El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo en Florida a Armando Fernández Larios, exagente de la policía secreta de la dictadura chilena de Augusto Pinochet, quien enfrenta cinco peticiones de extradición por violaciones a los derechos humanos. La detención, ocurrida en octubre de 2025 pero anunciada en enero de 2026, ha generado asombro en Chile, donde el exmilitar de 76 años es requerido por múltiples asesinatos, incluido el del excanciller Orlando Letelier.
La detención de Armando Fernández Larios, un emblemático exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), ha causado conmoción tanto en Chile como en círculos internacionales de derechos humanos. El ICE informó el 27 de enero de 2026 sobre su captura en Fort Myers, Florida, aunque esta se produjo realmente en octubre de 2025, según informaciones recogidas por El País.
Fernández Larios, exmayor del Ejército chileno de 76 años, aparece en el noveno puesto de un listado denominado "Arrestados: lo peor de lo peor", difundido por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que reúne a quienes considera los criminales extranjeros más peligrosos detenidos por la agencia, según reporta ADN Radio.
El exagente vivía en Estados Unidos desde hace casi cuatro décadas, tras huir de Chile en 1987. Su detención resulta particularmente sorprendente porque, según explica el abogado de derechos humanos Luciano Foullioux a El País, Fernández Larios se encontraba supuestamente bajo protección legal de Estados Unidos desde ese año, cuando se declaró culpable como encubridor del asesinato del excanciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier, y su asistente estadounidense Ronnie Moffitt, ocurrido en Washington en 1976 mediante un atentado con explosivos.
Por ese caso, Fernández Larios cumplió apenas cinco meses de detención tras cooperar con la justicia estadounidense. "Allá entregó mucha información", señala Foullioux a El País. Esta cooperación le permitió obtener beneficios judiciales similares a los que recibió Michael Townley, el autor material del doble asesinato en Washington, quien también goza de protección legal ratificada en 2015.
"Él fue uno de los agentes mimados y promovidos por la DINA. Era una persona de poca edad para el golpe de Estado [23 años], pero de inmediato entró a los equipos de seguridad y estuvo en la Caravana de la Muerte. Desertó de la DINA y se acogió en Estados Unidos al sistema de protección de testigos, que yo entiendo que es de por vida. Por eso es tan rara su detención", explica a El País Juan Pablo Letelier, exsenador socialista e hijo del excanciller asesinado.
Fernández Larios es considerado un exagente de élite de la dictadura y, según el abogado Nelson Caucoto, quien fue parte de la Vicaría de la Solidaridad, "era un hombre de confianza de Contreras y Pinochet. Y un tipo que empezó a participar desde el asalto a La Moneda", el 11 de septiembre de 1973, cuando se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Salvador Allende.
Actualmente, el exagente es requerido en Chile por múltiples crímenes. Entre ellos, el homicidio de Ronnie Moffitt; el asesinato del ciudadano español y funcionario de la CEPAL, Carmelo Soria, cometido en Santiago en julio de 1976; el crimen de Manuel Sanhueza Mellado en Pisagua; y su papel en la llamada "Caravana de la Muerte", operativo militar encabezado por el general Sergio Arellano Stark poco después del golpe de Estado, que asesinó sin juicio a 73 prisioneros políticos en distintas ciudades de Chile.
Además, en 2005, la justicia chilena pidió su extradición por la desaparición del ingeniero civil David Silberman, ocurrida en 1973. En 2003, la Corte Federal de Miami lo declaró responsable legal, tras una demanda civil, del asesinato del economista Winston Cabello, perpetrado en octubre de 1973 en Copiapó, en el norte de Chile.
El abogado Cristian Cruz, impulsor de causas por delitos de lesa humanidad, describe a Fernández Larios como "una persona cruel, sádica, que incluso llegó a torturar mediante un corvo hasta la muerte y aun después de muertas sus víctimas las siguió acometiendo", según declaraciones recogidas por La Communis.
El crimen de Letelier fue uno de los tres operativos internacionales más notorios que realizó el departamento exterior de la DINA en los primeros años de la dictadura de Pinochet. En 1975, sus agentes intentaron asesinar en Roma a Bernardo Leighton, exministro del Interior del expresidente democristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), y a su esposa Anita Fresno, quienes sobrevivieron con graves secuelas. Un año antes, en 1974, la DINA asesinó en Buenos Aires al excomandante en jefe del Ejército, el general constitucionalista Carlos Prats, y a su esposa Sofía Cuthbert, mediante una bomba colocada en su automóvil.
El embajador de Chile en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés, quien en 1976 trabajaba junto a Letelier mientras estaba exiliado en Estados Unidos, recuerda a El País una escena ocurrida durante el juicio a Fernández Larios en Washington, en mayo de 1987. En la audiencia estaba presente la viuda de Orlando Letelier, Isabel Margarita Morel: "Era una sala llena de gente. Fernández Larios estaba de pie. De pronto el juez dice: 'Está aquí la señora Isabel. El acusado ha admitido responsabilidad y participación en el asesinato de su marido y pide que usted lo perdone'. E Isabel dijo: 'Yo soy cristiana y lo perdono. Pero también tengo que decir, señor juez, que el culpable del asesinato de mi marido no está en esta habitación; está en el Palacio de La Moneda y se llama Augusto Pinochet'".
El asesinato de Letelier también fue juzgado en Chile durante los primeros años de la transición democrática. La investigación la realizó el juez Adolfo Bañados, fallecido a los 103 años el 1 de febrero de 2026, seis días después de que se conociera la captura de Fernández Larios. En 1993, el magistrado dictó las primeras condenas por violaciones a los derechos humanos en la dictadura contra Manuel Contreras, director de la DINA, y el brigadier Pedro Espinoza, su segundo al mando, quienes ingresaron al penal de Punta Peuco en 1995.
El canciller chileno, Alberto van Klaveren, reconoció que el actual gobierno de su país sabía que Fernández Larios "estaba detenido hace bastante tiempo", según informa La Communis.
Desde que se hizo pública su detención, abogados y familiares de las víctimas de los crímenes por los que se busca en Chile al exagente de la DINA están en alerta. Francisco Ugás, abogado querellante en el caso Soria, señala a El País que hay varios testigos que indican que "él estuvo en el lugar de detención de Soria", donde el diplomático fue brutalmente torturado.
Hernán Quezada, abogado de las tres hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, dice a El País que observa con atención el caso. En 2010, el juez chileno Alejandro Solís dictó seis condenas por el asesinato de los Prats y, en la sentencia, Fernández Larios aparece más de 100 veces mencionado por sus vínculos con el departamento exterior de la DINA.
La expectativa de que sea juzgado también la tiene Juan Pablo Letelier: "La justicia tarda... Hay muchas familias en Chile que fueron víctimas de la Caravana de la Muerte y quieren justicia; en el caso de Carmelo Soria también quieren justicia. Armando Fernández Larios nunca debió haber estado libre en Estados Unidos".
Respecto a la posibilidad de que Fernández Larios regrese a Chile, el abogado Cristian Cruz advierte que "no pocos oficiales trataron de descargar su responsabilidad acusando de sus propios hechos a Fernández Larios; entonces, si vuelve a Chile y dice la verdad, también va a complicar a muchos de esos oficiales. Por lo tanto, hay que, creo yo, tenerlo en una situación que impida que los poderes fácticos, los poderes castrenses, puedan acceder a él".