Colombia impone arancel del 35% al acero chino en medio de ola proteccionista regional

Colombia se suma a México, Chile y Brasil en la imposición de aranceles contra el acero chino, una tendencia regional que responde al crecimiento exponencial de las exportaciones del gigante asiático hacia América Latina. Según la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), China pasó de enviar 80.500 toneladas a la región en 2000 a cerca de 10 millones de toneladas en 2024, por un valor de 8.500 millones de dólares.

El Decreto 0264, firmado por el presidente Petro junto al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, establece un arancel del 35% —el máximo permitido por la Organización Mundial del Comercio— sobre 14 subpartidas arancelarias específicas. Estas incluyen barras y perfiles de acero, alambres, tubos, grapas metálicas, puntas, clavos, chinchetas, unidades de barras huecas para perforación, manufacturas de alambre, alambrón de hierro sin muescas, perfiles en L o T con altura superior a 80 milímetros y alambre de púas, según detalla el decreto.

"Esta no es una medida restrictiva, es una medida correctiva", argumentó la ministra Morales al anunciar la decisión. El gobierno sustenta la medida en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política, que otorga al presidente la facultad de modificar aranceles, y en las Leyes 7ª de 1991 y 1609 de 2013, además de la Decisión 805 de la Comunidad Andina.

La decisión llega tras "dos años de una investigación técnica profunda", según explicó Daniel Rey, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la ANDI. El análisis técnico citado en el decreto revela que entre enero y agosto de 2025 se registraron incrementos en las importaciones de estas mercancías con crecimientos de entre 5% y más de 290% frente al mismo periodo del año anterior.

El documento oficial señala que entre enero de 2022 y agosto de 2025 se evidenció un predominio de importaciones provenientes de países sin acuerdo comercial, con participaciones de hasta 80% y 90% del total de compras externas. "Busca corregir la distorsión de precios y enfrentar prácticas de competencia desleal", resumió Rey sobre el decreto 264.

La industria siderúrgica colombiana está compuesta por cinco grandes acereras. El grueso de la producción se concentra en Boyacá, donde operan Acerías Paz del Río en Belencito, el Grupo Siderúrgico Reyna en Sogamoso y Diaco en Tuta. En el centro del país está Ternium, con su acería en Manizales y una planta laminadora en Palmar de Varela, en el Atlántico. Al occidente opera Sidoc, la Siderúrgica de Occidente, en Cali. Estas empresas suman una capacidad instalada de 2,6 millones de toneladas de acero al año y generan más de 45.000 empleos directos e indirectos, según cifras del gremio.

Esos números palidecen frente a la escala china. El gigante asiático produce el 53,3% del acero mundial —1.000 millones de toneladas sobre un total global de 1.884 millones—, según la Asociación Mundial del Acero. El segundo productor, India, apenas llega al 7%. Colombia tiene un potencial 385 veces más pequeño que China, una desproporción que lo convierte en lo que los economistas llaman un precio-aceptante, un país sin influencia en los precios internacionales.

El acero se ha abaratado un 2% en el último año. "Tras los aranceles que le impuso Estados Unidos hace casi un año, China ha desviado sus envíos al resto del mundo", señaló Rey. Esa sobreoferta es la que empuja el precio a la baja, según el análisis del sector.

Óscar Eduardo Ríos, del Laboratorio de Fundición de la Universidad de Antioquia, observa el proceso de cerca. Su unidad presta servicios a industrias medianas que trabajan especialmente para la minería y la agricultura. "Este tipo de empresas mezclaban producción local con producción china, pero pasaron a tener solo producción china. En estos momentos, gracias a esa tasa, estamos volviendo a aumentar la producción local", explicó. Sin embargo, advirtió un riesgo: "El sector siderúrgico colombiano es muy antiguo y la protección arancelaria puede convertirse en un techo de productividad si las empresas no usan las utilidades para modernizarse".

La Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, ha advertido que los aranceles encarecerán la vivienda. El hierro y el acero representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, según el gremio. "Esos costos subirían en torno al 3,9%, lo que presionaría el precio final de la vivienda en un 2,2%", señaló Camacol en un comunicado de prensa.

El sector de la construcción lleva 33 meses consecutivos con caída en el dato de las iniciaciones de vivienda y ha perdido más de 136.000 empleos en ese período. Además, antes del arancel ya afronta incrementos acumulados en sus costos de entre 16% y 20%. "¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?", preguntó Guillermo Herrera, presidente de Camacol, en referencia a otras decisiones como el aumento del salario mínimo.

