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Corte Constitucional de Sudáfrica ordena revisar proceso de destitución contra el presidente Ramaphosa

La Corte Constitucional de Sudáfrica declaró inconstitucional la votación del Parlamento que rechazó iniciar un proceso de destitución contra el presidente Cyril Ramaphosa por el escándalo de Phala Phala, en el que 580.000 dólares en efectivo fueron robados de su granja privada en 2020. La decisión, emitida el 8 de mayo de 2026 por la presidenta del tribunal Mandisa Maya, ordena que el caso sea remitido a un comité de destitución parlamentario, reabriendo la posibilidad de un juicio político contra el mandatario.

INTERNACIONAL8 MAY 2026

La Corte Constitucional de Sudáfrica anuló este jueves la decisión del Parlamento que en diciembre de 2022 rechazó iniciar un proceso de destitución contra el presidente Cyril Ramaphosa, declarando que la votación fue inconstitucional y ordenando que el caso sea revisado por un comité de destitución, según informó la presidenta del tribunal Mandisa Maya.

"Se declara que la votación de la Asamblea Nacional realizada el 13 de diciembre de 2022 es inconsistente con la Constitución, inválida, y queda anulada", dijo Maya al emitir el fallo, según reportó DW.

El caso se origina en el robo de aproximadamente 580.000 dólares en billetes estadounidenses que estaban ocultos en un sofá en la granja privada Phala Phala del presidente en la provincia de Limpopo, ocurrido en febrero de 2020, según las fuentes. El asunto salió a la luz pública en junio de 2022 cuando Arthur Fraser, exjefe de inteligencia sudafricano, acusó a Ramaphosa de ocultar el robo.

La Corte no se pronunció sobre el fondo de las acusaciones, sino que examinó si los legisladores actuaron legalmente al rechazar la recomendación de un panel independiente que había sido designado por el Parlamento para investigar si Ramaphosa violó la ley en su manejo del robo, según DW.

El desafío legal fue presentado por dos partidos de oposición, los Luchadores por la Libertad Económica (EFF) y el Movimiento de Transformación Africana (ATM), que argumentaron que la decisión del Parlamento de desestimar los hallazgos del panel fue irracional e inconstitucional, según la misma fuente.

En 2022, el Parlamento instruyó a un panel encabezado por el exjuez presidente de Sudáfrica, Sandile Ngcobo, para investigar el asunto. El panel encontró que el presidente tenía un caso que responder y recomendó que los legisladores procedieran con una investigación de destitución sobre las acusaciones, según DW.

El Congreso Nacional Africano (ANC) de Ramaphosa utilizó entonces su mayoría en el Parlamento para rechazar las recomendaciones del panel mediante una votación de 214 contra 148, según informó Informanté. Fue entonces cuando el EFF y el ATM llevaron el asunto a los tribunales.

La Corte Constitucional determinó que la Sección 89 de la Constitución sudafricana establece obligaciones claras para el Parlamento de garantizar la rendición de cuentas del ejecutivo, según Informanté. En el fallo mayoritario, Maya, junto con el vicepresidente en funciones Madlanga y los jueces Theron y Rogers, dictaminaron que la Regla 129A, que permitía al Parlamento terminar los procedimientos de destitución en una etapa preliminar, era inconstitucional porque impedía un compromiso completo con los méritos del caso y socavaba la rendición de cuentas.

El tribunal también encontró que la votación del Parlamento estuvo influenciada por un error material de derecho y, por lo tanto, no podía mantenerse, según la misma fuente.

Un fallo separado de los jueces Kollapen, Mathopo, Jafta y el juez en funciones Sigcau difirió en su interpretación, argumentando que las obligaciones del Parlamento bajo la Sección 89 se limitaban a desarrollar reglas y que las decisiones sobre destitución permanecían dentro de la discreción del Parlamento, según Informanté.

Ramaphosa ha negado constantemente haber actuado mal en el asunto y no ha sido acusado de ningún delito, según DW. El presidente afirmó que el dinero era el pago por búfalos comprados por un empresario sudanés. También fue exonerado en investigaciones separadas realizadas por el Banco de la Reserva, el Servicio de Ingresos y un organismo de control independiente, el Defensor Público, según la misma fuente.

En reacción al fallo, la oficina del presidente dijo que Ramaphosa ha proporcionado consistentemente su total asistencia a las diversas investigaciones sobre el asunto. "El presidente Ramaphosa mantiene que ninguna persona está por encima de la ley y que cualquier acusación debe ser sometida al debido proceso sin temor, favor o prejuicio", declaró la Presidencia, según DW.

El EFF escribió al presidente del Parlamento para "iniciar inmediatamente el proceso" de formar el comité de destitución, según la misma fuente. Julius Malema, líder del EFF, dijo a una multitud de seguidores después de que se emitiera el fallo: "Ramaphosa va a ir a la cárcel. Con la cantidad de artimañas y evidencia que saldrá de ese proceso de destitución, no hay forma de que Ramaphosa no vaya a la cárcel", según DW.

La decisión representa un revés significativo para el presidente, quien ha enfrentado acusaciones persistentes de que buscó ocultar el robo para evitar el escrutinio sobre la gran cantidad de moneda extranjera que mantenía como su propiedad, según DW.

El fallo también plantea un desafío para el gobierno de coalición de Ramaphosa. El ANC ya no tiene mayoría en el Parlamento pero sigue siendo el partido más grande en el gobierno de unidad nacional del presidente, según DW.

Parece que Ramaphosa no puede contar con el apoyo de la Alianza Democrática (DA), el segundo partido más grande en el gobierno de coalición, según la misma fuente. Su líder, Geordin Hill-Lewis, dijo que la DA "respetaría la ley" y que el fallo trazó "una línea clara entre la DA y el ANC".

"El ANC ha presidido una cultura política en la que la rendición de cuentas se retrasa, diluye o evita cuando se vuelve inconveniente. La DA representa un tipo diferente de política en la que la Constitución viene antes que la lealtad al partido, y ningún líder está protegido de responder ante el pueblo", escribió Hill-Lewis en X, según DW.

El caso ahora ha sido remitido de vuelta al comité de destitución del Parlamento, reabriendo la posibilidad de procedimientos de destitución bajo la Sección 89 contra Ramaphosa, según Informanté. La decisión judicial obliga al Parlamento a reconsiderar el informe del panel independiente y determinar si procede con una investigación formal de destitución contra el presidente sudafricano.

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