Departamento de Justicia de EE.UU. llega a acuerdos por presunta censura en redes sociales durante gobierno de Biden

El Departamento de Justicia estadounidense alcanzó acuerdos judiciales en casos que acusaban al gobierno de Biden de coaccionar a compañías de redes sociales para censurar contenido que consideraba desfavorable, según anunció la agencia esta semana. Las demandas alegaban que estas acciones violaron la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.

Los acuerdos implementan la orden ejecutiva del presidente Trump titulada "Restaurando la Libertad de Expresión y Terminando la Censura Federal", que reconoce que "la administración anterior pisoteó los derechos de libertad de expresión al censurar el discurso de estadounidenses en plataformas en línea, frecuentemente ejerciendo presión coercitiva sustancial sobre terceros, como compañías de redes sociales, para moderar, desplataformar o de otra manera suprimir discurso que el Gobierno Federal no aprobaba", según el Registro Federal del 28 de enero de 2025.

"La administración Biden coaccionó a compañías de redes sociales para sofocar la libertad de expresión que desaprobaban", dijo la fiscal general Pamela Bondi, según el comunicado del Departamento de Justicia. "Estos acuerdos del Departamento de Justicia son pasos clave para deshacer esos abusos de la Primera Enmienda, especialmente contra medios conservadores. Nunca vacilaremos en proteger el derecho de los estadounidenses a hablar libremente".

El fiscal general asistente Brett Shumate, de la División Civil, afirmó que "este Departamento está comprometido a defender los derechos de la Primera Enmienda de todos los estadounidenses. Nadie debería tener su derecho a participar en discurso constitucionalmente protegido en línea infringido por coerción gubernamental ilegal de compañías de redes sociales", según el comunicado oficial.

Los casos judiciales y hallazgos previos

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Luisiana determinó que actores del gobierno estadounidense probablemente habían causado que ciertos demandantes fueran desplataformados por importantes compañías de redes sociales, según el Departamento de Justicia. Los acuerdos alcanzados evitan la necesidad de continuar el litigio en estos casos.

Los casos específicos mencionados son Missouri contra Biden, número 3:22-cv-1213 en el Distrito Oeste de Luisiana, y Children's Health Defense contra Biden, número 23-cv-0381 en el mismo distrito, según la información proporcionada por el Departamento de Justicia.

La orden ejecutiva de Trump, publicada en el Registro Federal con el número 90 Fed. Reg. 8243 el 28 de enero de 2025, establece el marco legal que sustenta estos acuerdos. La orden reconoce explícitamente que la administración anterior ejerció presión coercitiva sobre plataformas de redes sociales para moderar o suprimir contenido.

Implicaciones constitucionales y prioridades del Departamento

La Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos prohíbe al gobierno restringir la libertad de expresión. Las demandas argumentaban que cuando el gobierno presiona a empresas privadas para censurar contenido, efectivamente está violando este derecho constitucional de manera indirecta, una práctica conocida jurídicamente como "acción estatal" a través de terceros.

El Departamento de Justicia señaló que asegurar el derecho del pueblo estadounidense a participar en discurso constitucionalmente protegido es una prioridad de la agencia, según el comunicado oficial. Los acuerdos representan un reconocimiento formal por parte del gobierno federal de que las acciones previas pudieron haber violado derechos constitucionales fundamentales.

Los términos específicos de los acuerdos, incluyendo cualquier compensación monetaria o compromisos de cambio de políticas, no fueron detallados en el anuncio del Departamento de Justicia. Tampoco se especificó qué plataformas de redes sociales estuvieron involucradas ni qué tipo de contenido fue suprimido.

Contexto político y tensiones sobre moderación de contenido

La cuestión de la moderación de contenido en redes sociales ha sido un tema políticamente divisivo en Estados Unidos. Figuras conservadoras han argumentado durante años que las plataformas tecnológicas censuran desproporcionadamente voces de derecha, mientras que las empresas de redes sociales han defendido sus políticas de moderación como necesarias para combatir desinformación y discurso de odio.

La referencia específica de la fiscal general Bondi a "medios conservadores" en su declaración subraya la dimensión política de estos casos. La administración Trump ha hecho de la lucha contra la presunta censura en redes sociales una prioridad desde su regreso al poder.

Estos acuerdos marcan un punto de inflexión significativo en la relación entre el gobierno federal y las plataformas de redes sociales. Establecen un precedente de que la presión gubernamental sobre empresas privadas para moderar contenido puede constituir una violación constitucional, potencialmente limitando la capacidad de futuras administraciones para influir en las políticas de moderación de contenido de las plataformas digitales.

El Departamento de Justicia indicó que información adicional sobre la División Civil está disponible en su sitio web oficial, pero no proporcionó detalles adicionales sobre implementación futura o casos relacionados pendientes.