, que produjo un colapso generalizado de los servicios de agua, telecomunicaciones y salud, generalizó la indignación y avivó las protestas antigubernamentales en las calles, según El País. El entonces ministro de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, informó entonces a nombre del Ejecutivo que la falla era producto "de un ataque internacional" orquestado por los servicios de espionaje estadounidenses para debilitar a la revolución bolivariana, según la fuente.

**Impacto económico y situación actual**

Todavía hoy, las dificultades estructurales del servicio eléctrico plantean serios "cuellos de botella" para la recuperación definitiva de la industria petrolera, gasífera y siderúrgica nacional, y, de acuerdo con los expertos, suponen un techo que frena cualquier programa de crecimiento económico en el país, según El País.

Venezuela fue uno de los primeros países sudamericanos en electrificar completamente su territorio en el siglo XX que, luego de la consolidación del sistema hidroeléctrico de Macagua, que incluye a la represa del Guri y otras algo más pequeñas, fue junto a Brasil uno de los grandes productores de energía eléctrica de América Latina hasta los años 80, según la fuente.

En contraste, en el occidente de Venezuela, especialmente en la región Zuliana y en los Andes, hoy se producen cortes de luz de hasta ocho horas diarias, según El País. En las zonas llaneras, pueden durar cinco horas. Solo en Caracas, Guayana y el oriente del país, la situación del servicio es algo más estable y predecible, según la fuente.

La reforma aprobada representa un reconocimiento implícito del fracaso del modelo estatista implementado por Hugo Chávez hace casi dos décadas. Durante los 15 años en que el servicio ha estado exclusivamente en manos de Corpoelec, se concretó el hundimiento del sistema eléctrico nacional, según El País. La apertura al capital privado busca atraer las inversiones necesarias para reconstruir un sistema que pasó de ser uno de los más avanzados de América Latina a uno de los más precarios del continente.

El régimen continúa adelantando una reinterpretación de todos sus lineamientos en el ejercicio del Gobierno y buscando zonas de oxígeno, con la ayuda del capital privado, según la fuente. La aprobación definitiva de la reforma en segunda discusión será un indicador clave de si Venezuela está dispuesta a abandonar definitivamente el monopolio estatal en un sector que ha sido emblemático de la política chavista durante dos décadas.