La Defensoría del Pueblo de Colombia informó que de los 78 asesinatos registrados en el primer semestre de 2026, 61 víctimas fueron hombres y 17 mujeres, según reportó la agencia estatal el viernes. En su comunicado, la institución enfatizó que "debe ser una decisión impostergable proteger la vida de quienes defienden los derechos humanos y construyen paz en los territorios".

Aunque la cifra de este año muestra una disminución respecto al período anterior, Colombia continúa enfrentando una crisis de violencia contra activistas sociales. La Defensoría del Pueblo calcula que en la última década han sido asesinados en el país 1.741 activistas, lo que refleja una tendencia persistente de inseguridad para quienes trabajan en defensa de derechos humanos.

El seguimiento intensivo a estos crímenes comenzó en 2016, cuando el Estado colombiano firmó un histórico acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua de Latinoamérica. Aunque la firma del acuerdo inicial redujo la violencia, esta se elevó paulatinamente a medida que otros grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de las FARC, cooptaron territorios estratégicos para desarrollar economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Según la fiscalía colombiana, los grupos armados ilegales son los mayores perpetradores de homicidios contra líderes sociales. Entre los principales responsables identificados están las disidencias de las FARC, el cártel de la droga Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional.

El gobierno saliente del progresista Gustavo Petro emprendió negociaciones de paz paralelas con los grupos armados ilegales, aunque estas no lograron su desarmamiento. De la Espriella, quien asumirá el poder el 7 de agosto, ha prometido acabar con estos diálogos, ofreciendo a los grupos ilegales la opción de someterse a la justicia o convertirse en objetivos militares.

Hasta el momento, De la Espriella no ha trazado un plan detallado para proteger a los líderes sociales. Sin embargo, durante su campaña electoral señaló que la protección de las comunidades en territorios con conflicto armado pasará por combatir a los grupos ilegales.

La violencia ha generado desplazamientos masivos en Colombia. Entre enero y junio de 2026, 15.960 personas fueron desplazadas y 64.787 permanecen confinadas con restricción de movimientos por amenazas de grupos armados, según advirtió la Defensoría del Pueblo.

Además, en el mismo período se registraron 272 muertes en 68 masacres, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, un observatorio especializado en el conflicto interno colombiano. Estas cifras demuestran la magnitud de la crisis humanitaria que enfrenta el país más allá de los asesinatos selectivos de líderes sociales.

La llegada del nuevo gobierno conservador marca un punto de inflexión en la estrategia estatal frente a la violencia. Mientras Petro buscó negociaciones, De la Espriella ha adoptado una postura más confrontacional. La efectividad de este cambio de enfoque en la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos será determinante en los próximos meses, especialmente considerando que la violencia contra estos activistas ha persistido bajo diferentes gobiernos y políticas durante la última década.