Congresistas republicanos de Utah demandan para bloquear nuevo mapa electoral que favorecería a demócratas

La demanda, presentada ante el tribunal federal de Utah, busca impedir que la vicegobernadora Deidre Henderson, como principal funcionaria electoral del estado, implemente el nuevo mapa distrital para las elecciones de 2026, según informaron fuentes judiciales.

Los demandantes solicitan que el tribunal declare inconstitucional el actual mapa de escaños para la Cámara de Representantes de EE.UU. y restablezca el aprobado por los legisladores estatales en 2021, o permita a los legisladores elaborar uno nuevo, según consta en la demanda.

"No alegamos malicia, mala fe o motivos indebidos por su parte", escribieron Owens, Maloy y los codemandantes en un artículo de opinión publicado en el Deseret News. "Por el contrario, esta demanda federal busca liberarla de verse obligada a ejecutar una orden judicial estatal que excede los límites constitucionales federales".

Los demandantes acusan a la jueza del Tercer Distrito, Dianna Gibson, de violar la Cláusula de Elecciones de la Constitución de EE.UU. cuando impuso nuevos límites congresionales que no habían sido aprobados por la Legislatura de Utah. Dicha cláusula establece que "los tiempos, lugares y forma de celebrar elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada estado por la legislatura del mismo".

El 10 de noviembre, Gibson dictaminó que la Legislatura no había cumplido con su interpretación de la ley de redistribución de distritos de la Proposición 4 de Utah. En lugar de pedir a los legisladores que redibujaran un mapa en cumplimiento con los criterios contra la manipulación electoral de la Proposición 4, Gibson ordenó a los funcionarios electorales implementar otro mapa elaborado por grupos de defensa sin fines de lucro que demandaron al estado en 2022.

El nuevo mapa reduce los distritos congresionales de tendencia republicana de Utah de cuatro a tres, y reorganiza los límites electorales de manera que no queda claro en qué distritos deberían presentarse Owens, Maloy o los representantes Blake Moore o Mike Kennedy.

Según Maloy, el nuevo mapa, conocido como Mapa 1, no siguió el proceso descrito en la Proposición 4. En una declaración al Deseret News, Maloy señaló que los nuevos límites electorales nunca pasaron por la comisión de redistribución de distritos o la legislatura, como lo requiere la Proposición 4.

"Este mapa fue creado íntegramente por un grupo que no tiene ninguna responsabilidad ante los votantes de Utah", dijo Maloy. "Como votante de Utah y funcionaria electa, es mi responsabilidad permitir que los votantes de Utah elijan cómo les gustaría que se eligieran sus representantes".

En una sesión especial de diciembre, los legisladores cambiaron la fecha límite para la presentación de candidatos al Congreso de enero a marzo. Pero después de analizar tres mapas potenciales durante los últimos cinco meses, los demandantes argumentan que los candidatos han perdido tiempo crítico para hacer campaña antes de las elecciones de la convención de abril.

Además de crear un juego electoral de sillas musicales, el nuevo mapa parece ignorar las preocupaciones geográficas que los votantes llevaron a la Legislatura e interfiere con el derecho de los votantes a tener un proceso responsable sobre cómo se decide la representación, según alega la demanda.

Los demandantes señalan que el nuevo Distrito 3 diluiría la representación entre 17 condados, tres veces más que otros distritos. El nuevo mapa también separaría a los representantes actuales de proyectos distritales que dependen de financiación federal, según la denuncia.

Katharine Biele, presidenta de la Liga de Mujeres Votantes de Utah, una de las demandantes en el litigio de varios años que aseguró el Mapa 1, dijo al Deseret News que la demanda federal del lunes "plantea los mismos argumentos que la jueza Gibson consideró cuidadosamente y rechazó".

"El mapa actualmente vigente es justo y legal. Continuaremos defendiendo la Proposición 4 y los derechos de los votantes de Utah", afirmó Biele.

