La revelación surgió de un documento presentado el 15 de julio como parte de una demanda colectiva que busca revertir la decisión. Según el documento, el Departamento de Energía envió a la Oficina de Administración y Presupuestos una lista de más de 600 subsidios que recomendó cancelar de beneficiarios ubicados en estados donde Harris obtuvo los votos electorales y que tienen dos senadores que se alinean con los demócratas. Finalmente, la Oficina de Administración y Presupuestos terminó 284 subsidios en octubre de 2025.

En el documento del 15 de julio, el Departamento de Energía declaró que "acepta que la inclusión de subsidios en la tanda de notificación de octubre se basó únicamente en la identidad política del estado del beneficiario del subsidio, es decir, si la ubicación del beneficiario y/o lugar de desempeño estaba en un Estado Azul o en un Estado no Azul".

Esta acción se alinea con el esfuerzo más amplio de la segunda administración Trump de buscar represalias contra una variedad de opositores políticos percibidos y con sus esfuerzos agresivos por obstaculizar la financiación federal en estados liderados por demócratas. A principios de este año, la administración intentó congelar 10 mil millones de dólares en financiación para servicios sociales de cinco estados demócratas antes de abandonar ese esfuerzo.

En febrero, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias liberó más de 5 mil millones de dólares en ayuda para desastres que había estado retrasada, pero excluyó varios estados liderados por demócratas donde Trump había tenido enfrentamientos con gobernadores. El Departamento de Seguridad Nacional negó que la política jugara un papel en la decisión.

Los demandantes en el caso, un grupo de investigadores de la Universidad de California, argumentan que la administración Trump dirigió la terminación de subsidios federales por razones políticas. La revelación del movimiento de la administración para cortar subsidios en estados donde Harris ganó fue reportada inicialmente por el New York Times.

Estos desarrollos ocurrieron durante el apogeo de un esfuerzo sin precedentes del Director de la Oficina de Administración y Presupuestos, Russell Vought, por ejercer nueva autoridad y poder sobre el proceso de gasto federal, un impulso que se aceleró rápidamente tras alegaciones generalizadas de fraude en Minnesota a finales del año pasado.

Los legisladores demócratas han condenado la acción. El Líder de la Minoría del Senado, Chuck Schumer, calificó la admisión del Departamento de Energía como "trumpismo sin precedentes y algo a lo que nunca deberíamos acostumbrarnos". En una publicación en X, Schumer escribió: "Trump admite que está quitando la alfombra de debajo de familias trabajadoras para poder vengarse de los estadounidenses que no votaron por él. Es enfermizo y desquiciado. Su ego es tan frágil que castigará a familias que ya luchan por poner comida en la mesa por un poco de venganza".

La representante de Maryland, Jamie Raskin, dijo que las acciones de la administración Trump son una "profunda traición a América", añadiendo que los fondos deberían ser restaurados a los estados azules inmediatamente. "Esta represalia partidista masiva es atroz, ultrajante, peligrosa, ilegal, inconstitucional, antipatriótica y una ofensa masiva contra la República", escribió Raskin en X. "Trump sabía lo importantes que eran estos subsidios de la era Biden para el pueblo estadounidense, por eso no los cortó a los estados rojos, pero sí los cortó a los estados azules".

La representante de Ohio, Marcy Kaptur, y la senadora de Washington, Patty Murray, ambas demócratas que se sientan en el comité de asignaciones en sus respectivas cámaras, dijeron en una declaración conjunta el viernes: "Esta es una admisión asombrosa de que el Presidente y su equipo abusaron corruptamente de su poder para eliminar buenos empleos y castigar a familias trabajadoras por sus opiniones políticas. Militarizar el gobierno federal de esta manera es completamente antiamericano".

CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca, el Departamento de Energía, la Oficina de Administración y Presupuestos y el Departamento de Justicia para obtener comentarios.