El jueves, el lobby del edificio dentro de la England Airpark Authority se llenó de residentes que acudieron a reclamar a los comisionados que rechazaran la instalación. Uno a uno se anotaron para tomar la palabra en la reunión, mientras a pocos metros de distancia se veía la estructura donde el ICE planea poner en marcha en los próximos meses lo que catalogó como "una instalación de tránsito" para deportar a menores y familias, según reportó El País.

Los vecinos temen que la instalación operará como otro centro de detención convencional. Diana Mobley, de 64 años, residente de la comunidad, cuestionó directamente la lógica de confinar a personas que ya han decidido abandonar el país: "Si estos migrantes ya han decidido su deportación voluntaria, no necesitan estar encerrados. ¿Por qué quieren encerrarlos si dicen que quieren irse a casa? Pónganlos en un avión", dijo en entrevista con El País. Mobley asistió acompañada de su hija Erin Tracy, de 34 años, ambas activistas que han intentado protestar en los espacios del aeropuerto contra la presencia del ICE en su comunidad.

La movilización también fue motivada por la muerte en enero de Renee Good y Alex Pretti, quienes fueron disparados por agentes mientras se oponían a redadas del ICE en Minnesota. Tras esos hechos, Mobley y Tracy fueron retirados de la instalación aeroportuaria y tuvieron que continuar su manifestación en otra zona de Alexandria. Tracy explicó que en otra oportunidad decidieron cambiar de ubicación por miedo: "porque por supuesto que no queremos que alguna persona sea arrestada".

La reunión de la junta incluyó un punto de agenda particularmente controvertido: una enmienda a una ordenanza que podría limitar significativamente el derecho a la protesta dentro del aeropuerto, permitiéndola solo con permiso previo. Los activistas presentes condenaron tanto la apertura del centro de detención como esta restricción a la libertad de expresión. "Tenemos derecho a hacer preguntas, a organizarnos y pedir que rindan cuentas. Si esta junta cree que está tomando la mejor decisión, entonces debe permitir el escrutinio", reclamó uno de los manifestantes, según El País. Otro activista advirtió: "Si a ustedes les parece que esto es molesto e irritante (...) les garantizo que va a haber muchas más" protestas.

Una activista de Luisiana enfatizó el carácter democrático de las demandas: "Es importante que los presentes en esta sala recuerden que esto es una democracia y que cualquier autoridad es un servidor público y está sujeta a rendir cuentas. Es molesto que estén tratando de limitar el derecho a la expresión y a la protesta pública". Mobley, cuya voz se quiebra al recordar miembros de su comunidad que han perdido contacto con familiares tras ser detenidos por el ICE, también ha presenciado a migrantes esposados bajando de aviones que llegan al aeropuerto internacional de Alexandria, el mayor centro del país para la transferencia de inmigrantes que serán deportados.

Ralph Hennessy, director ejecutivo del aeropuerto, se mostró inflexible ante las preocupaciones comunitarias. Cuando se le preguntó si las inquietudes de la comunidad le hacían dudar sobre permitir al ICE abrir el centro, respondió: "No tengo dudas, no las tengo". Hennessy justificó la decisión argumentando que "hay una política de nuestro Gobierno federal y estas compañías están trabajando dentro de los lineamientos fijados bajo contratos con el gobierno federal. Lo que estamos haciendo es concediéndoles un edificio para que operen".

Según la agencia AP, la gestión de la instalación estaría a cargo de LaSalle Family Foundation, una filial de LaSalle Corrections, una de las principales empresas de gestión de prisiones privadas y centros de detención del ICE en varias ciudades de Estados Unidos. El director financiero de la compañía, Tim Kurpiewski, confirmó esta información a AP. En lo que va de 2026, dos migrantes han muerto en centros de detención del ICE gestionados por esta empresa en Luisiana.

Los números reflejan la magnitud del problema de detención migratoria en la región. Para abril de 2026, más de 60.000 personas se encontraban detenidas en instalaciones gestionadas por el ICE, según cálculos del Centro de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC), una organización no partidista dedicada a la investigación y análisis de datos. Luisiana figuraba como el segundo Estado con mayor número de detenidos en centros de la agencia, solo después de Texas.

El edificio que albergará el nuevo centro está siendo renovado en una antigua base militar dentro del aeropuerto. Hennessy explicó que funcionará dentro de una barraca y se apoyará con tráilers habitables que se instalarán para alojar a más personas. El miércoles se vio a trabajadores haciendo renovaciones y pintando el exterior. Hennessy indicó que los trabajos de remodelación se han atrasado y que la instalación "comenzará a operar dentro de 60 días".

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles han levantado banderas rojas sobre las condiciones del edificio. En una carta entregada a los comisionados, unas 10 organizaciones —entre ellas la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y el Proyecto Nacional de Inmigración— denuncian que la estructura contiene asbesto y que se encuentra en un lugar donde hay concentraciones de peligrosos químicos que persisten por años en el ambiente. Hennessy rechazó estas acusaciones, asegurando que la autoridad aérea recibió el edificio luego de haber sido limpiado por los militares: "Nuestra documentación no dice eso. Si otra gente tiene información, hechos, que nos los presente. Hasta ahora, no hay nada que sustente esa acusación".

La comunidad ha dejado clara su intención de continuar movilizándose. Mobley advirtió sobre las consecuencias políticas de la decisión: "Si abren ese centro, van a dejar una mancha en esta comunidad, van a dejar una mancha en esa junta. Y luego van a decirnos que no podemos protestar". Los activistas presentes en la reunión reiteraron su compromiso con la resistencia, independientemente de las restricciones que pudieran imponerse a la protesta dentro del aeropuerto.