Congreso de España rechaza prórroga de alquileres que afecta a casi 3 millones de inquilinos

El decreto de vivienda que permitía extender contratos de alquiler y limitaba las subidas de renta al 2% ha sido rechazado definitivamente en el Congreso de los Diputados español, según informaron múltiples fuentes parlamentarias. La medida, aprobada el 20 de marzo de 2026 en un Consejo de Ministros extraordinario, buscaba proteger a inquilinos cuyos contratos vencieran entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

La votación final registró 177 votos en contra provenientes de PP, Vox, Junts per Catalunya y UPN, frente a 166 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos, Coalición Canaria, BNG y Compromís, según datos oficiales del Congreso. El PNV se abstuvo con sus cinco diputados.

El ministro de Consumo y Servicios Sociales, Pablo Bustinduy, defendió el decreto argumentando que "lo que hoy se vota es si actuamos de acuerdo al interés general o al de los especuladores", según recogió El País. Bustinduy advirtió que "lo que está en juego para casi tres millones de compatriotas es poder seguir viviendo en sus casas o ser expulsados de sus barrios".

El ministro señaló que los grandes tenedores, que controlan alrededor del 60% de la vivienda en arrendamiento según sus declaraciones, serían los principales beneficiados del rechazo al decreto, no los pequeños propietarios. "Con el fin de la congelación de los alquileres, el mercado impondrá subidas inasumibles para la mayoría de inquilinos", afirmó Bustinduy.

Desde la oposición, el PP argumentó que el decreto genera inseguridad jurídica y desincentiva la oferta de viviendas en alquiler. El diputado popular Daniel Pérez Osma calificó la medida como "improvisación, propaganda y supervivencia política", según informó El Independiente. Los populares insistieron en que la solución al problema de vivienda pasa por aumentar la oferta, no por regular los precios.

Vox presentó a Carlos Hernández Quero, quien compartió una "confesión incómoda": su hermana será una de las afectadas y probablemente no podrá asumir la renta nueva, según El País. Sin embargo, Quero culpó al Gobierno de un desplome en la oferta de vivienda y definió el decreto como "pan para hoy y hambre para mañana".

Junts per Catalunya justificó su rechazo argumentando que el decreto no respeta el marco competencial de Cataluña. Marta Madrenas, portavoz de Vivienda del partido, lo definió como "jurídicamente defectuoso, económicamente incoherente y socialmente ineficaz", según Público. Madrenas defendió explícitamente a los propietarios: "Ustedes invitan a la fiesta y los propietarios la pagan".

La formación independentista estableció condiciones para futuras negociaciones, incluyendo bonificaciones para propietarios afectados, el IVA franquiciado y más vivienda pública, según Infobae. Fuentes de Junts negaron que hubiera existido una negociación formal con el Gobierno sobre el decreto.

El PNV explicó su abstención señalando que no ve garantías en el decreto. La portavoz jeltzale Maribel Vaquero afirmó que recurrir a los decretos ley "de forma abusiva" no sirve para abordar el problema de la vivienda, según El Independiente. Vaquero consideró incompatible la prórroga con el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

El debate parlamentario estuvo marcado por tensiones internas en el bloque progresista. Varios grupos de izquierda criticaron al PSOE por su supuesta falta de implicación en las negociaciones. Tesh Sidi, portavoz de Más Madrid en el Congreso, afirmó que "el PSOE nos ha dejado solos", según Público. Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar y diputado de Compromís, cuestionó: "La ministra de Vivienda... ¿Dónde está?".

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, no estuvo presente durante todo el debate, alegando compromisos en el Senado a la misma hora, según El País. Su ausencia fue criticada por varios diputados, incluida la valencianista Àgueda Micó de Compromís, quien afirmó que "la ministra no está cumpliendo" y que "necesitamos políticas valientes y el PSOE no lo está siendo", según El Independiente.

