El proyecto ingresó al Congreso de Chile en su primer trámite constitucional y fue suscrito por dos diputados del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré; tres parlamentarias del Partido Republicano, fundado por el presidente José Antonio Kast —Chiara Barchiesi, Catalina del Real y Claudia Reyes—; y por Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, formación del oficialismo de derecha tradicional.

La iniciativa propone modificar el Código Sanitario para agregar un requisito adicional a la ley que permite interrumpir el embarazo en tres supuestos: cuando la vida de la mujer está en peligro, por inviabilidad fetal o por violación. Según el proyecto, antes de realizar la interrupción, el médico cirujano deberá informar a la mujer "conforme a la edad gestacional" si "resulta detectable la actividad cardíaca del embrión o feto" y luego ofrecerle "de manera verbal y directa, la oportunidad de escuchar los latidos mediante los medios técnicos disponibles, junto con una descripción objetiva de los mismos".

El texto establece que la mujer "podrá declinar libremente este ofrecimiento", pero añade una cláusula problemática: "con todo, el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica". Esto significa que si la mujer rechaza escuchar los latidos, el médico podría negarse a realizar el procedimiento. Además, "de la realización del ofrecimiento y de la decisión de la mujer se dejará constancia escrita en su ficha clínica".

El proyecto no es una iniciativa original. Emula el decreto publicado en Hungría en 2022 durante el Gobierno del ultraderechista Viktor Orbán, que obliga a las mujeres a presentar un documento certificando haber recibido información sobre los signos vitales del feto antes de la interrupción del embarazo. En 2023, el partido español Vox copió ese protocolo en Castilla y León, y ese mismo año, Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, propuso como concejal en Río de Janeiro una medida similar para mujeres víctimas de violación.

La moción se presenta nueve años después de que Chile aprobara un cambio histórico en su legislación sobre aborto. En 2017, durante el segundo Gobierno de la socialista Michelle Bachelet (2014-2018), se permitió el derecho de las mujeres a interrumpir sus embarazos en los tres supuestos mencionados. Ese proyecto de ley fue uno de los de mayor simbolismo presentados durante esa administración y enfrentó una dura batalla judicial cuando la derecha lo llevó al Tribunal Constitucional, que finalmente falló que no vulneraba la Carta Fundamental.

Aunque la iniciativa es parlamentaria y no proviene del Gobierno, existe una alineación ideológica clara en la administración actual. El presidente José Antonio Kast y su ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, del Partido Social Cristiano, son ambos contrarios al aborto. Marín, de hecho, fue activista antiaborto antes de asumir su cargo ministerial.

El diputado libertario Urruticoechea, quien encabeza la iniciativa, cuestionó directamente la aprobación de las tres causales en 2017. En declaraciones a Televisión Nacional el lunes, afirmó que significó en Chile "convertir el crimen en ley". Sobre el proyecto "Escucha tu corazón", señaló: "Seguiremos dando todas las batallas necesarias para, en lo posible, terminar con este flagelo que no solamente involucra la muerte de un ser inocente, sino que hemos descubierto que también involucra y tiene aristas que hasta el momento no tenían precedentes en nuestro país".

La propuesta ha generado rechazo inmediato de sectores progresistas. Antonia Orellana, exministra de la Mujer y Equidad de Género del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026), catalogó la iniciativa como "una crueldad legislativa". En una carta divulgada el domingo en sus redes sociales, la frenteamplista señaló que Urruticoechea sigue "el guion de la ultraderecha colombiana y estadounidense" en "un proyecto que pretende obligar a mujeres y niñas en las causales de interrupción del embarazo por violación, inviabilidad o riesgo vital, proponerles escuchar el pulso del embrión".

Orellana cuestionó específicamente la aplicación de esta medida en casos de violación, citando palabras del propio Urruticoechea: "No insistiré con el caso de violación pues el propio diputado Urruticoechea ya dijo que ellas el aborto no las 'desviola', con una falta de empatía brutal". Luego planteó preguntas retóricas sobre la aplicabilidad de la medida: "¿Realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá a escuchar? ¿O a la mujer en riesgo vital y por tanto en procedimiento de emergencia?".

Orellana también expresó sorpresa por el apoyo de las cuatro diputadas mujeres a la moción: "Sorprende de que mujeres concurran con su firma a este acto que, más que estar en contra del aborto, está en contra de la humanidad".

El proyecto "Escucha tu corazón" contiene un solo artículo y se encuentra en su primer trámite constitucional. Su avance legislativo dependerá de los votos en la Cámara de Diputados de Chile, donde la composición actual incluye una significativa representación de fuerzas de derecha y extrema derecha que podrían respaldar la iniciativa. Sin embargo, también existe una importante bancada progresista que se opone frontalmente a la medida.

La iniciativa refleja una tendencia global de sectores ultraconservadores por implementar obstáculos adicionales al acceso al aborto, incluso en contextos donde ya existen restricciones significativas. En Chile, donde el aborto solo es legal en tres causales específicas desde 2017, esta propuesta representaría una restricción adicional que afectaría desproporcionadamente a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, particularmente víctimas de violación sexual y aquellas cuyo embarazo presenta riesgos para su vida.