En una ceremonia cargada de tensión celebrada el 4 de junio de 2026 en el Hemiciclo de la Rotonda de Guayaquil, el comandante de la Fuerza Aérea ecuatoriana, Mauricio Salazar, pronunció palabras que jamás se habían escuchado en boca de un alto mando militar del país: "Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil", según reportó El País.

Cada palabra del perdón fue redactada por los jueces de la Corte Constitucional de Ecuador, que en una sentencia inédita obligaron al Estado a reconocer públicamente su responsabilidad en la desaparición y muerte de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, cuatro menores de entre 12 y 17 años del barrio Las Malvinas.

**Los hechos del 8 de diciembre de 2024**

Según determinó la investigación judicial, el 8 de diciembre de 2024, 16 militares pertenecientes a la Fuerza Aérea interceptaron a los cuatro menores cerca del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Los soldados los detuvieron, los golpearon, los desnudaron y los abandonaron en una zona apartada de la ciudad, según la fuente. Días después, sus cuerpos aparecieron junto a un manglar.

Habían pasado casi 18 meses desde la desaparición de los menores cuando se realizó el acto de disculpas públicas. La justicia ecuatoriana condenó a los integrantes de la patrulla a la pena máxima de 34 años de prisión en primera instancia, según El País.

**Un reconocimiento forzado por la justicia**

El acto de perdón no fue voluntario. La Corte Constitucional obligó al Estado ecuatoriano a realizarlo, en una decisión que marca un punto de inflexión en la política de seguridad impulsada por el presidente Daniel Noboa. En enero de 2024, Noboa decretó un conflicto armado interno contra organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos, reforzando desde entonces el protagonismo de las Fuerzas Armadas en las calles, según la fuente.

Organizaciones de derechos humanos sostienen que esa estrategia ha venido acompañada de un aumento de denuncias por desapariciones forzadas y otros abusos cometidos por militares, según El País. Desde 2024, cuando el Gobierno decretó el conflicto armado interno, la Fiscalía ha registrado 51 denuncias de desapariciones forzadas, una cifra que va en aumento, según la misma fuente.

Durante la lectura del perdón, Salazar continuó: "Arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente", frente a los padres de las víctimas. Las palabras fueron escuchadas por familiares y vecinos que contenían en sus rostros la rabia en medio del silencio, que solo cuando terminó de hablar Salazar pudieron gritar: "¡Eran niños!", "¡Asesinos!", según El País.

**Hostigamiento previo al acto**

El perdón llegó en medio de un clima de desconfianza. Un día antes del acto, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que familiares de las víctimas estaban siendo hostigados por militares. Entre los hechos reportados constaba la presencia de soldados en la vivienda de una de las madres, un episodio que la organización calificó como un acto de amedrentamiento, según la fuente.

"En otras ocasiones, dentro de este mismo caso, lo que ha ocurrido son ataques a jueces que sentencian, a organismos de derechos humanos que han patrocinado el caso y a las familias que las señalan como parte de grupos organizados", dijo Billy Navarrete del CDH, según El País.

Muchos recibieron las disculpas públicas con escepticismo, entendiendo que si no hubiesen sido obligados por el máximo tribunal del país, ese acto jamás se hubiese realizado, según la fuente.

**Más allá de los cuatro niños**

Para Diana Roca, del Comité de Madres Buscadoras, el acto tenía un significado que iba más allá del caso de los cuatro niños. "Es una forma de que la gente conozca lo que pasó, y que también se visibilicen nuestros casos, para que sepan que no solo fueron los cuatro niños de las Malvinas; antes de los niños de las Malvinas existieron más desaparecidos por militares. Solo que nadie habló de ellos", dijo Roca, según El País.

Diana es tía de Dave Robin Loor Roca, un joven de 20 años que desapareció el 26 de agosto de 2024, tras ser requisado por una patrulla militar en la ciudad de Ventanas, en Los Ríos, la provincia de la costa ecuatoriana que se ha convertido en el epicentro de la violencia, según la fuente. "Buscamos que las Fuerzas Armadas desclasifiquen la información y nos digan dónde están todos los desaparecidos", dijo Roca, según El País.

