Las prisiones venezolanas han transitado de la violencia de las mafias a la violencia del Estado, según revelan datos de organizaciones de derechos humanos y testimonios de familiares de reclusos. La militarización del sistema penitenciario, iniciada en 2023 con el plan Gran Cacique Guaicaipuro ordenado por el presidente Nicolás Maduro, eliminó el poder de los pranes —acrónimo de "preso rematado asesino nato"— pero generó nuevas formas de abuso sistemático.

Entre abril y mayo de 2025, fallecieron 16 personas en las cárceles venezolanas, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones. En 2024, otras 149 personas murieron bajo custodia estatal, de acuerdo con la misma organización. Desde 2017, las víctimas mortales en recintos carcelarios suman 560, según el OVP.

El operativo Gran Cacique Guaicaipuro desplegó a 11.000 efectivos militares que tomaron por la fuerza algunas de las cárceles más importantes del país: Tocorón —cuna de la multinacional delictiva el Tren de Aragua, que llegó a albergar en su interior discotecas, lagunas con flamencos y un restaurante llamado La Sazón del Hampa—, Tocuyito, Yare I, II y III, La Pica, El Rodeo I y II, Uribana y Puente Ayala, según las fuentes.

En estos procedimientos, el Estado incautó cientos de fusiles de asalto y armas de guerra, drones, drogas y hasta un call center en la prisión de La Pica para organizar extorsiones y secuestros a escala nacional. Muchos de estos delincuentes, que se hicieron poderosos durante los años en que Tareck El Aissami estuvo al frente del Ministerio del Interior y de Justicia —hoy preso por un desfalco milmillonario en Petróleos de Venezuela—, se fugaron de las prisiones antes de que entraran las autoridades. Buena parte de estos núcleos delictivos emigró a otros países de la región.

El agravamiento de las operaciones delictivas en las cárceles, tolerado durante mucho tiempo por el régimen chavista, disparó en un 900% los índices de secuestro en Venezuela entre los años 2000 y 2010, y multiplicó por cuatro la tasa de homicidios: de casi 5.000 en el año 2000 a 25.000 en 2012, según información oficial.

La toma militar de estos centros, sumada a factores como la crisis económica, la emigración masiva y la política de mano dura contra la delincuencia que adelantó Maduro una década después, produjo el posterior desplome de todos los índices delictivos en el país. También descendió de manera drástica la frecuencia e intensidad de los motines respecto al ritmo que registraban hasta 2014. Desde 2021, los índices delictivos en Venezuela se sitúan en sus niveles más bajos en más de 40 años, según las fuentes.

Sin embargo, el regreso de la presencia del Estado a las cárceles ha generado nuevos problemas. Han aumentado las denuncias de golpizas, descargas eléctricas, disparos contra la población carcelaria y una absoluta falta de atención médica. Varios reclusos han muerto por desnutrición, infecciones, diarreas o tuberculosis en estos años. La paquetería —los enseres y alimentos que llevan los familiares— es retenida de manera aleatoria.

Los presos están uniformados, sometidos a orden cerrado, reciben una arepa con frijoles en el desayuno y cada madrugada se despiertan escuchando marchas militares con loas a Hugo Chávez. También comenzó a hacerse habitual que presos políticos y comunes convivan en los mismos espacios, como ocurre en El Rodeo, Tocorón, Tocuyito, Yare o el Injuba.

En las cárceles de máxima seguridad para presos militares y civiles, como Fuerte Guaicaipuro, Zona 7 o El Rodeo II —administradas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar— las condiciones son aún más draconianas, según las fuentes.

El motín del Internado Judicial de Barinas, ocurrido este fin de semana, expuso la gravedad de la situación. Elvis Macuare Guerrero, director del Injuba, fue destituido de su cargo luego de la rebelión de los procesados denunciando torturas, tratos crueles y degradantes. El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación penal por las denuncias recibidas.

La información sobre la destitución de Macuare la ofreció el general Guiseppe Cacioppo, secretario de seguridad ciudadana del estado Barinas, quien confirmó la pronta llegada al estado del ministro de Asuntos Penitenciarios, Julio García Zerpa.

Desde el pasado fin de semana, presos desarmados se treparon al techo del penal, quemando colchonetas y pidiendo ayuda, denunciando el trato que recibían y las terribles condiciones de la cárcel barinesa. En las pancartas que mostraban, podían leerse frases como "SOS" o "no más torturas".

Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, 1.200 hombres y 100 mujeres se habían declarado en huelga de hambre. Durante los últimos días, han aumentado las denuncias sobre la situación de los presos en este penal: baños de agua helada y corriente, golpizas, requisas violentas, escamoteo de sus pertenencias y negativa a recibir visitas.

El pasado 14 de mayo, familiares de los presos habían denunciado el duro trato recibido por el personal en las horas de visita. Afirmaron que se negaba la comida a los presos, y que hombres encapuchados entraron a las celdas a golpearlos. Luego de este episodio, el antiguo director del Injuba, Robert Cabezas, fue sustituido por Macuare.

La Guardia Nacional rodeó de inmediato el Injuba en actitud amenazante, buscando conjurar la rebelión. Familiares de los reclusos afirmaron que fueron lanzadas bombas lacrimógenas a los pabellones que encabezaron el motín. También se informó de disparos a los reos y de algunos heridos.

