Corte Suprema de EE.UU. impide que recluso rastafari demande a guardias que le cortaron las rastas por motivos religiosos

El caso involucra a Damon Landor, quien en 2020 cumplía condena por un delito relacionado con drogas cuando guardias del Centro Correccional Raymond Laborde lo esposaron a una silla y le raparon la cabeza, según registros judiciales. Landor había dejado crecer su cabello durante 20 años hasta las rodillas como parte de su fe rastafari, cuyos seguidores no se cortan el cabello como conexión física con Dios, conocida como el voto nazareo, según informó El País.

Durante los primeros cuatro meses de su encarcelamiento, Landor pudo mantener sus rastas, pero fue rapado a la fuerza después de ser trasladado al Centro Correccional Raymond Laborde para el último mes de su sentencia, según la BBC. Landor informó a un guardia que era rastafari y compartió una copia impresa de una sentencia de 2017 del Tribunal del Quinto Circuito que determinó que las reglas del Departamento de Instituciones Penitenciarias de Luisiana que requieren que las personas rastafari se corten el pelo constituyen una violación de la Ley sobre el Uso de Tierras con Fines Religiosos y Personas Institucionalizadas, conocida como RLUIPA por sus siglas en inglés, según El País.

Los guardias tiraron esos documentos a la basura antes de esposarlo a una silla para cortarle el cabello, muestran los registros judiciales según la BBC. Cuando el director de la cárcel solicitó documentación, Landor no la tenía de inmediato. Dos oficiales lo llevaron entonces a otro cuarto, lo esposaron a una silla, lo sujetaron y le raparon la cabeza, según El País.

La decisión del tribunal supremo, redactada por el juez conservador Neil Gorsuch, estableció que la RLUIPA, que se aplica a prisiones locales que reciben fondos federales, no permite demandas legales contra funcionarios individuales. "Bajo la Cláusula de Gastos, el Congreso carece de autoridad regulatoria para imponer responsabilidad sobre ellos directamente y debe depender en cambio del consentimiento", escribió Gorsuch según la BBC.

El razonamiento del tribunal se basa en que las leyes aprobadas bajo la Cláusula de Gastos funcionan de manera similar a un acuerdo entre el gobierno federal y quienes reciben fondos federales, según El País. Según este razonamiento, el sistema penitenciario de Luisiana aceptó esos fondos y, con ello, las obligaciones impuestas por la RLUIPA. Sin embargo, los empleados penitenciarios demandados a título personal nunca celebraron ese acuerdo con el gobierno federal, por lo que no podían ser considerados personalmente responsables por daños y perjuicios bajo esa ley, según El País.

Gorsuch añadió que la facultad del Congreso para asignar fondos no equivale a un poder general de regulación, por lo que las obligaciones derivadas de este tipo de legislación solo vinculan a quienes aceptan voluntaria y conscientemente las condiciones asociadas a los fondos federales, según El País.

Landor y sus abogados argumentaron que los oficiales perciben sueldos federales y, por lo tanto, son beneficiarios de fondos federales. Pero la Corte no estuvo de acuerdo, aunque no se pronunció sobre si hubo una violación de la RLUIPA, sino sobre si los oficiales podían ser considerados personalmente responsables de dicha violación, según El País.

La jueza liberal Ketanji Brown Jackson emitió un voto disidente al que se sumaron las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan, según El País. Jackson argumentó que la mayoría interpretó erróneamente la RLUIPA como si fuera un contrato y no una ley federal, y sostuvo que el Congreso sí tenía autoridad para permitir demandas por daños y perjuicios contra funcionarios que vulneren los derechos religiosos protegidos por la ley, según El País.

En su disidencia, Jackson escribió que el objetivo de la RLUIPA era "asegurar que las prisiones estatales y locales respeten el derecho de los prisioneros al ejercicio religioso", según la BBC. "Prisioneros como Landor que sufren violaciones de su libertad religiosa en prisiones estatales, sin importar cuán flagrantes sean, a menudo quedarán sin remedio", escribió Jackson según la BBC.

Según la disidencia, la decisión podría dificultar la protección efectiva de esos derechos y limitar el alcance de otras leyes federales vinculadas a fondos federales, según El País.

Un juez federal y un tribunal de apelaciones fallaron contra Landor antes de que el caso llegara a la Corte Suprema, argumentando que la RLUIPA no permitía a Landor demandar a funcionarios penitenciarios por daños como individuos, según la BBC.

En una declaración a USA Today, Landor dijo que sus rastas son "una parte de mí y parte de quien soy", según la BBC. "Así que cuando cortaron mi cabello, cortaron mi corona", dijo según la BBC. En una declaración posterior, Landor expresó: "Estoy decepcionado pero no derrotado. Lo que me sucedió violó mi fe y mi dignidad", y "no debería sucederle a nadie más", según The New York Times.

La decisión marca un alejamiento de una serie de fallos recientes de la Corte Suprema en los que los jueces generalmente se han puesto del lado de reclamos de libertad religiosa, según la BBC. En 2022, el tribunal se puso del lado de un recluso condenado a muerte en Texas que quería que su pastor lo tocara y rezara en voz alta en el momento de su ejecución, según The New York Times. Ese mismo año, el tribunal dictaminó que un entrenador de fútbol americano de secundaria tenía un derecho constitucional a rezar en la línea de 50 yardas después de los partidos de su equipo, según The New York Times.

En 2020, la Corte Suprema había dictaminado que la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa, un estatuto relacionado de 1993, permitía demandas por daños individuales contra funcionarios federales por violaciones a la libertad religiosa, según la BBC. En ese fallo, el tribunal supremo había dicho que hombres musulmanes que fueron colocados en la lista de no volar del gobierno porque se negaron a servir como informantes del FBI podían buscar responsabilizar financieramente a agentes federales, según la BBC.

Pero en el caso de Landor, Luisiana argumentó que la RLUIPA debería tratarse de manera diferente porque gobierna instituciones estatales, según la BBC. Mientras que los estados acuerdan cumplir con las reglas federales cuando aceptan fondos federales, ese acuerdo no crea una responsabilidad personal para empleados penitenciarios individuales, dijo el estado según la BBC.

La administración Trump y los abogados del exrecluso Landor habían instado a la Corte Suprema a permitir que su demanda procediera, según The New York Times.

La RLUIPA protege el ejercicio religioso de las personas encarceladas al impedir que las prisiones impongan restricciones sustanciales a sus prácticas religiosas sin una justificación gubernamental de gran peso, según El País. Esta ley fue aprobada por el Congreso en 2000 y se basa en la Cláusula de Gastos, una disposición constitucional que permite al gobierno federal imponer ciertas condiciones a los estados y entidades que reciben fondos federales, según El País.

Tras su liberación, Landor presentó una demanda contra el Departamento Correccional de Luisiana y varios funcionarios a título individual, reclamando una indemnización por daños y perjuicios en virtud de la RLUIPA, según El País. El tribunal de distrito desestimó las demandas de Landor basadas en la RLUIPA tanto contra los agentes como contra el departamento. En apelación, Landor impugnó únicamente la desestimación de su demanda contra los agentes a título individual, según El País.

Por consiguiente, los casos ante el tribunal de apelación y la Corte Suprema se referían únicamente a Landor y a los agentes. Los dos desestimaron las demandas de Landor porque los oficiales individuales no tenían un acuerdo con el gobierno federal, según El País.