Corte Suprema de EE.UU. evalúa eliminación de protecciones migratorias para 1,3 millones de personas

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó argumentos el miércoles sobre la decisión de la administración Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para cientos de miles de inmigrantes haitianos y sirios, en un caso que podría determinar el destino de 1,3 millones de personas de 17 países, según reportaron medios estadounidenses.

Varios jueces conservadores parecieron inclinarse a favor del argumento de la administración republicana de que la ley limita lo que los tribunales pueden hacer respecto al TPS, según las fuentes. El resultado podría depender de cómo voten el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett.

Si los jueces fallan a favor de la administración, las autoridades podrían retirar las protecciones a hasta 1,3 millones de personas de 17 países, exponiéndolas a posible deportación, según las fuentes. La mayoría conservadora de la corte previamente permitió a las autoridades de inmigración terminar las protecciones legales para 600.000 venezolanos.

El Departamento de Justicia argumentó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tiene autoridad exclusiva para terminar el TPS y que las decisiones de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no están sujetas a revisión judicial, según las fuentes. La corte también considerará si Noem siguió el proceso requerido, incluyendo la consulta con el Departamento de Estado.

Los abogados de aproximadamente 350.000 haitianos y 6.000 sirios contraargumentan que los tribunales pueden revisar si el gobierno cumplió con la ley, según las fuentes. Argumentan que los funcionarios evitaron pasos requeridos y que la decisión de terminar las protecciones para los haitianos fue impulsada en parte por discriminación ilegal.

Noem concluyó que Haití y Siria ya no cumplían las condiciones para el estatus protegido, afirmando que las circunstancias en ambos países habían mejorado, según las fuentes. Sin embargo, el Departamento de Estado actualmente aconseja a los estadounidenses no viajar a ninguno de los dos países, advirtiendo que "ninguna parte de Siria está a salvo de la violencia" y que Haití permanece bajo estado de emergencia en medio de crímenes violentos generalizados.

La administración apeló a la Corte Suprema después de que jueces en Nueva York y Washington D.C. bloquearan las terminaciones, según las fuentes. En febrero, un juez federal en Washington determinó que Noem probablemente no siguió los procedimientos apropiados al terminar la designación de Haití y dijo que había evidencia de "animosidad anti-negra y anti-haitiana", señalando rumores falsos de Trump de que inmigrantes haitianos estaban secuestrando y comiendo mascotas.

En un caso separado, un juez federal en Nueva York falló en noviembre a favor de siete demandantes sirios con TPS o que lo solicitaban, según las fuentes. Los tribunales de apelaciones se negaron a suspender ninguno de los dos fallos.

Al instar a la Corte Suprema a no intervenir, los abogados de los demandantes haitianos dijeron que las deportaciones podrían poner a las personas en riesgo de muerte, según las fuentes. Los abogados de los demandantes sirios cuestionaron la urgencia de la administración, señalando que muchos titulares de TPS han vivido en Estados Unidos durante más de una década.

La administración Trump pidió a los jueces que le permitieran inmediatamente revocar las protecciones, pero en marzo la corte optó por escuchar argumentos en lugar de emitir un fallo de emergencia, según las fuentes.

Creado en 1990, el TPS proporciona alivio humanitario a personas de países afectados por guerra, desastres naturales u otras crisis, según las fuentes. Los beneficiarios obtienen estatus legal y pueden solicitar permisos de trabajo, generalmente en incrementos de 18 meses.

Los haitianos han sido elegibles para TPS desde un devastador terremoto en 2010, mientras que los sirios calificaron a partir de 2012 durante la guerra civil del país, según las fuentes. A marzo de 2025, aproximadamente 1,3 millones de personas tenían TPS, según el Foro Nacional de Inmigración.

A principios de este mes, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó para restablecer las protecciones de TPS para los haitianos, con algo de apoyo republicano, aunque el Senado aún no ha actuado y la Casa Blanca ha prometido un veto, según las fuentes.

El caso representa una prueba crucial de los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración y de la capacidad de los tribunales para revisar decisiones administrativas que afectan a cientos de miles de personas que han construido sus vidas en Estados Unidos durante años o décadas. La decisión de la Corte Suprema, que se espera en los próximos meses, establecerá un precedente significativo sobre el alcance de la revisión judicial en políticas migratorias y podría tener consecuencias inmediatas para más de un millón de personas que actualmente viven y trabajan legalmente en el país bajo protección temporal.