"Desde el momento en el cual se tuvo conocimiento de los acontecimientos, la Fiscal Superior del estado Barinas, junto a los fiscales adscritos a la Dirección General de Protección de Derechos Humanos, se presentaron en este recinto con el fin de contribuir a la solución pacífica del conflicto", afirma el Ministerio Público en un comunicado. "Se ha comisionado a la Fiscal 49 nacional con competencia de Derechos Humanos para que adelante las investigaciones correspondientes".

"Cuando esto se normalice vamos a solicitar un médico forense para que evalúe a cada uno cómo está", dijo Cacioppo. "Si una persona denunció que fue torturada, el médico forense hace la evaluación y se abre la investigación".

El motín carcelario del Injuba —penal de presos comunes en el cual hay algunos presos políticos— se produce poco después del escándalo por la muerte de Víctor Hugo Quero, preso político muerto bajo custodia del estado venezolano, y de su madre, Carmen Navas, que falleció la semana pasada luego de pasar 10 meses intentando encontrarlo. El caso de Quero y su madre, en el cual no hubo responsables y apenas cupo una disculpa oficial, causó una indignación generalizada.

Hace pocos días, Tito Volcanes, productor agropecuario y preso en este recinto, tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de presentar un severo cuadro de deshidratación. Fue operado ante un cuadro de peritonitis aguda y todavía está en estado crítico de salud, de acuerdo a lo que informan sus allegados. Volcanes fue excarcelado la semana pasada luego del último anuncio hecho por el régimen chavista para liberar 300 presos políticos adicionales.

"El régimen tuvo una enorme oportunidad para poner orden en el desastre de las cárceles en Venezuela: un ministerio exclusivo para el servicio penitenciario", afirma Humberto Prado, abogado y director del Observatorio Venezolano de Prisiones. "Se aprobó el Código Orgánico Procesal Penal, que garantiza todos los derechos al detenido. Se institucionalizaron jueces de control y de juicio, con cortes de apelaciones. Ese ministerio tuvo los recursos para darle a los presos comida óptima, espacios dignos, servicios médicos y talleres de reeducación, sin retardos procesales. Pues nada de eso ocurrió: todo se puso mucho peor para el interno. En Yare mataron hace poco a cinco presos y salieron más de 70 heridos por disparos de las autoridades, y nadie dijo nada, no pasó nada", critica Prado.

El sistema carcelario nacional dejó de depender en 2011 del Ministerio del Interior y de Justicia para ganar un asiento propio en el Gabinete: el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. La primera titular de la cartera fue Iris Varela, una de las dirigentes más radicales del chavismo. Por entonces, las prisiones venezolanas eran zonas de autogobierno controladas por bandas criminales que traficaban con armas y gestionaban secuestros y asesinatos en las calles.

De acuerdo con las cifras del OVP, unas 3.500 personas han muerto bajo custodia del Estado en las prisiones venezolanas desde la creación del Ministerio de Asuntos Penitenciarios en 2011.

"El aparente apaciguamiento de las cárceles a partir de 2023 responde más a acuerdos internos del Gobierno con grupos del crimen organizado en ese entonces que a otra cosa", sostiene Óscar Murillo, coordinador de Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos), una ONG especializada en la materia. "Las viejas causas de la tragedia del régimen penitenciario siguen ahí: retardo procesal, hacinamiento crónico, precariedad de la infraestructura, falta de higiene y de atención médica. Son frecuentes los tratos inhumanos y degradantes denunciados en múltiples ocasiones por los familiares de los prisioneros en varias cárceles a lo largo de todos estos meses", sostiene Murillo.

"La intervención del Gobierno en 2023 para retomar los penales que gobernaba el hampa fue un caos", añade Prado. "Luego de una promesa de remodelación, muchas de estas cárceles permanecen cerradas, mientras que en las otras el hacinamiento es del 180%. Abrieron de nuevo Tocorón y Tocuyito para meter a presos políticos, pero siguen clausuradas las de Yaracuy, Trujillo, Vista Hermosa, La Pica y Puente Ayala", explica.

La gestión de las prisiones ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de la sociedad venezolana durante décadas. Hasta los años setenta, la población carcelaria no era demasiado numerosa, si bien las condiciones de reclusión nunca fueron óptimas. Desde finales de los ochenta y durante los noventa, bajo los últimos Gobiernos de la era democrática, sí se registraron varios motines graves con cientos de muertos y heridos en prisiones ya desaparecidas, como el Retén de Catia o La Planta (hoy destinada a presos extranjeros).

Con la llegada de la revolución bolivariana al poder en 1999, la población reclusa se duplicó al calor del auge delictivo, hasta confluir hacia 2010 en una auténtica crisis de violencia criminal en todo el país. El mandato de los pranes —casi extinguidos hoy en día— se prolongó durante más de 20 años, periodo en el que los delincuentes se adueñaron de un asombroso arsenal de guerra.

Un motín en Yare se saldó con 25 presos muertos en 2012. Un año después fallecieron 60 personas y 150 resultaron heridas en una revuelta en la cárcel de Uribana. Un segundo alzamiento en ese mismo lugar se produjo en 2014, con 21 muertos. En 2015, un incendio en Tocuyito costó la vida a 18 reclusos.

Las autoridades están ofreciendo a las familias una mesa de diálogo para atender sus denuncias y canalizar las demandas de los presos del Injuba. Sin embargo, la crisis estructural del sistema penitenciario venezolano permanece sin solución. "Con pranes o sin ellos", concluye Prado, "los presos en las cárceles se siguen muriendo".