En una declaración al Deseret News, el presidente del Partido Demócrata de Utah, Brian King, enmarcó la demanda como el último intento de los republicanos por mantener distritos políticamente desequilibrados a pesar del mensaje enviado por los votantes cuando aprobaron la Proposición 4, y a pesar de recibir oportunidades de la jueza Gibson para remediar el mapa.

"Los habitantes de Utah quieren mapas que representen justamente a los ciudadanos, no mapas que la Legislatura dibuja para proteger a los titulares", dijo King. "El Tribunal se vio obligado a adoptar un mapa que no estaba manipulado porque la Legislatura se negó a hacer su trabajo. El tribunal federal de distrito debería rechazar este esfuerzo desesperado para evitar la voluntad de los habitantes de Utah que votaron por la Proposición 4".

La demanda representa un nuevo capítulo en la saga de redistribución de distritos de Utah que comenzó con la aprobación de la Proposición 4 en 2018 por una estrecha mayoría de votantes. La iniciativa de votación estableció una comisión de redistribución de distritos para recomendar mapas de acuerdo con requisitos de equidad partidista.

En 2021, los legisladores adoptaron nuevos límites electorales que parecían dividir intencionalmente a los votantes demócratas en el condado de Salt Lake después de rechazar las recomendaciones de la comisión de redistribución de distritos, que habían hecho no vinculantes durante la sesión legislativa anterior.

Esto llevó a una demanda en 2022 presentada por la Liga de Mujeres Votantes de Utah y Mujeres Mormonas por un Gobierno Ético. Esto resultó en una decisión de la Corte Suprema de Utah en 2024 que dictaminó que la Legislatura de Utah no puede, en la mayoría de los casos, enmendar iniciativas de votación que reforman el gobierno.

Mientras tanto, el Partido Republicano de Utah ha lanzado una iniciativa para revertir la Proposición 4 de la misma manera que fue aprobada: preguntando a los votantes si les gustaría derogar completamente la ley de redistribución de distritos. El grupo tiene hasta el 15 de febrero para reunir 141,000 firmas verificadas para incluir la pregunta en la boleta electoral.

Rob Axson, presidente del Partido Republicano de Utah, confirmó al Deseret News que el comité de asuntos políticos detrás de la iniciativa de votación —Utahns for Representative Government— también coordinó la demanda federal presentada el lunes como parte del esfuerzo del Partido Republicano para utilizar "todas las herramientas disponibles para proteger la Constitución de Utah y defender el gobierno representativo".

Una encuesta del Deseret News/Hinckley Institute of Politics realizada en enero encontró que más de 4 de cada 10 votantes de Utah no saben si apoyan el esfuerzo del Partido Republicano para derogar la Proposición 4. El resto de los votantes están divididos, con un 26% apoyando la proposición y un 29% oponiéndose a ella.

La reorganización de la redistribución de distritos del estado ya ha provocado una revuelta local. El 15 de diciembre, los comisionados del condado de Washington votaron para rechazar los nuevos límites congresionales ordenados por el tribunal. La razón citada por el comisionado Victor Iverson, quien es demandante en la demanda del lunes, fue protestar contra lo que llamó una "crisis constitucional" creada por el fallo del 10 de noviembre de Gibson.

Utah es uno de varios estados que aún están inmersos en batallas legales sobre los distritos electorales de la Cámara de Representantes antes de las elecciones de mitad de período de este otoño. Un juez ordenó el mes pasado a una comisión de Nueva York que redibujara el único escaño de la Cámara de Representantes de EE.UU. en manos republicanas en la ciudad de Nueva York, tras dictaminar que el distrito diluye inconstitucionalmente los votos de los residentes negros e hispanos. Los republicanos apelaron rápidamente.

La Corte Suprema de EE.UU. está considerando una apelación de un plan de redistribución congresional respaldado por los demócratas aprobado por los votantes de California. Y los tribunales de Missouri están sopesando una variedad de impugnaciones legales a un nuevo mapa de la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobado por la Legislatura de ese estado, controlada por los republicanos.