**Omisiones y estigmatización**

La parte más dura de las disculpas llegó cuando el comandante leyó que el Estado no solo había fallado en proteger a los cuatro menores, sino también en responder a sus familias. La Corte Constitucional obligó a reconocer que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no proporcionaron información inmediata, completa ni veraz sobre la detención, el paradero y la suerte de los niños, según El País.

La respuesta oficial, admitió el texto, fue "tardía, fragmentaria y contradictoria", una cadena de omisiones que prolongó durante días la incertidumbre de los padres mientras buscaban a sus hijos sin recibir respuestas, según la fuente.

Después vino otra admisión poco habitual en un país donde las autoridades rara vez rectifican: el reconocimiento de que altos funcionarios contribuyeron a estigmatizar a las víctimas. Durante semanas, funcionarios del Gobierno rechazaron que se tratara de una desaparición forzada e insinuaron vínculos de los adolescentes con estructuras criminales, reforzando estereotipos sobre la juventud afrodescendiente de los barrios más pobres de Guayaquil, según El País.

"Lo más importante es que el nombre de estos niños no se manche", dijo Susana Veloz, de la Fundación Nueva Vida, que trabaja en Las Malvinas y conocía de cerca a los cuatro. "Eran chicos sanos, deportistas, artistas, que tenían ganas de vivir y muchos sueños", dijo Veloz, según la fuente.

**La respuesta de los padres**

Cuando terminó la lectura, llegó el momento más esperado del acto: la respuesta de los padres. Uno a uno tomaron el micrófono y, pese al dolor acumulado durante un año y medio entre la búsqueda, incertidumbre, el proceso judicial y el duelo, aceptaron las disculpas públicas del Estado, según El País. No porque consideraran cerrado el caso, sino porque entendían el gesto como un reconocimiento que durante meses les fue negado, según la fuente.

Luis Arroyo, padre de Josué e Ismael, dijo que al menos existía la esperanza de que reconocieran que se había actuado mal contra los cuatro niños y que esa decisión había devastado a familias enteras, según El País. Silvana Lajones, madre de Steven, aseguró que aceptaba el perdón porque no le correspondía juzgar, según la fuente. Y Johana Arboleda, madre de Nehemías, aprovechó el momento para reiterar la exigencia que ha acompañado a los familiares desde el primer día: conocer toda la verdad sobre lo ocurrido y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse, según El País.

**Un final abrupto**

La última en intervenir fue Kathy, madre de Josué e Ismael. Pidió que se pusieran de pie las madres buscadoras de desaparecidos. Varias mujeres se levantaron con sus carteles con los rostros de sus familiares, según la fuente. Entonces, un militar vestido de civil comenzó a exigirles que se sentaran. La tensión se apoderó de la sala, según El País.

Los presentadores dieron por concluido el acto de forma abrupta y el comandante abandonó el lugar escoltado por una docena de soldados, según la fuente. El acto concebido para pedir perdón terminó con una escena que resumía la desconfianza acumulada durante meses: las familias reclamando respuestas mientras los militares se retiraban en silencio, según El País.

**Implicaciones para la política de seguridad**

La sentencia de la Corte Constitucional representa un desafío directo a la estrategia de seguridad del presidente Noboa, que ha apostado por una militarización de la lucha contra el crimen organizado. El reconocimiento forzado de responsabilidad estatal en violaciones de derechos humanos cometidas por militares podría sentar un precedente para otros casos similares en Ecuador.

Con 51 denuncias de desapariciones forzadas registradas por la Fiscalía desde que se decretó el conflicto armado interno en 2024, y una cifra que continúa en aumento, el caso de los cuatro niños de Las Malvinas expone las consecuencias de una política de seguridad que, según organizaciones de derechos humanos, ha venido acompañada de un incremento de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

La exigencia de las familias de conocer toda la verdad y de que las Fuerzas Armadas desclasifiquen información sobre los desaparecidos plantea interrogantes sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el marco del conflicto armado interno declarado por el Gobierno ecuatoriano.