La investigación y el desarrollo estatal de la energía nuclear atraviesan una crisis sin precedentes en Argentina. El Gobierno del presidente ultraderechista Javier Milei implementó un ajuste drástico sobre las capacidades públicas en un área donde el país sudamericano fue pionero en América Latina desde mediados del siglo XX, según reporta El País.

El presupuesto de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), el principal organismo estatal dedicado a la energía nuclear, sufrió un recorte del 45% en términos reales durante la gestión de Milei, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia y Tecnología. Los salarios del sector perdieron un porcentaje similar y la construcción de reactores ya iniciados permanece paralizada.

Cuando Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la CNEA contaba con un presupuesto anual de 86.500 millones de pesos, equivalentes a unos 216 millones de dólares al cambio oficial de entonces. Tras dos años y medio de gestión, con una inflación acumulada que superó el 300% en el período, el presupuesto actual suma 220.000 millones de pesos, aproximadamente 146 millones de dólares, según el mismo informe.

La inversión en bienes de capital descendió un 53,4% y el gasto en salarios cayó 42,5%, de acuerdo con el análisis del Centro Iberoamericano. Esta reducción presupuestaria representa un recorte del 45,4% en las asignaciones en términos reales.

**Éxodo masivo de personal calificado**

La magnitud del ajuste provocó una salida masiva de personal especializado. Sobre una planta de casi 4.000 empleados en 2023, la CNEA registró alrededor de 400 renuncias. Si se suma la pérdida de empleos en otras empresas públicas del área nuclear, como Nucleoeléctrica S.A. y Dioxitek, la salida de trabajadores calificados del sector supera los 800 casos, según la fuente.

A esta sangría se añadió el último día de junio el cese de otros 62 miembros del personal, alrededor del 20% de quienes se desempeñaban en la CNEA bajo un régimen de contratos. El Ejecutivo argumentó en un comunicado que la medida solo abarcó a "empleados en su mayoría administrativos, personas que no iban a trabajar o cuyos gerentes y jefes inmediatos pidieron que no se renovaran".

El Gobierno también defendió el recorte de fondos como parte del "ajuste al gasto público que impulsó el Gobierno de Milei, siguiendo el mandato popular" y que "fue validado por el Congreso" al aprobar la ley de presupuesto, según el comunicado oficial.

Los sindicatos desmintieron la versión oficial sobre el personal apartado y detallaron numerosos casos de profesionales y técnicos sin reemplazo por sus especialidades. "Los despidos se hicieron sin ningún criterio. Son todas personas necesarias para que la CNEA pueda funcionar", dijo la investigadora Carolina Komar, doctora en Ciencia y Tecnología y delegada del sindicato ATE. "Despidieron gente de todos tipos de formación, sin consultar con cada jefatura, por eso muchos jefes de áreas están pidiendo que sean reincorporados. La situación es desesperante", agregó.

Los gremios se declararon en estado de alerta y reclaman la restitución de los cesanteados. Además, denuncian la "militarización" de las instalaciones de la CNEA, bajo custodia de la Gendarmería desde comienzos de año.

**Capacidades nucleares en riesgo**

"En el mundo son pocos los países que dominan la tecnología nuclear y Argentina es uno. Le costó 76 años lograr lo que tenemos y eso hoy está en riesgo", advirtió el ingeniero Martín Iofrida, especialista en reactores nucleares y secretario general de Asociación de Profesionales de la CNEA.

La CNEA fue creada en 1950 para investigar y desarrollar "los usos pacíficos de la tecnología nuclear" en Argentina, de acuerdo con su presentación institucional. Además de generar energía, promueve la investigación aplicada a la medicina, el tratamiento de minerales y el combustible nuclear, entre otros fines.

El organismo es el corazón de un sistema de empresas y organismos públicos que cuenta con tres reactores operacionales, proveedores del 10% de la electricidad del país, cinco reactores de investigación y otros dos en construcción, hoy frenados por falta de inversión, según la fuente.

