Igor Ratchin y Lev Lakshtanov, detenidos en agosto de 2025, enfrentan 11 cargos que incluyen terrorismo, espionaje y tráfico de influencias en Angola. Según la fiscalía angoleña, ambos operaron en nombre de Africa Politology, una red vinculada al desaparecido Grupo Wagner, con el objetivo de desestabilizar al gobierno y alterar el curso político del país africano de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La defensa niega las acusaciones y sostiene que los rusos trabajaban en la creación de un centro cultural.
Igor Ratchin, consultor político, y Lev Lakshtanov, traductor, serán juzgados en Angola bajo acusaciones de haber dirigido una operación de manipulación de información y desinformación destinada a provocar protestas antigubernamentales e interferir en las elecciones presidenciales previstas para 2027, según informó la BBC tras obtener una copia de la acusación formal.
Los dos rusos, arrestados en agosto de 2025, enfrentan 11 cargos que incluyen terrorismo, espionaje y tráfico de influencias, según el documento judicial. La fiscalía angoleña sostiene que actuaron en representación de Africa Politology, una red de operativos e inteligencia en África que surgió del ahora desaparecido Grupo Wagner, cuyo fundador Yevgeny Prigozhin murió en 2023 en un accidente aéreo.
Junto a los rusos, dos ciudadanos angoleños también serán juzgados: el periodista deportivo Amor Carlos Tomé, quien enfrenta nueve cargos, y el activista político Francisco Oliveira, con cinco acusaciones. Según la fiscalía, los rusos contrataron a ambos para llevar a cabo sus actividades en el país.
Los equipos legales que representan a los cuatro acusados rechazan la acusación. Los abogados de los rusos argumentan que el documento carece de "hechos concretos y objetivos", mientras que la defensa de los angoleños sostiene que no hay evidencia suficiente y que "la acusación se basa en meras conjeturas", según declaraciones recogidas por la BBC.
**Operación de influencia y desinformación**
Según la acusación, el primer equipo de operativos rusos llegó a Luanda, capital de Angola, en 2024 bajo el pretexto de abrir un centro cultural ruso, proyecto que nunca se materializó. Entre los primeros en llegar estaba Maxim Shugalei, un prominente operativo político vinculado a Wagner y sancionado por la Unión Europea por supervisar campañas de desinformación. Shugalei viajó con su traductor de largo plazo, Samer Suaifan.
La BBC contactó a ambos hombres. Suaifan reconoció conocer a los acusados, mientras que Shugalei negó conocerlos.
Durante 2024 y 2025, según la acusación, los acusados realizaron múltiples pagos a periodistas y expertos locales para difundir propaganda y desinformación en medios angoleños con el objetivo de "provocar un cambio político". Los pagos suman más de 24.000 dólares (17.900 libras esterlinas), según el documento.
Las autoridades angoleñas consideran este trabajo parte de una operación de influencia más amplia destinada a socavar la confianza en los socios occidentales y desacreditar la política exterior del presidente João Lourenço.
Una fuente que trabajó previamente con Prigozhin en proyectos africanos criticó estos esfuerzos como amateur. "Este año [2025] entregaron todo el tema africano a unos completos idiotas. Parece que los recogieron en el mercado Sadovod [un mercado callejero en Moscú]. Y justo antes de Año Nuevo querían publicaciones en medios angoleños. Pero les dije a todos que se fueran al infierno", declaró un estratega político a la BBC, sin revelar quiénes eran los empleadores.
**Evidencia de campaña de desinformación**
La fiscalía cita varias publicaciones como evidencia de la campaña de desinformación. En enero de 2025, una publicación en una página de Facebook que imitaba al reconocido sitio de noticias local Angola 24 Horas, presentándose como página satírica, advirtió que Angola podría verse arrastrada a la guerra de Ucrania.
En diciembre de 2024, una publicación en la misma página criticó el Corredor de Lobito, un proyecto ferroviario respaldado por Occidente que transporta minerales desde África central hasta los puertos de Angola. La publicación afirmaba que empresas extranjeras obtienen acceso casi total a los minerales de Angola. La BBC contactó a la página satírica Angola 24 Horas pero no recibió respuesta.
La publicación sobre el Corredor de Lobito apareció un día después en el sitio web de noticias Lil Pasta News. Otro artículo publicado por el sitio especulaba si el país había "firmado un pacto con el Diablo" al unirse al proyecto.
Lil Pasta News declaró a la BBC que los artículos en cuestión no fueron escritos por su equipo sino recibidos a través de un intermediario. El equipo dijo que no tuvo contacto con el autor y no recibió pago por la publicación.
Los abogados que representan a los acusados rusos argumentan que no hay evidencia que sugiera que Ratchin encargó ninguno de los artículos.
**La red de operativos**
Los fiscales angoleños describen al grupo como una red pequeña pero efectiva. Ratchin supuestamente estaba en su centro. Había trabajado previamente en varias campañas electorales regionales en Rusia que, según afirmó él mismo en un video visto por la BBC, terminaron en victorias para sus candidatos.
