Un análisis de The Guardian sobre los datos más recientes publicados por ICE muestra que los agentes federales de inmigración alcanzaron en junio el número más alto de arrestos desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, cuando prometió una campaña de deportaciones masivas de inmigrantes.

La cifra de 43.138 arrestos en junio representa un aumento significativo en las operaciones de cumplimiento migratorio. Además, la población en detención de ICE ha aumentado en 5.450 personas desde principios de abril, cuando la agencia proporcionó por última vez un conteo de su población detenida. Al 11 de julio, había un total de 65.765 personas en detención de ICE, cifra ligeramente inferior al récord de 70.770 personas que estaban en detención en enero.

Un aspecto preocupante de estos datos es que, como ha ocurrido desde el verano pasado, el número de personas en detención de ICE sin antecedentes penales sigue siendo superior al número de personas con cargos pendientes o condenas. Esto significa que una proporción significativa de los detenidos no ha sido acusada de delitos.

La intensificación de las operaciones migratorias ha sido posible gracias a una asignación presupuestaria de 70.000 millones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que supervisa tanto a ICE como a la Patrulla Fronteriza. Según reportes, la Casa Blanca ha presionado a los funcionarios de inmigración para que apunten a 2.000 arrestos diarios.

Las operaciones de ICE han evolucionado en su enfoque. Mientras que el año pasado la administración Trump lanzó operaciones migratorias militarizadas en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Minneapolis, recientemente ha adoptado un enfoque más discreto. Después de que agentes de inmigración dispararan y mataran a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis, Renee Good y Alex Pretti, Trump reemplazó a su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con Markwayne Mullin, quien indicó que deseaba alejarse de operaciones de alto perfil.

Las caravanas móviles de agentes de inmigración que realizaban redadas en parques públicos y estacionamientos se han vuelto menos comunes. Ahora los arrestos ocurren de manera rutinaria en lugares de trabajo, fuera de viviendas o durante controles de tráfico, según reportan defensores de inmigrantes y grupos de asistencia legal. Muchos inmigrantes están siendo detenidos cuando se presentan a las oficinas de ICE para citas obligatorias de verificación. Otros son detenidos por policía, alguaciles y miembros de otras agencias de cumplimiento de la ley estatal y local que han sido autorizados por el gobierno federal para realizar operaciones de inmigración.

Esta estrategia más discreta ha dificultado el trabajo de los defensores de inmigrantes. Gracie Willis, abogada del Proyecto Nacional de Inmigración, explicó en una entrevista reciente: "Está sucediendo tan rápidamente que la gente no puede llegar para observar, grabar e informar lo que vio. Y a menudo todo lo que queda es un auto vacío estacionado allí".

Los arrestos rutinarios y discretos han complicado los esfuerzos de voluntarios que se habían dedicado a vigilar vehículos y agentes de ICE en ciertas ciudades, soplar silbatos cuando avistaban agentes de inmigración y documentar las operaciones.

Desde 2019, el Congreso ha requerido que ICE publique datos sobre arrestos, detenciones y deportaciones cada dos semanas. Sin embargo, hasta el lunes, la agencia no había publicado actualizaciones desde principios de abril. Este retraso de varios meses generó indignación entre legisladores de todo el espectro político, y múltiples organizaciones de medios, académicos y organizaciones sin fines de lucro solicitaron que la agencia proporcionara actualizaciones sobre cuántos inmigrantes estaba arrestando y deteniendo.

En un comunicado a The Guardian, el Departamento de Seguridad Nacional atribuyó el retraso de meses en la presentación de datos a una serie de cierres del gobierno federal.

Las comunidades en todo Estados Unidos permanecen en alerta máxima por la actividad de ICE. Recientemente, agentes de inmigración mataron a dos hombres en una semana: Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, y Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, lo que provocó protestas contra el sistema de cumplimiento de inmigración estadounidense en ciudades de todo el país.

Los datos publicados coinciden con lo que defensores de inmigrantes y abogados han reportado estar presenciando en comunidades de todo Estados Unidos. La combinación de financiamiento aumentado, cambios en la estrategia de operaciones y la falta de transparencia en los datos ha creado un entorno de incertidumbre y temor en las comunidades de inmigrantes.