El gremio evalúa acciones jurídicas y califica la medida arancelaria de "inconsistente con la política de vivienda y sin sustento técnico suficiente". El Ministerio de Comercio responde que no genera afectaciones significativas sobre la vivienda porque "el mercado mantiene múltiples fuentes de abastecimiento en condiciones de competencia". Rey, de la ANDI, respalda ese argumento: según sus cálculos, el precio de la vivienda se vería impactado en menos del 1%.

Al sector de la construcción se le suma otro gravamen también decretado, del 25%, a baldosas cerámicas importadas de países sin TLC con Colombia. El Ministerio de Comercio expidió el Decreto 0265 de 2026, mediante el cual impuso este arancel a tres subpartidas de productos cerámicos que incluyen placas y baldosas para pavimentación o revestimiento con coeficientes de absorción de agua de hasta 0,5%, entre 0,5% y 10%, y superiores a 10% de su peso. Estas unidades son traídas en su mayoría desde China e India.

En la subpartida de baldosas con coeficiente de absorción superior a 10%, las importaciones aumentaron 135,47% en 2023, 5,49% en 2024 y 83,73% en el primer semestre de 2025, en comparación con los periodos anteriores, según el Ministerio de Comercio.

Martín Gustavo Ibarra Pardo, consultor en derecho aduanero y CEO de Araújo Ibarra Consultores Internacionales, considera que la medida es jurídicamente válida. "La Constitución establece que el manejo arancelario lo tiene el Gobierno. Es completamente legal", señaló. Esto diferencia a Colombia de Estados Unidos, donde la justicia declaró nulos algunos aranceles porque esa facultad recae en el Congreso.

"Si el país más poderoso del mundo blindó su industria para evitar que quebrara, Colombia, cuya siderurgia es apenas el 1% del tamaño de la estadounidense, tiene argumentos de soberanía suficientes", argumentó Ibarra. El consultor añadió que "mediante estos decretos se protegen dos sectores estratégicos para el país, como el del acero y el de las baldosas". Precisó que el nuevo arancel de 35% resulta pertinente porque el sector del acero encabeza varios clústeres industriales y es considerado "estratégico" o incluso "sagrado" por muchos países, especialmente por su impacto en la seguridad nacional.

"Estos aranceles salvan a los productores colombianos de acero y cerámica de la feroz competencia internacional que surge como consecuencia de los inmensos excedentes globales de ambos productos. Sin esta protección, los productores locales naufragarían rápidamente", advirtió Ibarra.

El decreto establece que la vigencia del arancel al acero es de un año contado desde su entrada en vigor. Pasado ese plazo, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelario y de Comercio Exterior deberá revisar el impacto de la norma. El decreto entra a regir 15 días calendario después de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 31 de marzo. El arancel a productos cerámicos tendrá una duración de dos años, según precisó el Ministerio de Comercio.

El artículo 3 del decreto precisa que las disposiciones aplican "sin perjuicio" de los tratados, convenios y acuerdos internacionales vigentes para Colombia en materia comercial. Eso significa que países con los que Colombia tiene tratados de libre comercio activos podrían quedar por fuera o recibir un tratamiento diferente, aunque el decreto no detalla esas excepciones.

El gobierno sustenta la medida también en el Conpes 4129, documento que define la Política Nacional de Reindustrialización del gobierno colombiano. Ese instrumento busca reducir la dependencia económica del petróleo y del carbón mediante la creación de nuevas fuentes de producción de bienes y servicios que, según el texto, "reconfigurarán la matriz productiva de la economía nacional".

El precedente de lo que puede ocurrir viene de Estados Unidos. En 2018, el entonces presidente Donald Trump impuso un arancel del 25% al acero con argumentos similares a los de Petro: excedentes mundiales, precios artificialmente bajos, industria doméstica en riesgo. Un estudio de la Universidad Pontificia Comillas analizó los efectos en el Rust Belt —la región acerera y manufacturera del noreste de Estados Unidos— entre 2018 y 2019, y sus conclusiones son mixtas: las acereras se beneficiaron —su empleo creció un 2,7% y los beneficios alcanzaron máximos históricos en 2018—, pero el efecto fue insostenible y en 2019 retrocedió. En los sectores dependientes, incluida la construcción, no se destruyeron empleos, pero crecieron menos.

En Colombia, el decreto establece que el comité técnico revisará el impacto en un año, cuando el país verificará si el patrón estadounidense se repite. Con esta decisión, el Gobierno busca fortalecer la producción local y promover la competitividad en sectores que representan cerca de 10% del PIB industrial y generan, en conjunto, más de 50.000 empleos a nivel nacional, según el Ministerio de Comercio.