Lakshtanov ha trabajado como traductor en Angola desde la era soviética. Los fiscales creen que desempeñó un papel de apoyo en la operación, actuando principalmente como traductor.
La conexión local supuestamente fue proporcionada por Francisco "Buka Tanda" Oliveira, líder juvenil del principal partido de oposición de Angola, Unita, quien habla ruso tras haber estudiado ingeniería química en Rusia entre 2015 y 2019. La fiscalía afirma que se le encargó presentar políticos angoleños a los acusados.
"Él [Oliveira] no conoce esta organización [Politology] ni ninguna actividad relacionada con esta organización. Todo lo que sabe es que querían crear una casa de cultura rusa", declaró el abogado defensor Pedro Cangombe a la BBC.
Tomé, periodista deportivo del canal de televisión estatal angoleño TPA, está acusado de recopilar información sobre el panorama político del país y posibles candidatos presidenciales, así como de ayudar a producir y publicar contenido vinculado a la supuesta operación de influencia.
La defensa de Tomé argumenta que "ninguno de los elementos subjetivos u objetivos" de los delitos está "mínimamente" demostrado en la acusación.
La acusación nombra a seis miembros rusos más de la red que supuestamente rotaron dentro y fuera de Angola en varios momentos de 2024 y 2025.
**Reuniones con figuras políticas**
Las autoridades angoleñas también afirman en la acusación que Lakshtanov y Ratchin se reunieron con varias figuras políticas de alto nivel tanto del partido gobernante MPLA como de Unita, ofreciendo apoyo y financiamiento para actividades de campaña.
Más notablemente, la fiscalía alega que mantuvieron una reunión con el peso pesado del MPLA, el general Higino Carneiro, y con el líder de Unita, Adalberto Costa Junior. Ambos son considerados posibles candidatos presidenciales para las elecciones del próximo año.
Los fiscales afirman que los rusos ofrecieron a Carneiro hasta 15 millones de dólares (11 millones de libras) en apoyo de campaña, junto con asistencia de seguridad, asesoramiento estratégico y recopilación de inteligencia. No hubo evidencia sobre esta supuesta oferta en la acusación vista por la BBC.
"No sé si tal reunión tuvo lugar", declaró Elizeu Nguiniti, el abogado que representa a Ratchin y Lakshtanov.
El representante de Unita, Jonas Mulato, declaró a la BBC que las acusaciones que vinculan al líder del partido con una operación de influencia extranjera son falsas y que se ha vuelto "cada vez más evidente" que los procedimientos judiciales se están utilizando con fines políticos.
La BBC solicitó un comentario a Carneiro pero no recibió respuesta.
**Las protestas de julio de 2025**
En julio de 2025, Angola vivió las protestas más mortales desde el final de la guerra civil entre Unita y el MPLA en 2002. Lo que comenzó como una huelga pacífica de taxistas en Luanda rápidamente se convirtió en disturbios a nivel nacional que se tornaron violentos. Los manifestantes fueron recibidos con lo que los activistas describen como fuerza policial "excesiva".
La fiscalía alega que los acusados orquestaron las protestas, señalando notas sobre las manifestaciones encontradas en sus teléfonos móviles y fotos tomadas por Ratchin. En documentos legales vistos por la BBC, los abogados de Ratchin dicen que tomó las imágenes por razones de seguridad, para tener evidencia si era atacado. La BBC no ha visto las fotos ni las notas.
Muchos periodistas y activistas angoleños cuestionan firmemente la idea de que las protestas no fueron orgánicas, y dicen que las autoridades angoleñas podrían estar usando a los rusos como chivos expiatorios.
El Banco Mundial estima que casi el 40% de los angoleños podrían estar viviendo por debajo de la línea internacional de pobreza de 3 dólares por día.
"La gente protestaba por sus condiciones de vida, no porque alguien de otro país les dijera que lo hicieran", declaró Sheila Nhancale, investigadora de Angola en Human Rights Watch.
**Inconsistencias en la acusación**
La propia acusación ha sido criticada. Contiene errores ortográficos y aparentes errores factuales. Por ejemplo, los fiscales dicen que la operación rusa comenzó el 9 de octubre de 2024 con la llegada de Maxim Shugalei y otros, pero Shugalei fue arrestado en Chad el 19 de septiembre de 2024 y regresó a Moscú el 16 de noviembre de 2024.
La BBC solicitó aclaraciones a la fiscalía angoleña sobre esta y otras inconsistencias, pero no recibió respuesta.
Rui Verde, experto legal e investigador asociado del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de Oxford en Reino Unido, declaró que el desafío clave para la fiscalía será demostrar que los actos enumerados en la acusación forman un patrón deliberado, una especie de hoja de ruta intencional hacia la subversión.
