Los diez gobiernos expresaron su oposición durante una reunión de embajadores de la Unión Europea celebrada el miércoles, según informó POLITICO citando a cuatro diplomáticos con conocimiento de las discusiones.
El modelo de "dinero a cambio de reformas" propuesto por la Comisión Europea busca vincular los desembolsos presupuestarios a cambios de política estructural en los países miembros. Bajo este esquema, los Estados miembros de la UE tendrían que cumplir múltiples requisitos para acceder a los fondos, incluyendo potencialmente cuestiones altamente sensibles desde el punto de vista político, como la elevación de la edad de jubilación.
La resistencia de estos diez países refleja preocupaciones sobre la soberanía nacional y la capacidad de la Comisión Europea para imponer condiciones sobre decisiones políticas internas. Aunque la fuente no especifica los nombres de todos los países que se oponen, además de Francia, Italia y España, otros seis gobiernos también han manifestado su rechazo a este enfoque.
El presupuesto de la UE para el período 2028-2034, cuyo valor asciende a casi dos billones de euros, representa uno de los mayores ejercicios de negociación presupuestaria en la historia de la Unión. Las negociaciones entre las capitales nacionales se han caracterizado por ser complejas y conflictivas, con múltiples intereses en juego.
La propuesta de la Comisión Europea de condicionar los pagos a reformas estructurales representa un cambio significativo en la forma en que la UE distribuye sus fondos. Históricamente, los pagos presupuestarios se han basado en criterios más automáticos y menos vinculados a cambios de política específicos, aunque en años recientes ha habido una tendencia hacia mayor condicionalidad, particularmente en el contexto de la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19.
La edad de jubilación es particularmente sensible en países como Francia, Italia y España, donde los sistemas de pensiones enfrentan presiones demográficas significativas y donde cualquier aumento en la edad de jubilación ha generado históricamente resistencia política y social considerable. Estos países argumentan que decisiones sobre políticas de pensiones deben tomarse a nivel nacional, considerando sus circunstancias específicas, y no ser impuestas como condición para recibir fondos europeos.
Las negociaciones sobre el presupuesto 2028-2034 continuarán en los próximos meses, con múltiples países presentando sus posiciones sobre cómo debe estructurarse la distribución de fondos. La oposición de estos diez gobiernos sugiere que la Comisión Europea enfrentará resistencia significativa si intenta mantener su propuesta actual sin modificaciones sustanciales.