La Agencia Tributaria española ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que inició inspecciones fiscales contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y su círculo familiar y empresarial, según informó El País. Las actuaciones comenzaron en junio de 2026, casi un mes después de que trascendiera la imputación del exmandatario.

Según las comunicaciones a las que accedió el medio español, el fisco abrió el 15 de junio inspecciones con "alcance general" sobre Zapatero en relación con los impuestos del IRPF (2021-2024), IVA (2022-2024), Patrimonio (2021-2024) y Grandes Fortunas (2002-2024). Su esposa, Sonsoles Espinosa, está siendo investigada por los mismos conceptos excepto el IVA, según la fuente.

Las hijas del matrimonio, Alba y Laura, fueron objeto de actuaciones iniciadas el 22 de junio por el IRPF de 2021 a 2024, mientras que su empresa, What The Fav, comenzó a ser inspeccionada el 26 de junio por el Impuesto de Sociedades (2021-2024) y el IVA (2022-2024), según informó Hacienda al juez.

La investigación sobre Julio Martínez, identificado por la investigación judicial como el lugarteniente de Zapatero en las presuntas ilegalidades, está a cargo de la rama valenciana de Hacienda. Martínez es investigado desde el 23 de junio por IRPF (2021-2024), mientras que once empresas suyas están siendo inspeccionadas desde el 19 de junio por el Impuesto de Sociedades y el IVA en distintos periodos que abarcan desde 2021 a 2025, según la fuente.

Entre las empresas investigadas destaca Idella Consulenza Strategica, una compañía offshore que el juez Calama cree que la presunta trama constituyó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, para ocultar el 1% de la comisión estipulada por el rescate de la aerolínea Plus Ultra, el supuesto tráfico de influencias en el que se centra el caso. La ayuda financiera se concedió en marzo de 2021 por 53 millones de euros, según El País.

En el listado de mercantiles controladas por Martínez que investiga Hacienda figuran otras que el juez sitúa en el entramado empresarial con el que sospecha que la presunta trama intentó ocultar las comisiones ilegales, un enjambre societario al que algunos investigados se referían como "boutique financiera", según la fuente.

Voli Analítica tiene un "papel relevante" en la circulación del dinero, según el instructor, quien indica que recibió 141.772 euros de Plus Ultra pero también realizó pagos a otras empresas de Martínez. Constan asimismo Agropecuaria Lucena y Pickashop, que pagaron 20.993 y 18.150 euros, respectivamente, a Whathefav, según la información judicial. El fisco indaga igualmente en Zenzap y Afitta, de las que Calama dice que, "si bien están inactivas", muestran "un importante movimiento en cuentas bancarias", según El País.

Solicitud de paralización sin precedentes

A pesar de haber abierto estas inspecciones, Hacienda solicitó al juez Calama que ordene "la paralización de los procedimientos inspectores" contra estas personas físicas y jurídicas, a la espera de que concluya la vía judicial. En sus comunicaciones, el fisco se muestra consciente de que estas personas y empresas están siendo investigadas por la vía judicial por conductas que "pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa", según la fuente.

Hacienda argumenta que "la determinación o imputación de las obligaciones tributarias de los distintos contribuyentes en sus procedimientos administrativos podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados en el marco de dichas actuaciones judiciales en el ámbito penal", según las comunicaciones.

La Agencia Tributaria recuerda que, en caso de que el instructor acceda a su petición, su orden de suspensión interrumpirá también los plazos de prescripción para que el fisco pueda ejercer su "derecho" a "determinar la deuda tributaria" de todas ellas mediante "la oportuna liquidación", según El País.

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda GESTHA reaccionó en un comunicado subrayando que es "la primera vez" que la Agencia Tributaria "abre una inspección a personas mientras son investigadas por delitos fiscales", según la fuente. El sindicato destaca que Hacienda ha pedido paralizarlas "nada más abrirlas, incluso sin que se haya cumplido el plazo mínimo legal para acudir a la primera visita de la inspección", que dice que hicieron Zapatero y su mujer el pasado 29 de junio.

GESTHA explica que la posibilidad de iniciar una inspección fiscal en paralelo a una investigación penal es algo que "los técnicos siempre han reclamado, en especial, en determinadas investigaciones fiscales o judiciales que afectaban a personas de gran notoriedad pública", según su comunicado. El sindicato recuerda que en su día denunciaron que "esa inacción y el trato de favor de anteriores direcciones de la Agencia Tributaria permitieron a los investigados presentar declaraciones complementarias evitando la imputación de los delitos fiscales".

El sindicato reivindica ahora que, a pesar de que entonces esa propuesta suscitó un encendido debate, "hoy la Agencia Tributaria ha demostrado que es posible". La ley lo permite expresamente desde 2015, puntualiza GESTHA. El sindicato cree que el fisco da este paso para que se interrumpan los plazos de prescripción para liquidar los impuestos que no hayan sido cumplimentados desde 2021, sin que sea necesario proseguir con las inspecciones, que anticipa que se remitirán a los hechos que se declaren probados en una eventual sentencia, según la fuente.

La investigación penal y las joyas

El juez Calama comenzó sus pesquisas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales, pero poco después abrió una línea de investigación por posibles delitos fiscales y de contrabando por las joyas que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional halló en la caja fuerte que había en la oficina de Zapatero durante el registro del pasado 19 de mayo, según El País.

La tasación encargada por el instructor ha valorado las joyas en 1,3 millones de euros, según la fuente. El mismo día del registro, la secretaria del exlíder socialista, Gertrudis Alcázar, explicó a los agentes que se trataba de regalos y de una herencia familiar de la mujer del exjefe del Ejecutivo, según la información policial.

Este es el único punto sobre el que el antiguo mandatario se acogió a su derecho a no declarar, en su comparecencia como imputado ante Calama del pasado 17 de junio, según El País. Su defensa intentó retrasar esta cita, alegando que necesitaba más tiempo para poder explicar el origen de las joyas, pero el juez lo denegó. Así las cosas, Zapatero optó por guardar silencio sobre este extremo hasta que pueda dar las explicaciones oportunas, según la fuente.

La investigación judicial se centra en determinar si existe una organización criminal dedicada a vender la influencia del expresidente, con el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra como eje central. El juez sospecha que la presunta trama utilizó un entramado empresarial complejo para ocultar comisiones ilegales derivadas de este tráfico de influencias, según la información judicial.

La apertura simultánea de inspecciones fiscales mientras continúa la investigación penal marca un precedente en la actuación de la Agencia Tributaria española, aunque la solicitud inmediata de paralización sugiere que el objetivo principal es asegurar que los plazos de prescripción no impidan futuras liquidaciones tributarias basadas en los hechos que eventualmente se declaren probados en sede judicial.