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Abogados defensores de derechos humanos enfrentan persecución sistemática en regímenes autoritarios

La abogada iraní de derechos humanos Nasrin Sotoudeh fue arrestada el 1 de abril de 2026 por el Ministerio de Inteligencia de Irán, en medio de una intensificación de la represión contra disidentes. El arresto de Sotoudeh, quien ha pasado su carrera defendiendo prisioneros políticos y activistas de derechos de las mujeres, ejemplifica una tendencia global de persecución contra abogados que desafían regímenes autoritarios, según un análisis publicado por la revista Time.

INTERNACIONAL8 MAY 2026

Nasrin Sotoudeh, de 62 años, fue detenida en la madrugada del 1 de abril de 2026 por funcionarios del Ministerio de Inteligencia de Irán, según reportó Time. El arresto ocurrió en el contexto de la guerra en curso en Irán y mientras la República Islámica intensifica su represión contra disidentes internos.

Esta no es la primera vez que Sotoudeh es encarcelada. Desde 2010, la abogada ha sido arrestada en numerosas ocasiones y sometida a confinamiento solitario prolongado, según Time. Previamente fue sentenciada a aproximadamente 38 años de prisión, 148 latigazos y una prohibición de 20 años para ejercer la abogacía. La presión pública y el deterioro de su salud llevaron a liberaciones y permisos temporales en el pasado.

Sin embargo, en un sistema donde la tortura es endémica y las ejecuciones están aumentando rápidamente, las apuestas para Sotoudeh son más altas que nunca, según el análisis. Este arresto reciente no solo representa una privación de su libertad, sino potencialmente de su vida.

**Patrón global de persecución**

Los abogados están bajo ataque a nivel mundial, según Time. Los autoritarios están abusando del sistema legal para perseguir y procesar a sus oponentes, con una lista aparentemente cada vez mayor de cargos inventados y juicios simulados. A medida que los disidentes son detenidos, los periodistas encarcelados y la libertad de expresión extinguida, los abogados son a menudo la última línea de defensa. Debido a esto, los abogados se han convertido ahora en el objetivo, transformados de consejeros a acusados, y de constitucionalistas a criminales.

En la lucha contra el autoritarismo, puede parecer inútil confiar en sistemas de justicia rotos y corruptos para beneficiar a los ciudadanos. Sin embargo, el coraje y la determinación de los abogados que insisten en la aplicación adecuada de la ley, incluso en regímenes corruptos y dictatoriales, representan su propia forma de disidencia poderosa, según el análisis. Al atacar a los abogados, los autoritarios revelan un miedo profundo de que los juicios justos y el estado de derecho amenacen su poder.

Como escribió el disidente checo convertido en estadista Václav Havel en "El poder de los sin poder", "exigir que se cumplan las leyes es así un acto de vivir dentro de la verdad que amenaza toda la estructura mendaz en su punto de máxima mendacidad", según cita Time. El "ritual" vacío de la ley es esencial para que un déspota mantenga la fachada de justicia en un régimen autoritario. Al aprovechar este ritual y exigir el cumplimiento genuino de estas protecciones y procedimientos legales huecos, los abogados valientes exponen a los regímenes despóticos por lo que son, para que todos lo vean.

**El caso de Rusia**

En Rusia, Vladimir Putin ha utilizado durante mucho tiempo el "ritual de la ley" para dar la apariencia de un sistema legal libre y justo, permitiendo a los abogados defender a sus críticos más vocales incluso cuando no hay esperanza de un resultado justo, según Time. La captura del poder judicial ruso ha sido un proceso largo e intencional que resulta en tribunales que frecuentemente no proporcionan nada más que "justicia telefónica", mediante la cual los jueces hacen las órdenes de funcionarios estatales que simplemente llaman para indicar su resultado preferido.

Recientemente, sin embargo, el Kremlin ha reprimido a cualquier abogado que tome estos casos, culminando en el exilio y arrestos de los abogados más capaces y valientes de Rusia, según el análisis.

