El Congreso de Brasil suspendió este martes una norma que garantizaba el acceso al aborto legal a niñas y adolescentes víctimas de violación, según confirmaron fuentes legislativas. El texto aprobado en el pleno del Senado dejó sin efecto una resolución del Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda) que establecía una serie de disposiciones sobre cómo actuar en los casos de menores embarazadas por violación.

La Cámara de Diputados ya había tomado la misma determinación en noviembre de 2025, por lo que ahora, con el aval del Senado, la suspensión entrará en vigor en el momento en que se promulgue, según reportó la agencia EFE.

El debate en el plenario del Senado acabó en menos de dos minutos, con una votación simbólica de media docena de los 81 senadores, según informó el medio alemán Berliner Tageszeitung. El Congreso brasileño está controlado por aliados del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y otras fuerzas conservadoras.

**Contenido de la norma suspendida**

La normativa suspendida aseguraba que los familiares no pudieran interferir ni anular la voluntad de la menor, y garantizaba a estas asistencia jurídica gratuita para la protección de sus derechos, según la resolución del Conanda. En caso de desacuerdo de las menores con sus padres o responsables, podían obtener asistencia jurídica gratuita para salvaguardar sus derechos, como interrumpir el embarazo, un punto criticado por los conservadores.

La resolución blindaba el interés absoluto de la víctima, a la que aseguraba "sigilo, autonomía y el derecho de ser escuchada sin sufrir nuevas violencias por parte de las instituciones", según el texto original.

Además, implementaba protocolos de actuación y notificación con el fin de evitar la "revictimización" en los sistemas judicial y sanitario, exigiendo a los profesionales ejercer su labor de forma humanizada, según establecía la norma del Conanda, vinculado al Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.

**Argumentos de los legisladores conservadores**

La relatora del caso, la senadora Damares Alves, exministra en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), argumentó que el Conanda no fue fundado para "crear derechos", ni para "restringir prerrogativas previstas en ley o definir marcos jurídicos adoptados por el Parlamento", según sus declaraciones recogidas por EFE.

Alves también dijo que la norma "desconsidera el papel y vacía el poder de los padres y responsables para decidir sobre la atención de niñas y adolescentes en situaciones de violencia sexual", según reportó Berliner Tageszeitung.

Por su parte, la senadora Eudócia Caldas, del Partido Liberal (PL), que lidera el expresidente Bolsonaro, afirmó que la suspensión de la normativa es una forma de "no favorecer el aborto", según sus declaraciones.

El Senado, de mayoría conservadora, consideró que el Conanda superó sus propias competencias al emitir la resolución, según el análisis realizado en menos de dos minutos.

**Reacción del Conanda**

El Consejo Nacional de los Derechos de los Niños y los Adolescentes (Conanda), que había redactado la resolución, denunció un "grave retroceso", según un comunicado emitido por el ente estatal.

"Es una derrota histórica en la protección integral de niñas y adolescentes en Brasil", dijo el Conanda en su declaración oficial.

**Marco legal del aborto en Brasil**

Actualmente, la legislación brasileña solo permite la realización del aborto cuando el embarazo es producto de una violación, en caso de que se demuestre una malformación cerebral del feto o cuando suponga un riesgo para la vida de la madre, según el Código Penal del país.

En los demás casos, la interrupción del embarazo está tipificada en el Código Penal y prevé penas para las mujeres y los médicos que lo practiquen. Fuera de esas excepciones, el aborto está penado con hasta cuatro años de cárcel, según la legislación vigente.

**Embarazo adolescente: un problema de salud pública**

Los embarazos en la adolescencia siguen siendo un problema de salud pública en Brasil, según datos oficiales. El Ministerio de Salud reportó que en 2025, cerca de 275.000 bebés nacieron de madres adolescentes. De ese total, alrededor de 11.600 fueron concebidos por niñas de entre 10 y 14 años, según las estadísticas gubernamentales.

El Código Penal brasileño tipifica como violación de persona vulnerable toda relación sexual con menores de 14 años, lo que significa que todos los embarazos en ese rango de edad son legalmente producto de violación.

**Implicaciones de la suspensión**

La suspensión de la resolución del Conanda elimina las garantías específicas que protegían a las menores víctimas de violación en su acceso al aborto legal, uno de los tres supuestos permitidos por la legislación brasileña. Sin estos protocolos, las niñas y adolescentes enfrentarán mayores obstáculos para ejercer su derecho legal a interrumpir embarazos producto de violación, particularmente cuando exista oposición de sus familiares o responsables.

La medida representa un endurecimiento en la práctica del acceso al aborto legal en Brasil, a pesar de que formalmente no modifica los tres supuestos en los que la interrupción del embarazo está permitida por ley. La eliminación de los protocolos de atención humanizada y de los mecanismos para evitar la revictimización deja a las menores en una situación de mayor vulnerabilidad institucional.

La decisión se produce en un contexto de creciente influencia de sectores conservadores en el Congreso brasileño, que han impulsado diversas iniciativas para restringir el acceso al aborto en el país sudamericano, incluso en los casos legalmente permitidos.