La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado dos organizaciones criminales de trata de seres humanos en operaciones separadas que han permitido liberar a más de un centenar de víctimas. En Nules, Castellón, un centenar de hombres pakistaníes fueron rescatados de condiciones de hacinamiento y explotación laboral, mientras que en una operación paralela se liberó a tres mujeres sudamericanas sometidas a explotación sexual. Las redadas han resultado en varios detenidos, cuatro de ellos en prisión provisional.
La Guardia Civil ejecutó a las 3:45 de la madrugada del martes una macrorredada en Nules, municipio castellonense de 14.000 habitantes, que culminó con la liberación de un centenar de víctimas de trata laboral, según informó El País. El operativo, que movilizó medio centenar de agentes, varios helicópteros y múltiples furgones, se centró en siete viviendas propiedad del presunto cabecilla de la red.
Los agentes derribaron la puerta del domicilio del presunto responsable, un hombre de nacionalidad pakistaní que residía con su mujer y cuatro hijos menores en la calle Buenavista, según relataron fuentes presenciales a El País. Ambos fueron detenidos y trasladados esposados. La Guardia Civil confirmó que hay "varios detenidos" en el marco del operativo, aunque las diligencias han sido declaradas secretas.
Las víctimas, todas varones de origen extranjero y en su mayoría pakistaníes, vivían hacinadas en condiciones infrahumanas. En una de las viviendas registradas, ubicada en el número 45 de la calle Padre Tomás Lucas, residían 25 personas en una casa de planta baja y primer piso totalmente desvencijada, con un ventanal exterior tabicado y sin luz ni agua, hasta que el propietario empalmó el suministro desde su piso a través de un patio común, según El País.
Entre 80 y 100 víctimas fueron trasladadas a una explanada anexa al consultorio médico del distrito marítimo de Nules, habilitado extraordinariamente para prestar atención sanitaria y social. Las personas rescatadas aguardaron horas con mascarillas, sentadas en silencio y con sus pertenencias en bolsas de plástico, según describió El País.
Según testimonios vecinales recogidos por El País, el cabecilla regentaba "una especie de ETT, sin sede física, todo por teléfono", ofreciendo trabajo principalmente en el campo citrícola y alojamiento a sus compatriotas. "Les cobraba por todo", sostienen los vecinos: desde el alquiler, aunque compartieran casa con otras veinte personas, hasta el desplazamiento en furgoneta, el material para la recolección de naranjas y una comisión por capazo.
Un extrabajador pakistaní del presunto cabecilla, residente desde hace dos décadas en España, corroboró estas prácticas a El País. Describió salarios de 20 euros por jornada completa como temporero, de los cuales el cabecilla "se quedaba los seis euros del transporte". También mencionó fianzas de 1.000 euros por viviendas que nunca se cedieron, pagos previos por tramitar empadronamientos e impagos sistemáticos a los trabajadores. "Él no trabaja, pero gana mucho dinero", afirmó en referencia al presunto líder. La operación, desarrollada íntegramente por la Guardia Civil de Castellón, continúa abierta.
En una operación paralela, la Policía Nacional desarticuló una red de explotación sexual que operaba en Castellón, Madrid, Sevilla y Alicante, liberando a tres mujeres sudamericanas y deteniendo a 11 integrantes de la organización, según informó El País. Cuatro de los principales responsables ingresaron en prisión provisional.
La investigación se inició en septiembre de 2025 tras declaraciones de varias víctimas que revelaron la existencia de un entramado criminal internacional, según El País. Las mujeres, en situación de vulnerabilidad personal, económica y social, eran captadas en sus países mediante aplicaciones de mensajería instantánea. Los responsables utilizaban engaños y técnicas de manipulación para ganarse su confianza y persuadirlas de viajar a España.
La red proporcionaba billetes de ida y vuelta, reservas de hotel y seguro médico de viaje para simular un viaje turístico y evitar sospechas en controles fronterizos, según El País. Una vez en España, las víctimas contraían una deuda de 7.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución.
Las mujeres eran explotadas en clubes y pisos prostíbulo en Castellón, Madrid y Sevilla, permaneciendo días o semanas en una vivienda antes de ser trasladadas a otros inmuebles gestionados por la organización, según El País. Su libertad estaba limitada a dos horas diarias de descanso y debían trabajar 24 horas al día, siete días a la semana, sin poder negarse a ningún servicio sexual.
Los gastos de manutención y material profiláctico corrían a cargo de las víctimas, según El País. El reparto teórico de beneficios era del 50 por ciento para las mujeres y 50 por ciento para la responsable del piso, "aunque esta condición rara vez se cumplía", destacaron fuentes de la investigación.
Las víctimas eran obligadas a ceder su imagen para anuncios en páginas web de contactos y estaban permanentemente vigiladas, según El País. Debían aceptar cualquier servicio sexual, incluso sin protección, estando enfermas o durante la menstruación, y estaban obligadas a consumir, transportar y ofrecer estupefacientes, siendo sancionadas si se negaban.
La red utilizaba fotografías de familiares de las víctimas en sus países de origen como forma de intimidación para garantizar que continuaran ejerciendo la prostitución sin denunciar, según El País. Los investigados exigían el pago periódico de la deuda mediante llamadas telefónicas y realizaban traslados continuos entre prostíbulos del territorio nacional.
Se practicaron cuatro diligencias de entrada y registro en Castellón, donde fueron liberadas las tres víctimas, según El País. De los 11 detenidos, seis fueron arrestados en Castellón, dos en Madrid, dos en Sevilla y uno en Alicante. Los cuatro responsables en prisión están acusados de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.
Durante el operativo se intervinieron dos teléfonos móviles, un datáfono utilizado para cobrar servicios sexuales y documentación relacionada con la actividad criminal, según El País. La Policía Nacional mantiene la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar denuncias anónimas y confidenciales de este tipo de delitos, sin que la llamada quede registrada en la factura telefónica.