El procesamiento de los ex abogados de Alexei Navalny —Vadim Kobzev, Alexei Liptser e Igor Sergunin— demuestra los esfuerzos continuos del Kremlin para eliminar la representación genuina en el sistema legal, según Time. Los abogados de Navalny lo representaron en el período previo a su muerte en una colonia penal remota en el Círculo Ártico. Fueron arrestados en octubre de 2023 bajo cargos arbitrarios de "extremismo". Después de su arresto, las condiciones de prisión ya severas de Navalny empeoraron significativamente, y su aislamiento del mundo exterior se volvió más severo, hasta que finalmente fue asesinado mediante envenenamiento.

Al atacar a los abogados, Putin eliminó a uno de sus oponentes políticos más conocidos, según el análisis. Otro de los adversarios pro-democracia más conocidos de Putin, el líder de la oposición Vladimir Kara-Murza, vio a su abogado, Vadim Prokhorov, obligado al exilio bajo amenaza de procesamiento al final del juicio simulado de Kara-Murza. Otros abogados de derechos humanos han sido procesados recientemente en Rusia, incluida Maria Bontsler, una abogada prominente que defendió a individuos perseguidos por cargos políticamente motivados. Bontsler ha estado detenida en prisión preventiva desde mayo de 2025, mientras su salud continúa deteriorándose peligrosamente, según Time.

**Represión transnacional**

Como abogados internacionales tanto de disidentes como de sus defensores legales perseguidos, los autores del análisis han visto este tipo de represión moverse más allá de las fronteras. Uno de ellos incluso enfrentó un complot de asesinato en Canadá y concluyó que fue envenenado en Rusia por defender a abogados de derechos humanos iraníes y disidentes rusos, según Time.

Subyacente a tales actos obvios de agresión se encuentra una tendencia insidiosa de que la represión transnacional fluya de los déspotas hacia las democracias, oprimiendo a abogados de todas las nacionalidades en el proceso.

Trágicamente, en este momento crucial para la profesión legal, algunas naciones que alguna vez defendieron el estado de derecho ahora están socavando peligrosamente a los abogados, en lugar de defenderlos, según el análisis. Los esfuerzos para intimidar, cooptar o erosionar las instituciones judiciales se están volviendo tan aterradores como frecuentes en las sociedades libres. Los estudios de caso de Irán y Rusia deberían ser una llamada de atención sobre a dónde puede conducir esto, y un llamado a la acción en defensa del estado de derecho.

**Herramientas de protección**

Para proteger el estado de derecho a nivel mundial, se deben aprovechar herramientas como las sanciones Magnitsky dirigidas, que no solo nombran y avergüenzan a los perpetradores sino que imponen costos reales, como prohibiciones de visa y congelación de activos, según Time. También se podrían perseguir potencialmente denuncias ante la Corte Penal Internacional por represión transnacional en el territorio de estados miembros. Es necesario fortalecer las normas legales internacionales que protegen a los abogados, lo que hace que la Convención para la Protección de la Profesión de Abogado recientemente lanzada sea especialmente oportuna y digna de amplio apoyo.

Para poner fin a los ataques intensificados contra los abogados, se debe hacer que atacarlos cueste más de lo que vale para los autoritarios, según concluye el análisis.

**Contexto en Estados Unidos**

Mientras tanto, en Estados Unidos, la controversia rodea al juez magistrado Zia Faruqui después de que se disculpara con Cole Allen, el presunto tirador de la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, por su tratamiento en la cárcel, según Fox News. Los críticos, incluida la fiscal federal Jeanine Pirro, cuestionan la imparcialidad del juez, citando su historial de defender a sospechosos del 6 de enero y otros que amenazaron al presidente Donald Trump.

Los abogados de Allen, de 31 años, de Torrance, California, presentaron el jueves una moción de nueve páginas para descalificar a Pirro, junto con el fiscal general interino Todd Blanche y otros funcionarios del Departamento de Justicia no identificados, argumentando que tienen un conflicto de intereses que debería prohibirles participar en el procesamiento de Allen, según Fox News. La moción también dice que toda la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia, que actualmente está procesando el caso, debería ser descalificada.

