Corte Suprema de Colombia lleva a juicio a Arturo Char por presunta compra de votos en elecciones de 2018

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ha decidido llevar a juicio al exsenador Arturo Char, expresidente del Congreso, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante agravados. La investigación revela un complejo esquema de manipulación electoral que operó en el departamento del Atlántico entre octubre de 2017 y marzo de 2018.

Según la Corte, la operación electoral fue mucho más allá de un simple acuerdo político. El objetivo era asegurar la elección de tres candidatos: Aída Merlano al Senado, Lilibeth Llinás Delgado a la Cámara de Representantes y la reelección del propio Arturo Char al Senado.

El epicentro de esta presunta red de fraude electoral fue la sede política conocida como 'Casa Blanca' en Barranquilla, que también servía como base de campaña de Aída Merlano, quien ya fue condenada por estos mismos hechos y se ha convertido en la principal testigo de la investigación.

Las pruebas recopiladas por la Corte Suprema incluyen testimonios de varios testigos clave, entre ellos Rafael Rocha Salcedo, Vicente Rosania y Edwin Martínez Salas, quienes señalan presuntas visitas de Char a la sede de Casa Blanca entre octubre y diciembre de 2018.

Durante un allanamiento a esta sede, las autoridades encontraron evidencia significativa: 18 computadores, listados de votantes, letras de cambio, recibos de caja, $261 millones en efectivo y un arma de fuego. Estos elementos, según la Corte, son consistentes con una operación de compra y venta de votos financiada por poderosos clanes políticos regionales.

Un elemento clave en la estructura era Adalberto Llinás, quien presuntamente actuaba como coordinador político encargado de garantizar al menos 10.000 votos para la campaña de Arturo Char.

El proceso judicial contra Char tiene antecedentes significativos. En septiembre de 2023, la Corte Suprema emitió una orden de captura internacional después de que el exsenador fijara su residencia en Estados Unidos. Fue capturado al regresar a Colombia, aunque posteriormente fue liberado en enero de 2024 por un juez de Santa Marta que ordenó su libertad por vencimiento de términos.

Arturo Char, de 58 años, ha defendido su inocencia. Sostiene que su traslado a Estados Unidos fue por razones familiares y que no existía una orden de captura cuando lo hizo. Su defensa ha anunciado que interpondrá recursos y que nuevas pruebas podrían llevar a revaluar su rol en el proceso.

Si la defensa no logra revertir la decisión mediante un recurso de reposición, el caso pasará a la Sala de Primera Instancia para iniciar formalmente el juicio. La investigación no solo compromete a Arturo Char, sino que expone las prácticas de uno de los clanes políticos más influyentes del Caribe colombiano.

El proceso judicial representa un golpe significativo para la familia Char, que ha controlado políticamente el departamento del Atlántico durante casi dos décadas, con una profunda influencia en la política regional y nacional.