El balance de víctimas y daños presentado por Rodríguez en una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales refleja la magnitud del desastre. Además de los fallecidos, hay 16.740 personas heridas, de las cuales el 91% ya ha sido dado de alta según el funcionario. Aproximadamente 17.000 personas han quedado sin viviendas como consecuencia de los terremotos.

Rodríguez rechazó proporcionar cifras de desaparecidos, argumentando que hacerlo implicaría "hablar de una especulación y no de la realidad". Sin embargo, confirmó que la fase de rescate aún no ha finalizado. "Mientras haya vida hay esperanza, todavía mantenemos uno a dos sitios activos de búsqueda de vida con rescatistas internacionales con equipos especializados, y esto ha venido acompañado del proceso de remoción de escombros", precisó el funcionario.

El proceso de búsqueda y remoción de escombros se realiza de forma deliberadamente lenta para evitar daños adicionales. "No se pueden meter máquinas de gran calado porque nos podemos llevar una vida y porque los familiares también quieren rescatar los cuerpos de sus seres queridos, porque eso es parte del duelo", explicó Rodríguez.

Respecto a la identificación de cuerpos, el funcionario dijo desconocer casos de cadáveres reconocidos por familiares en fotografías de la morgue que posteriormente no hayan sido entregados para inhumación. Indicó que los desaparecidos pueden ser reportados a través del Sistema Patria, el mecanismo mediante el cual el Gobierno distribuye bonificaciones para ciertos sectores de la población.

El Gobierno se ha fijado como objetivo reubicar a las familias afectadas en viviendas nuevas, transitorias o de alquiler antes del inicio de clases, previsto entre septiembre y octubre. La próxima semana entregarán las primeras 200 casas a familias que actualmente residen en campamentos transitorios instalados en escuelas.

En sobrevuelos en helicóptero, el Gobierno ha identificado 40 terrenos en La Guaira donde se construirán viviendas como parte de un plan maestro de reconstrucción de la zona. Estos terrenos, que suman 584.000 metros cuadrados, están ubicados en zonas devastadas como Catia La Mara y Caraballeda, así como en áreas más alejadas como Naiguatá, Osma y La Sabana, al este del litoral central. Rodríguez enfatizó que no se construirán edificios de más de cuatro pisos de altura. "La Guaira debe ser reconstruida para hacer ciudades mejores a las que teníamos, que generen seguridad y urbanismo", señaló.

Este fin de semana se inició un censo en los refugios para identificar a todas las familias que requieren vivienda. "En los campamentos se van a capturar las huellas de cada persona para este registro y también para temas médicos, laborales y para que reciban la bonificación especial aprobada por la presidenta", explicó Rodríguez. El registro incluirá un código QR que servirá como identificación para la asignación de vivienda, medida diseñada para evitar que las personas abandonen los campamentos por temor a perder la oportunidad de recibir una casa.

El Parlamento, que no ha sesionado durante dos semanas debido a la emergencia, tiene pendiente reformar la ley de alquileres vigente, que Rodríguez calificó como "regresiva". El funcionario señaló que existen aproximadamente 200.000 viviendas desocupadas que podrían alquilarse, pero los propietarios se abstienen de hacerlo por desconfianza. Esta desconfianza proviene de años de expropiaciones sin indemnización y ocupaciones ilegales que el Gobierno anterior utilizó para atender crisis habitacionales derivadas de emergencias naturales.

Como parte de la estrategia de reactivación del mercado inmobiliario, Rodríguez aseguró que el Gobierno comprará viviendas de segunda mano y que la banca pública y privada ofrecerá créditos de hasta 80% de financiamiento para facilitar el acceso a vivienda.

La crisis humanitaria se superpone a una crisis política. Delcy Rodríguez, hermana del presidente de la Asamblea Nacional y presidenta encargada de Venezuela, ha superado los 180 días en el cargo, el máximo constitucional permitido para una ausencia presidencial. Fue designada el 3 de enero tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses. El Tribunal Supremo de Justicia clasificó la salida de Maduro como "ausencia forzosa", una categoría no establecida en la Constitución, que solo contempla faltas absolutas o temporales, para autorizar el interinato de quien era su vicepresidenta.

Antes de los terremotos, Washington había impulsado negociaciones mediante el envío de Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional en 2015, como una tercera vía opositora. Esta decisión fue interpretada como un nuevo desaire de Donald Trump hacia la líder opositora María Corina Machado. Figuera visitó el país para iniciar la renovación del Consejo Nacional Electoral, pero estas gestiones han quedado en suspenso.

Cuando se le preguntó sobre estos asuntos políticos, Rodríguez confirmó que no están en sus prioridades inmediatas. "Nosotros no estamos en condición de parar nada que se esté avanzando o no. Lo que no tenemos es cabeza para estarnos preocupando por el TSJ o las elecciones. Nos estamos preocupando por las personas que han vivido lo indecible, es un irrespeto y es hasta una grosería reunirse entre políticos para decidir quién va para el CNE. Hay tiempo para eso", afirmó el funcionario.