El nuevo esquema cambiario comenzó con un dólar cotizado a 9,76 bolivianos el 29 de junio y se cotiza actualmente a 10,75, según la fuente. Esta transición de un régimen fijo establecido hace 15 años responde a una realidad que el Gobierno ya no podía ocultar: el precio oficial anterior de 6,96 bolivianos por dólar era ilusorio y todas las transacciones reales se realizaban al costo del mercado informal, generando distorsiones económicas severas.
La inflación anual del 12,5% registrada en junio refleja esta brecha entre el tipo de cambio oficial y el real. El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica que la inflación alcanzará el 20% para fin de año, según El País. Además, el Índice de Precios al Consumidor subió más del 2% entre abril y mayo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia.
Fernando Romero, economista y docente investigador, reconoce que el nuevo tipo de cambio es necesario, pero cuestiona el momento de su implementación. "Se ha develado un problema estructural de una crisis cambiaria: un mercado con mucha demanda y poca oferta. Si esta medida no viene apoyada de otras leyes estructurales, carece de credibilidad", señaló según El País. Para Romero, la solución requiere incrementar las exportaciones, atraer inversión extranjera y reactivar el aparato productivo.
Las señales iniciales no son alentadoras. Organizaciones de transportistas y pequeños comerciantes han advertido de una mayor subida de costos en sus servicios y productos como consecuencia directa de la devaluación. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, pidió a la población no alarmarse, argumentando que "la fluctuación del dólar se trata de eso, va a subir y bajar", según reporta El País.
Sin embargo, Romero advierte sobre el comportamiento del mercado: "La gente entra en pánico cuando sucede un acontecimiento político o social, empieza a demandar dólares para resguardarse. Es parte de una paranoia social y de la idiosincrasia del boliviano que continuará mientras no haya una señal clara por parte del Gobierno de que habrá dólares".
El desafío fundamental es inyectar dólares al sistema financiero para regularizar el mercado. Bolivia enfrenta obstáculos severos en este aspecto. La captación de inversión extranjera es mínima: de cada 100 dólares que llegaron a América Latina en 2025, Bolivia solo atrajo 30 centavos, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) citados por Romero en El País.
Respecto a las exportaciones, el Estado recauda apenas alrededor del 12% de los ingresos por esta vía, según el ingeniero financiero Rodrigo Fernández. El problema es estructural: "En 1996, por ejemplo, las exportaciones estaban obligadas a liquidarse en el Banco Central de Bolivia. Hoy nadie mete dólares en el Banco Central ni en el sistema financiero. No hay incentivos para traer dólares", explica Fernández según El País.
La confianza en la moneda nacional es prácticamente inexistente. Bolivia vive una especie de corralito desde 2023, con restricciones a los retiros de dólares en los bancos. El Gobierno de Paz decretó que desde principios de 2026 se podían empezar a retirar dólares de forma escalonada, pero solo los ahorristas pueden acceder con un máximo de 3.000 dólares en sus cuentas.
Ante este panorama, la vía más accesible para conseguir divisas parece ser un crédito del FMI. El Gobierno anunció que estaban en marcha negociaciones para acceder a un préstamo. Los economistas coinciden en que, si se concreta, el precio del dólar bajará, pero advierten que podría ser solo una solución momentánea.
Fernández señala que "las duras condiciones" del FMI representan un riesgo. "Una de ellas es que bajes el déficit fiscal. Sucede que, cuando la austeridad es muy fuerte, la economía se deprime y, además de poner en riesgo a los sectores vulnerables, deja de responder y sucede lo que el propio FMI llama consolidación autodestructiva. Tu actividad económica se reduce, pero aumenta tu deuda", advierte según El País.
Para que un préstamo del FMI sea verdaderamente beneficioso, Fernández sugiere canalizarlo hacia sectores productivos con alto impacto social, o invertirlo en los llamados multiplicadores: áreas donde cada dólar invertido genera un mayor retorno al PIB. En Bolivia, destaca el saneamiento básico, servicio del que carecen alrededor de 4,4 millones de bolivianos que dedican un promedio de 3,5 horas diarias a obtenerlo. "Imagínate si ese tiempo pudieran dedicarlo a producir, educarse o cualquier otra cosa. Por eso tiene el mayor multiplicador", explica Fernández.
El nuevo régimen cambiario representa un punto de inflexión en la política económica boliviana, pero su éxito dependerá de medidas complementarias que aún no están claras. Sin una estrategia integral que aumente la oferta de dólares y restaure la confianza en la moneda nacional, la devaluación podría profundizar la crisis económica en lugar de resolverla.