Los jueces de la Corte Penal Internacional emitieron una decisión unánime por escrito confirmando los 17 cargos contra El Hishri después de que los fiscales presentaran un resumen de su evidencia en una audiencia en mayo, donde alegaron que El Hishri abusó de detenidos en la prisión de Mitiga durante seis años. Los jueces declararon que "existen fundamentos sustanciales para creer que el Sr. El Hishri es responsable" de los crímenes.

Según los cargos, El Hishri ocupaba una posición de poder en la prisión de Mitiga, donde la violencia sexual fue generalizada en la sección de mujeres bajo su mando. Los fiscales señalaron que su brutalidad le valió el apodo del "Ángel de la Muerte". La prisión de Mitiga se convirtió en un símbolo de represión durante el período de inestabilidad política que siguió al colapso del régimen de Muammar Gadafi.

La Fiscal Adjunta Nazhat Shameem Khan calificó la decisión como un hito importante para la corte, afirmando que "nos acerca un paso más a entregar justicia para miles de víctimas que fueron arrestadas ilegalmente, detenidas y sometidas a sufrimiento severo en la Prisión de Mitiga". Esta decisión representa un avance significativo en los esfuerzos de la CPI por abordar crímenes de lesa humanidad cometidos durante el período de caos que siguió a la caída del régimen de Gadafi en 2011.

El abogado del sospechoso, Yasser Hassan, había instado a los jueces a no confirmar los cargos contra su cliente y argumentó que la corte no tenía jurisdicción. Sin embargo, en un fallo separado esta semana, los jueces confirmaron que la CPI tiene jurisdicción en el caso. No se fijó inmediatamente una fecha para que comience el juicio.

Libia no es miembro de la Corte Penal Internacional, pero el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas encargó al organismo judicial en 2011 que lanzara una investigación en el país cuando descendía hacia la anarquía tras el levantamiento que derrocó al dictador de larga data Moammar Gadafi. La corte emitió una orden de arresto contra Gadafi, pero los rebeldes lo mataron antes de que pudiera ser detenido y enviado a La Haya.

Este caso llega en un momento de tensión significativa entre la Corte Penal Internacional y Estados Unidos. El Secretario de Estado estadounidense Marco Rubio anunció el lunes que Estados Unidos estaba lanzando una "campaña integral para desmantelar la amenaza que representa la Corte Penal Internacional para la soberanía estadounidense". Rubio dijo que presionará a los 125 estados miembros de la corte para que se retiren de la institución, sancionará organizaciones que trabajan con la corte y prohibirá que el personal viaje a Estados Unidos. Los países que "disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad estadounidense" serán instados a rechazar la jurisdicción de la corte sobre ciudadanos estadounidenses.

La administración Trump ya ha impuesto sanciones contra la Fiscal Jefe de la CPI, Karim Khan, y una docena de otros funcionarios de la CPI en represalia por las órdenes de arresto que la corte emitió contra altos funcionarios israelíes por la guerra en Gaza e investigaciones sobre personal estadounidense en Afganistán. Esta campaña refleja una fricción creciente entre la superpotencia y la institución judicial internacional, que ha generado preocupaciones sobre la capacidad de la corte para funcionar de manera independiente.

El caso contra El Hishri representa un paso importante en la búsqueda de responsabilidad por los crímenes cometidos durante el período de inestabilidad en Libia. La prisión de Mitiga fue un centro de detención donde se reportaron abusos generalizados contra detenidos, incluyendo tortura sistemática y violencia sexual. El juicio, cuando comience, será el primero de la CPI enfocado específicamente en crímenes cometidos en Libia, estableciendo un precedente importante para la responsabilidad internacional en la región norteafricana.