La Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló este lunes las órdenes de captura emitidas en mayo de 2025 contra el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón, según informó el máximo tribunal guatemalteco. La resolución, fechada el 9 de abril, declaró ilegales las 26 órdenes giradas por la Sala Tercera de Apelaciones en el marco del caso Odebrecht, beneficiando también a otros exfiscales anticorrupción perseguidos por investigar sobornos de la constructora brasileña a funcionarios guatemaltecos.
La Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala revocó la resolución de la Sala Tercera de Apelaciones que en mayo de 2025 había ordenado la persecución penal contra Iván Velásquez, exjefe de la CICIG entre 2013 y 2019, y Luz Adriana Camargo Garzón, exjefa del departamento de Investigación y Litigio de esa comisión y actual fiscal general de Colombia, según informó el tribunal en su fallo dado a conocer este lunes.
La resolución del máximo tribunal guatemalteco concluyó que las órdenes de captura fueron ilegales, al considerar que la Sala de Apelaciones se extralimitó en sus funciones, según el documento. En mayo del año pasado, ese órgano debía limitarse a determinar si una jueza de primera instancia continuaba al frente del caso iniciado por el Ministerio Público contra Velásquez, Camargo y otros ocho exfiscales anticorrupción, pero de forma sorpresiva resolvió girando órdenes de captura contra quienes no estaban sujetos a ellas y declarando rebeldes a quienes ya tenían una vigente, según la Corte Suprema.
En los considerandos del fallo, el tribunal señaló que es evidente la vulneración de los derechos denunciados por los interponentes del amparo, pues se extralimitó en el ejercicio de sus facultades legales al emitir ilegalmente órdenes de captura sin tener competencia legal para ello, según el documento. La CSJ indicó que cualquier solicitud de detención debió haberse presentado ante el juzgado contralor del proceso, y no ante una sala de apelaciones.
La resolución también beneficia a Thelma Aldana, exfiscal general de Guatemala, así como al exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, y cinco exfiscales más que investigaban una trama de sobornos a diputados guatemaltecos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para ganar la construcción de obras millonarias, según el fallo. Aunque estos siguen con órdenes de captura vigentes giradas por otros tribunales, la resolución del supremo les retira la calidad de rebeldes, que no les permitía defenderse en sus procesos, según la Corte.
El caso Odebrecht indaga el pago de sobornos de la constructora brasileña a funcionarios guatemaltecos a cambio de contratos de infraestructura, según las fuentes. La resolución de la Sala Tercera en mayo de 2025 fue por petición de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuyo jefe Rafael Curruchiche aseguró en ese momento que la estructura criminal encabezada por el excomisionario Velásquez benefició a empresarios de la constructora Odebrecht y provocó que el Estado de Guatemala perdiera más de 3 mil millones de quetzales, según declaraciones recogidas por medios locales.
El 12 de mayo de 2025, el juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Abelina Cruz, autorizó siete órdenes de captura por este caso, según reportes. Curruchiche señaló que a través de empresas de cartón fluyó dinero que fue utilizado por Odebrecht para sobornar a funcionarios guatemaltecos, y que los exinvestigadores se beneficiaron con este caso, según sus declaraciones.
Al respecto, Velásquez, quien actualmente es diplomático de Colombia en el Vaticano, publicó en su cuenta de X: A casi un mes de finalizar el periodo de la corrupta fiscal general Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala, según su mensaje.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI y quien lideró las investigaciones por las que ahora son perseguidos, dijo en una entrevista telefónica que la resolución representa una esperanza. Después de mucho tiempo, es la primera vez que nos admiten un recurso. De repente da la impresión de que algo puede cambiar en el sistema de justicia guatemalteco, señaló. Sandoval añadió: Ojalá que un nuevo fiscal general revise todos los casos de criminalización en contra de nosotros porque no es posible seguir sosteniendo esto. Al menos yo, con todo esto, tengo la esperanza de volver. En una situación como la mía, uno vive todos los días con la maleta lista. Aunque yo me iría con lo que tengo puesto. Me iría ya, según sus declaraciones.
Sandoval es uno de los 13 exfiscales y de las más de 100 operadores de justicia, activistas y periodistas exiliados de Guatemala desde 2022 debido a la persecución del Ministerio Público liderado por Consuelo Porras, la actual fiscal general, según reportes. Con la llegada de Porras al Ministerio Público en mayo de 2018, se consolidó el desmontaje de la CICIG, un experimento iniciado en 2007 que buscaba combatir la impunidad en crímenes como la corrupción y delitos contra la humanidad cometidas en Guatemala, según las fuentes.
La CICIG fue creada en 2007 como un mecanismo de cooperación entre la ONU y el Estado guatemalteco, según reportes. Durante el período de Velásquez al frente de la comisión, entre 2013 y 2019, la CICIG desmanteló más de un centenar de redes de corrupción enquistadas en instituciones públicas, incluyendo altos funcionarios del gobierno, militares y empresarios, según las fuentes.
Tras la decisión del entonces presidente Jimmy Morales de no renovar el mandato del organismo en 2019, Porras empezó a desplazar y a hostigar a fiscales que habían sido claves en el combate a la corrupción hasta forzarlos al exilio, según reportes. Bajo la administración de Porras se revirtieron los avances en casos emblemáticos de corrupción y se desarticularon las unidades especializadas que sostenían esas investigaciones, debilitando de forma sistemática la capacidad institucional para perseguir redes político-criminales y consolidando un clima de persecución contra operadores de justicia independientes, según las fuentes.
Porras ha sido sancionada por más de 40 países, entre ellos Estados Unidos, y señalada por corrupción, según reportes. Recientemente también fue vinculada a un caso de adopciones ilegales de menores en los años ochenta, según las fuentes. Pese a ello, lucha por mantener su inmunidad y se ha propuesto a ser reelecta, según reportes.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, afirmó este lunes que la funcionaria no tiene ninguna posibilidad de ser electa. Difícilmente hay un perfil menos idóneo para Fiscal General, afirmó en declaraciones publicadas en su cuenta de redes sociales.
La salida de Porras aviva las esperanzas para los fiscales guatemaltecos en el exilio, según Sandoval. El fallo de la Corte Suprema representa el primer recurso admitido a favor de los exfiscales perseguidos después de mucho tiempo, lo que genera expectativas de un posible cambio en el sistema de justicia guatemalteco y la eventual revisión de los casos de criminalización contra operadores anticorrupción, según las declaraciones de los beneficiados.