La provincia de Ituri, en el noreste de la República Democrática del Congo, concentra aproximadamente el 90% de todos los casos de ébola registrados en el actual brote. Según Pierre Akilimali, gerente de incidentes para la respuesta al ébola, muchos de los ataques han sido perpetrados por multitudes enfurecidas que han irrumpido en centros de tratamiento o han atacado directamente a equipos de respuesta en el terreno.

Los ataques no se limitan únicamente a los equipos de salud. Según el doctor Adelard Lufongola, gerente de operaciones para la respuesta al ébola, los trabajadores de primera línea, incluyendo equipos de entierro seguro, también han sido víctimas de violencia. "Miembros de los diversos equipos de respuesta han sido mantenidos cautivos en algunas zonas de salud. Los equipos responsables de entierros seguros y dignos han sido amenazados y continúan siendo amenazados en algunos cementerios y dentro de varias comunidades", declaró Lufongola en una conferencia de prensa en Bunia, capital de Ituri.

La raíz de parte de esta violencia se encuentra en las restricciones impuestas a los funerales tradicionales. El ébola se propaga en la población humana a través del contacto con fluidos corporales como vómito, sangre o semen, así como con superficies y materiales contaminados. Para contener la transmisión, se han restringido los funerales tradicionales en los que los seres queridos lavan y preparan los cuerpos, lo que ha generado profundo resentimiento entre los residentes locales.

El virus del Bundibugyo responsable de este brote es menos común que otras cepas que causan la enfermedad del ébola, y actualmente no existe vacuna aprobada ni tratamiento específico para combatirlo. Esta falta de herramientas médicas efectivas intensifica la urgencia de contener la propagación del virus.

La situación de seguridad se ha deteriorado significativamente. Según reportes de residentes locales a la Agencia de Prensa Asociada, trabajadores de salud y ayuda humanitaria han sido vistos abandonando comunidades remotas consideradas puntos críticos de transmisión y dirigiéndose a Bunia, que es relativamente más segura. El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, declaró el jueves que los actores humanitarios están "profundamente preocupados por la escalada de violencia" que impacta la respuesta al ébola y que el acceso a centros de tratamiento y comunidades circundantes permanece restringido. "La empeoramiento de la situación de seguridad ha obligado a varios socios humanitarios involucrados en la respuesta al ébola a reubicar temporalmente personal a Bunia, que es relativamente más segura", señaló Dujarric.

El ataque más reciente fue registrado el miércoles, cuando residentes de la ciudad de Nyakunde atacaron un hospital e irrumpieron en un centro de tratamiento de ébola cercano. Según informaron funcionarios, el tratamiento y la atención se reanudaron el jueves en el centro después de que sus ocupantes, incluyendo algunos pacientes, huyeran tras el ataque. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre los riesgos de transmisión en medio del caos generado.

Los trabajadores sanitarios también han paralizado sus labores en protesta por salarios impagos. El 15 de julio, trabajadores de salud involucrados en la respuesta al ébola realizaron una huelga en Bunia para protestar por problemas de pago, lo que ha complicado aún más los esfuerzos de contención en una región ya de por sí crítica.

Christophe Munyanderu, líder de la sociedad civil en el territorio de Irumu en Ituri, expresó su preocupación sobre las consecuencias a largo plazo: "Temo que los trabajadores de ayuda involucrados en combatir este brote de ébola van a abandonar el área. Esto corre el riesgo de hacer más difícil la tarea de erradicar el brote".

La combinación de violencia contra trabajadores sanitarios, huelgas por salarios impagos, restricciones de acceso a comunidades afectadas y la falta de herramientas médicas efectivas crea un escenario crítico para contener lo que ya es el brote de ébola de más rápido crecimiento jamás registrado. Con 2.181 casos confirmados y 864 muertes, la situación en Ituri representa una amenaza sanitaria de magnitud considerable que se ve severamente obstaculizada por factores de seguridad y logísticos que escapan al control directo de los equipos de respuesta.