Allen está acusado de intentar irrumpir en el salón de baile donde se llevaba a cabo la cena el 25 de abril mientras estaba armado con un rifle, una pistola, cuchillos y una gran cantidad de municiones, según los fiscales. La vigilancia por video desde el interior del Washington Hilton muestra a una persona identificada como Allen supuestamente corriendo hacia un punto de control de seguridad con una escopeta calibre 12, descargando el arma una vez y cayendo al suelo.

Los fiscales dicen que un perdigón de la munición descargada por Allen golpeó el chaleco balístico de un agente del Servicio Secreto, dejándolo con heridas menores. Un agente del Servicio Secreto disparó cinco rondas a Allen, pero no lo alcanzó, según Fox News.

Tanto Pirro como Blanche estaban dentro del salón de baile durante el incidente, lo que los defensores públicos federales utilizaron como justificación parcial para decir que están en conflicto en el caso. También citaron la amistad personal de Pirro con Trump.

Los abogados de Allen también citaron las apariciones en medios de Pirro y publicaciones en redes sociales después del presunto ataque como una razón para la descalificación, incluida una publicación en X de principios de esta semana. En medio de la controversia sobre la disculpa del juez magistrado Faruqui a Allen por sus condiciones de cárcel, Pirro publicó en la plataforma de redes sociales que Allen estaba recibiendo trato preferencial.

"Bienvenido a Washington, DC, donde el juez magistrado de EE.UU. Faruqui cree que un acusado armado hasta los dientes e intentando asesinar al presidente tiene derecho a un trato preferencial en su confinamiento en comparación con todos los demás acusados", dijo, según Fox News.

Los abogados de Allen aprovecharon esa publicación, declarando que fue una "respuesta emocional... fue inflamatoria, inapropiada e inexacta".

La moción también argumenta que incluso si Pirro, Blanche y otros funcionarios no identificados no tienen un conflicto de intereses, existe la apariencia de un conflicto de intereses. Los abogados de Allen dicen que por ley, la apariencia en sí misma es suficiente para descalificarlos.

"A medida que este caso avanza más cerca del juicio, el país y el mundo continuarán preguntándose: ¿cómo puede el sistema de justicia estadounidense permitir que una víctima procese a un acusado criminal en un caso que los involucra?", pregunta la moción, según Fox News. "O incluso, ¿cómo puede uno de los amigos más cercanos de la víctima procesar al presunto perpetrador del delito? Dada la amistad de la fiscal federal Pirro con el presidente y su asistencia y la del fiscal general interino Blanche al evento en el centro de este procesamiento, la ley requiere su descalificación".

Pirro respondió en una declaración el viernes por la mañana a Fox News Digital: "Evaluaremos la moción y responderemos en el tribunal. No toleraremos a las personas que vienen al Distrito de Columbia para participar en actos antidemocráticos de violencia política; y procesaremos todos esos actos en toda la extensión de la ley".

Allen está programado para ser acusado formalmente el lunes 11 de mayo por la mañana, según Fox News.

**Preocupaciones en el sector de la salud**

Por separado, la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés) exigió protección para los trabajadores médicos y las instalaciones en medio de la escalada en Medio Oriente, según su sitio web. Todas las partes están obligadas a respetar la santidad de la atención médica durante el conflicto.

PHR también publicó el 7 de mayo de 2026 una investigación visual sobre el uso escalado por parte de las fuerzas del orden de EE.UU. de tres armas de control de multitudes contra manifestantes de inmigración, resultando en daños graves a la salud y sin rendición de cuentas, según su comunicado de prensa.

El 1 de mayo de 2026, PHR destacó la 18ª muerte —y quinta muerte atribuida al suicidio— en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este año, señalando los daños del confinamiento solitario, según su comunicado de prensa.

La organización también publicó una guía para manifestantes sobre cómo prepararse, protegerse y tratar la exposición a gas lacrimógeno y otros irritantes químicos. Engañosamente conocidas como "menos letales", estas armas pueden de hecho causar lesiones graves, según PHR.

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