El portavoz del PSOE, Patxi López, rechazó las críticas y defendió que "el Gobierno ha hablado y sigue hablando" para sacar adelante el decreto. López aseguró que "cuando negocia un ministro, dos o tres, negocia el Gobierno, no una parte", según Público. El diputado socialista Ignasi Conesa reclamó a los aliados que "no se equivoquen de adversario".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, intentó calmar las aguas afirmando que "no es el Gobierno de España el responsable de lo que pase esta tarde, es de quien tumba este decreto", según Público.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, protagonizó uno de los momentos más tensos del debate. Según El País, Rufián se acercó a los escaños de Junts para entregarles un papel con comentarios contra su posición sobre vivienda, siendo rechazado por sus antiguos socios. Durante su intervención, Rufián sacó un billete de 50 euros y declaró: "Su bandera son 50 pavos", refiriéndose a la alianza entre PP, Vox y Junts. "Van a fastidiar a casi tres millones de personas", añadió el diputado republicano.

Oskar Matute, de EH Bildu, criticó a "los que se ponen de perfil" en clara alusión al PNV. "Aquí les dan igual las banderas, ya sea la ikurriña, la senyera o la española", agregó sobre la alianza de las derechas, según El País.

Desde Podemos, Ione Belarra, y desde el BNG, Néstor Rego, acusaron al PSOE de haberse desentendido de la suerte del decreto, según las fuentes consultadas. Gerardo Pisarello, de Sumar, apuntó directamente al presidente: "¿De qué sirve ser el antagonista de Trump si no actúa contra los grandes rentistas?".

El debate se desarrolló con más de la mitad de los escaños del hemiciclo vacíos. "Miles de inquilinos nos están siguiendo desde sus casas y aquí el hemiciclo está semivacío", observó Bustinduy, según El País. En la bancada del PP, los escasos presentes se situaron en el flanco que abarca el tiro de cámara. Del PSOE no asistió ningún ministro además de los de Sumar: Yolanda Díaz, Ernest Urtasun y Mónica García.

Tras la votación, Bustinduy aseguró que el Gobierno volverá a presentar el decreto "las veces que haga falta", según El Independiente. "Esta noche pensaré en toda la gente que ha pedido la prórroga y en todas las formas posibles de trabajar desde la política para servirles", declaró el ministro.

Varios grupos de izquierda exigieron al Gobierno que vuelva a presentar el decreto mediante un nuevo Consejo de Ministros extraordinario. Sumar había estimado que 600.000 contratos de alquiler podrían beneficiarse de esta medida durante el mes que estuvo en vigor, según El Independiente.

Desde Podemos, Javier Sánchez Serna indicó que "el Gobierno no puede quedarse de brazos cruzados" y reclamó "un plan b". "Hace un mes el Gobierno consideraba que había una crisis habitacional. Esa situación no desaparece porque decaiga este decreto", afirmó.

Àgueda Micó, de Compromís, fue más contundente: "El PSOE se tiene que creer que la emergencia habitacional es el problema más importante y dejarse la vida en ello", según El Independiente. La diputada valencianista consideró que la falta de implicación hace a la ministra "como poco idónea para el cargo".

La votación de este martes representa la tercera derrota consecutiva de esta medida y evidencia la consolidación de una mayoría alternativa en el Congreso. Esta alianza de PP, Vox, Junts y UPN va reemplazando de forma tácita a la coalición que invistió a Pedro Sánchez, imponiendo su visión sobre temas económicos y sociales, según El País.

La portavoz popular Ester Muñoz sintetizó la situación: "No hay mayoría para gobernar", cuestionando las reiteradas afirmaciones del Ejecutivo sobre la existencia de una "mayoría progresista", según El Independiente.

A partir del miércoles 30 de abril, la congelación de los alquileres dejará de estar en vigor, dejando en un limbo legal a quienes se acogieron a la prórroga durante el mes que estuvo vigente. Según el Gobierno, la medida podía beneficiar potencialmente a 2,7 millones de personas.

La vivienda encabeza las preocupaciones ciudadanas según todas las encuestas, como señaló Bustinduy durante el debate. El ministro advirtió que "cada euro de más" que tengan que destinar las familias al alquiler o "cada plan que se trunque" tendrá "nombres y apellidos", en referencia a los grupos que votaron en contra.

El rechazo del decreto plantea interrogantes sobre la capacidad del Gobierno de Sánchez para aprobar medidas sociales clave en lo que resta de legislatura, especialmente en un contexto donde la vivienda se ha convertido en la principal preocupación de los ciudadanos españoles.