Las operaciones militares contra el Clan del Golfo, conocido internamente como Ejército Gaitanista de Colombia, reflejan el deterioro de la estrategia de paz total que Petro implementó desde el inicio de su mandato en 2022. Según el Ministerio de Defensa, el presidente ha ordenado 25 bombardeos durante su cuatrienio, de los cuales nueve han apuntado específicamente contra esta organización.

En el sur de Bolívar, tropas del Ejército mataron en combate a alias "Diamante", uno de los cabecillas regionales del grupo en una zona rica en depósitos de oro, caracterizada por escasa presencia estatal y una larga historia de conflicto armado. La Séptima División del Ejército describió la operación como un "ataque estratégico" contra el campamento del grupo.

Aproximadamente 100 kilómetros al suroccidente, en el municipio de Amalfi en Antioquia, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial bombardearon otro campamento durante el fin de semana. Helicópteros y explosiones se escucharon durante varias horas en la zona. Las autoridades indicaron que el objetivo era la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, una de las facciones más activas del Clan del Golfo en una subregión históricamente disputada por la guerrilla del ELN y otros grupos armados.

El bombardeo en Amalfi resultó en la muerte de dos hombres supuestamente vinculados a la organización y la destrucción de dos campamentos que contenían ocho cambuches, plantas eléctricas, radios de comunicación, una antena y material para la fabricación de explosivos artesanales. Esta operación forma parte de la campaña militar denominada "Operación Justiciero" o "Operation Avenger".

El domingo, un día después del bombardeo en Amalfi, la Fuerza Pública realizó un operativo contra la minería ilegal en Segovia, otro municipio del nordeste antioqueño con tradición aurífera. El operativo terminó en disturbios que dejaron una persona muerta y dos heridas. El gobernador conservador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, señaló al Clan del Golfo como responsable de los desmanes, calificándolos de "retaliación" contra las operaciones contra la minería ilegal, que según algunos cálculos genera más ingresos para el grupo que el tráfico de drogas.

El crecimiento del Clan del Golfo durante el mandato de Petro ha sido acelerado, a pesar de los esfuerzos militares. Según cifras de la inteligencia militar, sus filas crecieron de aproximadamente 4.000 miembros en 2022 a casi 10.000 para 2025. En el mismo período, su presencia territorial se duplicó: pasó de 145 municipios en 13 departamentos a 296 municipios en 17 departamentos, según la Fundación Ideas para la Paz. Este crecimiento responde en parte a que el grupo funciona como un "holding" criminal que ha diversificado sus operaciones más allá del narcotráfico, incluyendo minería ilegal, extorsión, trata de personas y contrabando.

Las operaciones militares ocurren en medio de negociaciones fallidas entre el gobierno y el Clan del Golfo bajo la política de paz total. Los acercamientos comenzaron en 2022, un mes después de que Petro asumiera la presidencia, pero la mesa formal de negociaciones no se instaló hasta septiembre de 2025 en Doha, Qatar, después de tres años de desencuentros y retrocesos.

A pesar de las tensiones, las negociaciones produjeron varios acuerdos. Uno de los principales establecía que el grupo concentrara 400 combatientes en zonas pactadas y protegidas del municipio de Tierralta en Córdoba, en la misma región donde ocurrieron los recientes enfrentamientos. Sin embargo, el proceso de reubicación se estancó después de que el medio Noticias Caracol publicara grabaciones en las que el excomisionado de paz Danilo Rueda aparentemente hacía promesas a representantes del Clan del Golfo fuera del marco formal de negociación.

La crisis en las negociaciones se profundizó tras la victoria electoral del 21 de junio de Abelardo de la Espriella, un crítico declarado de la política de paz total y de cualquier negociación con el Clan del Golfo. Cuatro días después de su victoria, el presidente electo dio un ultimátum de un mes a los grupos armados para que "organicen su sometimiento al Estado de derecho", sin ofrecer concesiones ni incentivos.

El Clan del Golfo respondió con una carta en la que admite que someterse será "inevitable", pero exige garantías jurídicas y de seguridad. Simultáneamente, anunció una suspensión temporal de las actividades de extorsión que cobra en más de 50 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, desde el 10 de julio hasta el 10 de octubre.

En medio de esta transición, el gobernador Rendón ha presionado al próximo presidente para que reanude los bombardeos contra los principales cabecillas de los grupos armados y rechace cualquier negociación de paz. El 10 de julio, un día antes del ataque en Amalfi, Rendón presentó un cartel de 19 cabecillas más buscados en Antioquia, el departamento más rico de Colombia, siete de los cuales pertenecen al Clan del Golfo. Esta iniciativa forma parte de una estrategia que denominó "Operación Cazador".

Con menos de un mes para que la política de paz total de Petro llegue a su fin, los rumores de ofensivas militares para desmantelar grupos armados ilegales vuelven a resonar en Colombia. El cambio de administración presidencial promete un giro radical en la estrategia de seguridad, pasando de la negociación a la confrontación militar directa contra las organizaciones criminales.