La comisaria Rita Salim, de la Policía Civil de Río de Janeiro, recibe entre dos y tres denuncias diarias de personas que reportan haber sido víctimas de racismo, según declaró en entrevista. "Muchas víctimas vienen cuando ya no pueden más, cuando la gota colma el vaso", dijo Salim, quien dirige una comisaría especializada en delitos de discriminación racial y otros tipos de discriminación.

Brasil, que fue el último país de América en abolir la esclavitud en 1888, ha desarrollado el marco legal antirracista más avanzado del continente, según especialistas. El país registró más de 7.000 denuncias por racismo en 2025, un incremento del 67% respecto al año anterior, según los datos oficiales.

Los expertos interpretan este aumento como el fin de la subnotificación histórica de estos delitos, atribuyéndolo a una combinación de leyes robustas, una policía más preparada y mayor conciencia social, según la fuente.

Casos recientes de turistas detenidos

La severidad de la legislación brasileña ha sorprendido a varios turistas extranjeros. La argentina Agostina Páez fue detenida por llamar "mono" e imitar a ese animal para ofender a un empleado negro en un bar. "Hay una ley en Brasil que es muy severa", dijo Páez al regresar a Argentina tras dos meses en prisión preventiva en un apartamento y después de depositar una fianza de 20.000 dólares. Actualmente espera juicio.

En los últimos meses se han multiplicado los casos de extranjeros arrestados por racismo. El más reciente involucra a otro argentino que en un tren turístico fotografió a un niño y bromeó diciendo que quería llevárselo a casa como esclavo. Este individuo lleva casi dos semanas en prisión, según la fuente.

Marco legal y penas

La ley brasileña castiga estas conductas con penas de entre dos y cinco años de cárcel. La pena puede doblarse si el delito se comete en grupo o si se difunde en redes sociales, según establece la legislación vigente.

Un cambio decisivo ocurrió en 2023, cuando se equiparó el delito de injuria racial al crimen de racismo. Lo que antes era considerado una ofensa contra el honor de un individuo ahora se trata como un ataque a todo un colectivo. Las penas se agravaron: si antes un insulto racista se resolvía con trabajos comunitarios o multas, ahora es más probable que termine en prisión. Además, el delito de racismo no prescribe y no se puede sortear con el pago de una fianza.

Comisarías especializadas y capacitación policial

La comisaría que dirige Salim se especializa en delitos de racismo y otros tipos de discriminación, incluyendo contra el colectivo LGTBQIA+, personas con discapacidad o por motivos religiosos. Abrió hace ocho años y reúne a una veintena de agentes. Este tipo de comisarías ya funcionan en estados como Río de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais y Bahía, y son una de las claves del aumento en las denuncias, según la fuente.

Los policías participan en seminarios, cursos y conferencias, y mantienen contacto directo con ONGs y asociaciones antirracistas. Cualquier persona puede denunciar un delito de racismo en cualquier comisaría de barrio, donde se trabaja para que siempre haya al menos un policía especializado en el tema.

Salim reconoce que muchas personas temen denunciar por miedo a ser revictimizadas por el agente de turno. "Tienen miedo de llegar a la comisaría y ser discriminados de nuevo. Aquí trabajamos para erradicar ese tipo de atención intimidatoria", aseguró la comisaria.

Perfil de víctimas y agresores

El perfil de las víctimas es variado y no distingue edades ni clases sociales, igual que el de los agresores, según Salim. La comisaria explica que entre las personas más mayores muchas veces ni siquiera existe conciencia de la gravedad del asunto. "A veces les interrogamos y usan palabras altamente discriminatorias, corroboran lo que realmente piensan sin darse cuenta... Luego intentan arreglarlo alegando que su mejor amigo es negro, que tienen un pariente negro... pero es que una cosa no tiene nada que ver con la otra", dijo.

Los extranjeros que dicen desconocer la realidad de Brasil están más expuestos a ser detenidos de forma preventiva, por el temor de que huyan del país. Cuando una persona es arrestada in fraganti, normalmente con la ayuda de testigos y grabaciones de celular, es muy común que el juez autorice la prisión preventiva, según la fuente.

Contexto demográfico y social

Brasil es el país más negro fuera de África. El 56% de sus habitantes se declara negro o mestizo, según el último censo. La cifra de brasileños que reivindican sus raíces africanas al definir su identidad ha crecido con los años, de la mano de la conciencia antirracista y las políticas afirmativas.

El país está demoliendo el mito de la "democracia racial" que se había instalado en el subconsciente colectivo, la idea del paraíso tropical donde el mestizaje entre europeos, africanos e indígenas había generado una sociedad armónica donde nunca se dio la segregación, a diferencia de Sudáfrica o Estados Unidos, según la fuente.

Esa nueva conciencia, la de Brasil asumiendo su propio racismo estructural, ha ido modificando el marco jurídico. La ley de racismo nació con la Constitución de 1988 y ha sido actualizada progresivamente.

Liderazgo legislativo continental

"Desde el punto de vista legislativo, Brasil está por delante de todos los países de América", explica Adilson Moreira, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard y uno de los principales referentes en derecho antidiscriminatorio en Brasil. Moreira fue pionero en abordar jurídicamente el concepto de "racismo recreativo", cuando se usa el humor como forma de discriminación racial. Esta hipótesis también está contemplada de forma específica en la legislación, igual que el racismo cometido en ambientes deportivos.

Desafíos en la aplicación judicial

Sobre el papel, Brasil tiene un sólido escudo antirracista, pero la aplicación práctica enfrenta obstáculos. Las denuncias, investigaciones y detenciones han crecido mucho en los últimos años, pero aún hay pocas condenas firmes. A finales de marzo había más de mil racistas cumpliendo pena, incluidos 309 en la cárcel, según datos oficiales.

El principal desafío, señala Moreira, está en la mentalidad que aún predomina entre fiscales y jueces. "Intentan buscar todo tipo de subterfugios para impedir que personas blancas sean condenadas por delitos de racismo. Los fiscales exigen un nivel de comprobación de la intención de discriminar mucho mayor que en otros delitos", lamenta el especialista, quien recuerda que la gran mayoría de jueces brasileños son blancos y han tenido escasa formación en cuestiones raciales.

La comisaria Salim también considera que habría más resultados si la fiscalía y los tribunales se inspiraran en la policía y crearan unidades especializadas, como ya ocurre con el crimen organizado.

Cambio cultural en marcha

Pese a los desafíos judiciales, prevalece el optimismo porque el cambio social está en marcha y no da señales de retroceso, según la fuente. Las políticas de cuotas para negros, indígenas y estudiantes de la escuela pública en las universidades llevan años haciendo más diversas las históricamente blancas facultades de derecho.

Desde hace algo más de una década, el movimiento antirracista ocupa un espacio central en los medios, la academia, las telenovelas y los libros. El Pequeno manual antirracista, de Djamila Ribeiro, lleva seis años en la lista de los libros más vendidos del país, según la fuente.

El Gobierno de Lula ha hecho de la lucha contra la discriminación racial un asunto de Estado, sobre todo en episodios especialmente sensibles, como los insultos y amenazas contra el futbolista Vinícius Júnior, que a punto estuvieron de abrir un serio conflicto diplomático con España.

"Realmente todo depende mucho de la alfabetización racial del comisario, del fiscal y del juez, pero las cosas están avanzando bastante", resume Moreira, quien se despidió antes de viajar para dar una charla a un grupo de jueces interesados en el tema.