El mandatario nicaragüense fue explícito en su declaración: "¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones para que por ahí intenten ellos [los partidos políticos opositores] atrapar el Gobierno, atrapar el poder", según reportó El País. La afirmación marca un punto de quiebre en la región, donde hasta ahora los gobiernos habían mantenido posiciones cautelosas respecto a la deriva autoritaria del régimen de Managua.

La reacción de Panamá fue inmediata. La Cancillería panameña expresó "su profundo rechazo" a la eliminación de las elecciones y recordó que "el voto constituye el principal mecanismo mediante el cual los ciudadanos expresan libremente su voluntad", según la fuente. El Gobierno de José Raúl Mulino advirtió que suprimir ese derecho "representa un fuerte agravio a los principios, valores y derechos que sostienen nuestras sociedades". Como medida diplomática, Panamá decidió llamar a consultas a su embajador en Managua, decisión que provocó una respuesta airada de la Cancillería nicaragüense, que acusó a Panamá de lesionar "nuestros principios y valores de soberanía y dignidad nacional".

Costa Rica, que ha recibido decenas de miles de refugiados nicaragüenses huyendo de la violencia del régimen orteguista, también expresó su alarma. El Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense publicó un comunicado manifestando "su profunda preocupación por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución contra las voces disidentes" en Nicaragua, según El País. El país recordó que "siempre ha apoyado y abogará por unas elecciones libres, democráticas, transparentes y plurales en la República de Nicaragua" y reiteró que no reconoció las últimas elecciones generales en 2021 "por la ausencia de condiciones y garantías".

La postura costarricense reviste particular importancia dado que la presidenta Laura Fernández había realizado declaraciones controvertidas en junio a favor del Gobierno de Ortega. En una entrevista con la cadena televisiva NTN24, Fernández dijo: "Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener". Sus palabras fueron interpretadas como una legitimación del régimen y generaron revuelo interno en Costa Rica, especialmente considerando que Estados Unidos, aliado importante de San José, ha definido al Gobierno de Ortega como una "dictadura". Bajo presión interna y de la diáspora nicaragüense refugiada en su territorio, Fernández tuvo que retractarse de sus declaraciones.

Guatemala, cuyo Gobierno ha sido el más crítico de la región respecto a los desmanes de Ortega, emitió una declaración el martes calificando las acciones del mandatario nicaragüense como "una grave vulneración de los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", según El País. El Gobierno de Bernardo Arévalo señaló que "la supresión de los procesos electorales elimina toda posibilidad de alternancia en el ejercicio del poder y restringe los derechos políticos de la ciudadanía".

Guatemala tiene antecedentes directos de la represión orteguista. En 2024, el país recibió a 135 presos políticos liberados por el régimen de Ortega y expulsados a territorio guatemalteco. El presidente Arévalo ha expresado consistentemente su preocupación por los cierres de espacios políticos en Nicaragua y la persecución de voces críticas. En una entrevista con El País en 2024, Arévalo afirmó: "Que no exista democracia en un lado nos afecta a todos" y agregó: "Con Nicaragua hay un compromiso fundamental con la gente que lucha por la democracia". Sobre Ortega, el mandatario fue directo: "Es un Gobierno que está violando los principios democráticos, que está persiguiendo a las personas que demandan el derecho a que su opinión se escuche y se haga valer en las urnas, que es lo que nosotros hemos defendido en nuestro propio país".

El silencio ha sido elocuente en otros sectores de la región. El Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, no ha emitido postura alguna respecto al anuncio de Ortega, a pesar de que su aliado Estados Unidos ha condenado las acciones del régimen nicaragüense. De igual forma, el presidente hondureño Nasry Asfura, cercano a Donald Trump, ha guardado silencio sobre el tema.

La comunidad internacional también se ha pronunciado. El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Alberto Ramdin, declaró que "el régimen nicaragüense ha dejado ahora claro lo que sus acciones venían demostrando desde hacía tiempo: ha abandonado la democracia, incluso la apariencia de la misma", según El País. Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, acusó a Ortega de "reprimir las libertades civiles y políticas del país".

Mientras la condena internacional se acumulaba, la Asamblea Nacional de Nicaragua —el Parlamento controlado por Ortega— inició el martes lo que sus líderes denominaron "un plan de trabajo" para preparar las reformas constitucionales necesarias para implementar el plan del mandatario de acabar con las elecciones.

Para Mónica Baltodano, historiadora y exguerrillera sandinista que participó activamente en la lucha para derrocar la dictadura somocista, el giro diplomático en Centroamérica representa un cambio significativo. "Es esperanzador, porque uno de los grandes déficits de los últimos años ha sido el de la posición de los centroamericanos en relación a esta dictadura. Exceptuando a Guatemala, hemos tenido una especie de vacío", dijo Baltodano en entrevista telefónica desde San José, donde vive en el exilio por la persecución de Ortega. Baltodano instó a que las críticas trasciendan los comunicados diplomáticos: "Esperemos que esta declaración de Ortega se enfrente con fuerza y pasé más allá de los pronunciamientos y comunicados a una posición de más acción de la comunidad centroamericana en la búsqueda de una superación de esta situación que está viviendo Nicaragua, o sea, que haya condena real y acciones reales, como las que se realizaron en los años setenta contra la dictadura de Somoza y en los ochenta, porque la comunidad centroamericana jugó también un papel muy importante en los procesos de paz que se vivieron en los años 80".

El anuncio de Ortega marca un escalamiento en la represión política en Nicaragua. El régimen ha cerrado sistemáticamente espacios cívicos, perseguido a voces disidentes y, según reportes internacionales, ha encarcelado a opositores políticos. La eliminación de elecciones consolida el control autoritario del mandatario, quien llegó al poder en 2007 y ha gobernado de manera continua desde entonces, modificando la Constitución para permitir su reelección indefinida.