**Privatización del sector nuclear**

Mientras el Gobierno recorta recursos y personal, avanza simultáneamente con un proceso de privatización del desarrollo de energía nuclear. El año pasado, la Casa Rosada anunció la decisión de ceder a capitales privados parte de Nucleoeléctrica, la firma que gestiona las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse.

El jueves 3 de julio, el Ejecutivo presentó lo que el portavoz de Milei, Adrián Ravier, promocionó como "la inversión nuclear más importante de los últimos 20 años en el sector". Se trata de un emprendimiento de Meitner Energy, una asociación de empresas liderada por Ansari Group, constituida en Canadá, Pakistán y Emiratos Árabes, e integrada también por la argentina Invap.

De acuerdo con el anuncio, la asociación invertiría 1.200 millones de dólares para construir un nuevo reactor nuclear en el país y, para hacerlo, ingresaría en un régimen de exenciones impositivas para grandes inversiones que impulsa Milei.

"La entrega es total. Dejan sin trabajo a profesionales formados por el Estado argentino, los echan o los empujan a irse al sector privado. Regalan nuestra competitividad y el conocimiento en el sector nuclear a una empresa extranjera", denunció en sus redes sociales la diputada peronista Adriana Serquis, física y expresidenta de la CNEA.

Legisladores opositores de diferentes agrupaciones se pronunciaron en el mismo sentido y buscan cómo enfrentar las medidas del Gobierno desde el Congreso, según la fuente.

**Impacto económico y social**

Los detractores del proyecto privatizador de Milei señalan que, además de su impacto en la soberanía nacional, tendrá consecuencias económicas para la ciudadanía. "Si privatizan las centrales nucleares, van a aumentar las tarifas", señaló Iofrida. El especialista destacó que los incrementos no se limitarán a la energía, sino que también alcanzarán a los usos de la tecnología nuclear para el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades, especialmente oncológicas.

La Academia Nacional de Ciencias Exactas manifestó su "profunda preocupación" por la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema científico y, en particular, por la situación que sufre la CNEA, "una de las instituciones más prestigiosas de Argentina", cuyo desarrollo ha posicionado al país "en un selecto grupo internacional".

La Academia alertó: "El vaciamiento de la CNEA, impulsado por salarios de indigencia, es parte del desmantelamiento general del sistema".

**Contexto e implicaciones**

El desmantelamiento del programa nuclear estatal argentino representa un giro radical en la política científica y energética de un país que durante décadas mantuvo una posición de liderazgo regional en tecnología nuclear. Argentina fue el primer país de América Latina en desarrollar capacidades nucleares con fines pacíficos y logró dominar el ciclo completo de producción de combustible nuclear.

La combinación de recortes presupuestarios, pérdida de personal calificado, paralización de proyectos en curso y privatización de activos estratégicos plantea interrogantes sobre la viabilidad futura del desarrollo nuclear autónomo en Argentina. La salida de más de 800 profesionales y técnicos especializados representa una pérdida de capital humano que tomó décadas formar y que difícilmente podrá recuperarse en el corto plazo.

El ingreso de capitales privados extranjeros en el sector, si bien puede aportar inversión inmediata, también implica una transferencia de control sobre tecnología estratégica y conocimiento desarrollado con recursos públicos durante más de siete décadas. Las exenciones impositivas ofrecidas a los inversores extranjeros contrastan con los recortes aplicados a las instituciones públicas del sector.

La crisis del sector nuclear argentino se inscribe en un contexto más amplio de ajuste fiscal y reducción del Estado impulsado por el Gobierno de Milei, que ha afectado a múltiples áreas del sistema científico y tecnológico del país. Las consecuencias de este proceso se extenderán más allá del sector energético, afectando también áreas como la medicina nuclear, la investigación científica y la formación de recursos humanos especializados.