La Corte Constitucional de Ecuador ordenó al Estado ecuatoriano reconocer públicamente su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro menores afrodescendientes de entre 12 y 17 años, ocurrida en diciembre de 2024. El 4 de junio de 2026, el comandante de la Fuerza Aérea leyó un texto redactado por los jueces en el que admitió que 16 militares detuvieron, golpearon, desnudaron y abandonaron a los niños, cuyos cuerpos aparecieron días después junto a un manglar en Guayaquil. La sentencia sin precedentes marca un punto de inflexión en la política de seguridad del presidente Daniel Noboa, quien decretó un conflicto armado interno en enero de 2024.