La reversión del congelamiento de fondos representa el último revés para el presidente Trump y sus aliados en su intento de ejercer autoridad presidencial para reducir gastos y castigar a estados percibidos como enemigos políticos, alegando desperdicio, fraude y abuso de dólares federales sin presentar evidencia clara de estas acusaciones, según reportes del New York Times.

El retroceso ocurre mientras funcionarios clave de la administración Trump, incluyendo al vicepresidente JD Vance, han amplificado estas afirmaciones como un punto de conversación importante en las próximas elecciones intermedias, en las que el Partido Republicano enfrenta una batalla difícil para retener el control del Congreso.

La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos envió cartas casi idénticas a funcionarios en Nueva York, California, Colorado, Illinois y Minnesota, según los documentos judiciales. La agencia notificó a los cinco estados que estaba anulando las medidas que había intentado implementar desde enero para limitar la capacidad de los estados de acceder a fondos federales para cuidado infantil y servicios sociales. Las cartas especificaban que los cinco estados controlados por demócratas ya no estaban obligados a proporcionar datos que el departamento afirmaba necesitar para verificar la elegibilidad de beneficiarios.

La administración ya había sido prohibida de ejecutar la pausa de fondos después de que un juez federal bloqueara el congelamiento en enero y nuevamente en febrero, por la duración del litigio. Una pausa de este tipo habría puesto en peligro programas que sirven a cientos de miles de hogares de bajos ingresos en los cinco estados.

La administración Trump había sugerido que su congelamiento de fondos era una reacción a alegaciones de fraude dentro de los programas de red de seguridad social del estado de Minnesota, aunque aún no ha proporcionado evidencia de que esquemas similares hayan ocurrido en los otros cuatro estados.

Esta medida afecta directamente a millones de familias de bajos ingresos que dependen de estos subsidios para acceder a cuidado infantil y servicios sociales esenciales. El congelamiento habría interrumpido servicios críticos en estados con poblaciones significativas que requieren estas ayudas federales para subsistir.

El litigio que llevó a esta reversión subraya las limitaciones constitucionales sobre el poder ejecutivo para congelar fondos ya asignados por el Congreso. Los tribunales han determinado que tales acciones requieren autoridad legislativa explícita y no pueden ser ejecutadas unilateralmente por el presidente basándose en alegaciones no comprobadas.