Las relaciones entre México y Estados Unidos atraviesan un momento de máxima tensión en materia de seguridad. Durante la inauguración del evento que reunió a más de 3.000 participantes, incluyendo fuerzas del orden, educadores, familias y líderes de distintos sectores, Cole expresó que "en la DEA, la aplicación de la ley es nuestra base. Ponemos todo el peso de nuestra agencia en la lucha contra los cárteles, sus facilitadores, distribuidores, lavadores de dinero, proveedores de sustancias químicas y cualquier persona que se beneficie envenenando a ciudadanos estadounidenses. Esto incluye la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el Gobierno mexicano. Son inseparables. Y en la DEA, son nuestra máxima prioridad", según reportó El País.
El director de la DEA enfatizó que el objetivo de la agencia es lograr un Estados Unidos "libre de fentanilo" y aseguró que la institución está enfocada en "mejorar el modelo que las comunidades pueden adoptar, replicar y ampliar". Cole destacó que desde el comienzo del nuevo Gobierno de Donald Trump, la DEA ha incautado más de 568 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo. "Esta es en parte la razón por la que esta cumbre es importante. Al estar aquí juntos, enviamos un mensaje claro al pueblo estadounidense, a Washington y a los cárteles de que la seguridad y la salud de nuestro pueblo estadounidense no están a la venta", afirmó.
El Gabinete de Seguridad de México respondió el martes rechazando las acusaciones. En un comunicado publicado en la red social X, manifestaron que las afirmaciones de Cole "carecen de sustento" y no corresponden a los resultados que, "de manera pública y verificable", han presentado en el combate a las organizaciones criminales. "La estrategia de seguridad nacional se basa en una política de cero impunidad, mediante acciones de inteligencia, investigación y coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales", detalla el comunicado.
Según datos del Gabinete de Seguridad mexicano, desde el inicio de la Administración de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre de 2024 hasta el 30 de junio de 2026, han sido detenidas 59.582 personas, se han asegurado 31.366 armas de fuego y 498 toneladas de droga. Entre los decomisos de fentanilo, las autoridades mexicanas reportan 2.363 kilogramos y 5 millones 546.100 de pastillas. Además, han inhabilitado 2.627 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas.
Las tensiones diplomáticas se intensificaron desde el 29 de abril, cuando Washington lanzó una acusación y pedido de extradición contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa bajo licencia, acusado de vínculos con el narcotráfico junto con otros nueve funcionarios de ese Estado. Desde la Fiscalía General de la República, las autoridades mexicanas afirmaron que no ven evidencias que fundamenten la urgencia de detener de forma provisional a las autoridades señaladas. La presidenta Sheinbaum exigió la presentación de "más pruebas" y cuestionó los motivos políticos detrás de las imputaciones. "Si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político", defendió el 30 de abril.
Dos años después de su victoria electoral, Sheinbaum utilizó la celebración de su triunfo el 1 de junio para cerrar filas con Morena, su partido de Gobierno, frente a la crisis provocada por las investigaciones que alcanzan a funcionarios de Sinaloa. Durante el acto, la mandataria planteó la posibilidad de que Washington intentara influir en las elecciones intermedias de 2027 e instauró una narrativa de defensa de la soberanía nacional.
Un día después del mitin, Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, afirmó que la lucha contra los carteles de la droga debería unir a los dos países en vez de dividirlos. "Cada momento que dedicamos a convertir este desafío [...] en una discusión política es una oportunidad perdida", sostuvo en un mensaje en redes sociales. Esta declaración no fue bien recibida en Palacio Nacional. La presidenta marcó límites al diplomático el 2 de junio: "Lo digo respetuosamente, por recordar, que es importante que los embajadores se queden en el tema de la coordinación y la colaboración. Los embajadores tienen que ser respetuosos de los asuntos políticos internos de los países".
Otro frente que ha tensionado las relaciones diplomáticas entre ambos países ha sido el de las operaciones estadounidenses en territorio mexicano. El presidente Trump ha considerado a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas desde febrero de 2025. En mayo pasado, se reportó un presunto ataque en el Estado de México a una camioneta en la que se transportaban Francisco Beltrán, alias El Payín, y Humberto Rangel Muñoz, ambos presuntamente vinculados al Cartel de Sinaloa, que habría sido orquestado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA). Además, se ha reportado el presunto involucramiento del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en un operativo en suelo mexicano para raptar y trasladar a Estados Unidos al exlíder del Cartel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada. Estos episodios han sembrado la discordia entre ambos socios comerciales.
Las acusaciones del director de la DEA reflejan la profunda desconfianza que existe en Washington respecto a la capacidad y voluntad del Gobierno mexicano para combatir el narcotráfico. Sin embargo, México sostiene que sus esfuerzos son verificables y que las acusaciones carecen de fundamento. El conflicto pone de manifiesto las divergencias fundamentales en cómo ambos países abordan la crisis del fentanilo y la seguridad regional, con implicaciones que van más allá de la cooperación antinarcóticos e impactan las relaciones diplomáticas bilaterales en su conjunto.