Colombia avanza en negociaciones con el Clan del Golfo mientras Petro enfrenta críticas por su política de paz

El Gobierno colombiano dio un paso significativo en su política de "Paz Total" al alcanzar un acuerdo con el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), durante negociaciones realizadas en Doha, Catar, con la mediación de España, Noruega, Suiza y Catar.

Según el documento firmado este viernes, se crearán tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) que comenzarán a funcionar el 1 de marzo de 2026 en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, y en Tierralta, en el departamento de Córdoba. La declaración conjunta fue firmada por el jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez, y el representante del Clan del Golfo, Luis Armando Pérez.

El acuerdo establece que la ubicación de los combatientes será "gradual y progresiva" y el Gobierno se compromete a "adoptar las medidas para brindar garantías de seguridad jurídica y humana a los combatientes" durante su desplazamiento, "incluyendo la suspensión de ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición", según indica el documento citado por el diario Cronista.

El Clan del Golfo, heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), es considerado el mayor grupo criminal del país, con aproximadamente 9.000 integrantes dedicados principalmente al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes.

El Gobierno español, uno de los mediadores del proceso, señaló que "la confianza en el proceso por las partes y el pueblo colombiano es el elemento primordial para su éxito", según declararon fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores a la agencia EFE, citadas por W Radio. España reiteró su "firme compromiso con la paz en Colombia" y felicitó al país suramericano por el acuerdo alcanzado.

Los nuevos compromisos amplían las acciones piloto de sustitución de cultivos ilícitos a otros diez municipios: Ayapel, Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta (en Córdoba); Cáceres, El Bagre y Nechí (en Antioquia); y El Carmen de Bolívar y San Jacinto (en Bolívar).

El documento insta a los colombianos a "reafirmar la construcción de paz como un objetivo común a los intereses de todos" y rechaza las acusaciones de que este esfuerzo de negociación "se enfoca en la revelación de información sobre líderes o estructuras del narcotráfico".

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) ha sido designada para el seguimiento, monitoreo y verificación de los compromisos alcanzados en Doha.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro enfrenta críticas por su gestión del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC. La periodista María Jimena Duzán, en una columna publicada en El País, acusa al mandatario de haber dado "la espalda al Acuerdo de Paz" y de minimizar su importancia.

"El presidente Petro, —quien tiene el palmarés de no haber invitado a la Casa de Nariño ni a un café a los jefes de las extintas FARC—, no hizo ningún acto en el palacio presidencial", señala Duzán sobre la reciente conmemoración del noveno aniversario de la firma del acuerdo.

La periodista afirma que Petro "ninguneó" el acuerdo en su gobierno y que, ya como presidente, consideró que "la paz firmada hace 9 años era incompleta e insuficiente porque dejaba por fuera a otros grupos al margen de la ley", lo que lo llevó a impulsar su estrategia de "Paz Total".

Duzán también critica que el gobierno de Petro haya recortado el presupuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal de justicia transicional creado por el Acuerdo para juzgar a exjefes guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública que cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto.

La columnista señala que, a pesar de las promesas de implementación del Acuerdo, especialmente en lo relacionado con la reforma agraria, los avances han sido lentos. "Aunque las cifras superan a las de Duque, según los últimos datos, es probable que Petro solo alcance a entregar un millón de hectáreas al final de su mandato", indica, cuando el compromiso era entregar 3 millones de hectáreas al Fondo de Tierras.

Otro punto crítico, según Duzán, es el deterioro de las condiciones de seguridad en los territorios que fueron dominados por las FARC, lo que se ha reflejado en el incremento de asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz. "Según Indepaz, de los 460 firmantes de paz asesinados desde la firma del acuerdo, cerca de 110 han caído durante el Gobierno de Petro", afirma.

En el ámbito internacional, el presidente colombiano celebró recientemente el respaldo que, según él, recibió del Congreso de los Diputados de España. "Recibo con agrado el apoyo con el que me digna el Congreso de los Diputados de España", escribió Petro en su cuenta de X.

Sin embargo, según Infobae, se trata de una Proposición no de Ley promovida por partidos de izquierda como el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, y no representa un pronunciamiento oficial de la institución.

El documento reafirma el apoyo al gobierno de Petro y muestra su "disconformidad" con la inclusión del presidente, su entorno familiar y otros miembros del gobierno en la denominada "Lista Clinton", administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El 24 de octubre de 2025, Petro, su exesposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Benedetti fueron incluidos en esta lista, diseñada para identificar y sancionar a personas y entidades vinculadas con el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso español también censura las intervenciones militares realizadas por Estados Unidos contra personas supuestamente implicadas en el narcotráfico en el Caribe o en el Pacífico, argumentando que estas actuaciones "además de ser duros impactos en la población civil colombiana contribuyen a la desestabilización regional y no favorecen la lucha contra el narcotráfico", según informa RTVC Noticias.

A pesar de las críticas y controversias, el proceso de paz con el Clan del Golfo representa un avance significativo en la política de "Paz Total" impulsada por el gobierno de Petro, que busca extender las negociaciones más allá del histórico acuerdo firmado con las FARC-EP en 2016.