**Contexto geopolítico**
Angola es uno de los principales productores de petróleo de África y exportador de diamantes. Sus recursos naturales y posición estratégica la convierten en un país de interés continuo para Moscú. Pero aunque los lazos se remontan a la Guerra Fría, Angola se ha ido alejando gradualmente de la esfera de influencia de Rusia.
La empresa rusa de minería de diamantes Alrosa y el banco VTB se vieron obligados a abandonar Angola debido a las sanciones internacionales impuestas por la guerra de Ucrania. El presidente angoleño João Lourenço ha pivotado hacia Occidente y no se ha reunido con su homólogo ruso Vladimir Putin desde 2019.
"Esto es indicativo de la ansiedad rusa por la dirección que está tomando Angola bajo la administración de Lourenço", declaró Alex Vines, director del programa de África del grupo de expertos Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. "Claramente hay un elemento de desinformación rusa para tratar de generar más simpatía hacia la Federación Rusa".
Según varias fuentes, los rusos podrían ser enviados de regreso a su país si son condenados. Pero las autoridades rusas no parecen tener prisa por ofrecer ayuda.
Una fuente cercana a la comunidad diplomática rusa declaró a la BBC que "la lógica es simple: estas personas no estaban llevando a cabo tareas estatales oficiales, solo eran contratistas. La posición de Rusia en el país ya es débil, así que no tiene sentido empeorar las cosas".
"Que estos restos de la operación de Prigozhin lo resuelvan ellos mismos", dijo la fuente.
**Advertencia europea sobre manipulación de información**
El caso angoleño se produce en un contexto de creciente preocupación europea sobre la manipulación de información extranjera. En un discurso pronunciado el 24 de marzo de 2026 en la Conferencia sobre Lucha contra la Manipulación e Interferencia de Información Extranjera, la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, advirtió sobre el uso de inteligencia artificial para producir contenido manipulador a velocidad, escala y bajo costo.
"La manipulación e interferencia de información extranjera es muerte a la democracia por mil cortes", declaró Kallas, según el Servicio Europeo de Acción Exterior.
Kallas señaló que el año pasado, Rusia y China invirtieron hasta 11.000 millones de euros en manipulación de información, mientras que el impacto económico global de la desinformación se estima en más de 400.000 millones de euros anuales.
La Alta Representante citó el caso de Rumania en 2024, donde una campaña de desinformación respaldada por Rusia impulsó artificialmente la presencia en línea de un candidato marginal de extrema derecha y pro ruso. "Miles de cuentas bot impulsadas por inteligencia artificial se utilizaron para inundar plataformas con deepfakes", declaró Kallas.
En contraste, Kallas destacó el caso de Moldavia, donde las autoridades moldavas, con apoyo europeo, lograron contrarrestar la interferencia rusa en las elecciones. "Las estimaciones sitúan el apoyo financiero de Rusia para las voces pro rusas entre doscientos y trescientos millones de euros. Eso es el equivalente a entre el 2 y el 3 por ciento de todo el PIB de Moldavia. Pero la interferencia de Rusia no funcionó porque contraatacamos, juntos", declaró.
Kallas anunció su intención de construir una coalición internacional para proteger el espacio de información, señalando que "la integridad de la información es un bien público global".
Según datos recientes del Eurobarómetro citados por Kallas, cerca del 80% de los europeos están preocupados de que los votantes basen sus elecciones en desinformación, y más del 60% se preocupa por la presión externa.
El informe de 2026 de la Unión Europea sobre manipulación de información, mencionado por Kallas, describe la infraestructura utilizada por los adversarios como "construida como un castillo de naipes", señalando que existe un mercado para la manipulación donde actores externalizan operaciones a intermediarios y contratistas, incluidas empresas privadas, redes de influencia de alquiler y actores de marketing digital.
**Implicaciones futuras**
El juicio en Angola representa uno de los primeros casos en África donde autoridades nacionales procesan formalmente a operativos extranjeros acusados de manipulación de información e interferencia electoral. El resultado podría establecer un precedente para cómo los países africanos responden a operaciones de influencia extranjera.
Para Angola, el caso llega en un momento crítico. Con elecciones presidenciales previstas para 2027 y una economía en transición, el país enfrenta presiones tanto internas como externas. La capacidad del gobierno de Lourenço para demostrar que puede proteger la integridad electoral sin recurrir a represión política será observada de cerca por socios occidentales y organizaciones de derechos humanos.
Para Rusia, el caso representa otro revés en su influencia en África, particularmente en un país donde históricamente mantuvo fuertes lazos. La aparente falta de apoyo diplomático a los acusados sugiere que Moscú está dispuesto a sacrificar operativos individuales para evitar mayor deterioro de sus relaciones con Luanda.
A nivel internacional, el caso subraya la creciente sofisticación de las operaciones de influencia extranjera y los desafíos que enfrentan los sistemas judiciales nacionales para procesarlas efectivamente. Las inconsistencias señaladas en la acusación angoleña ilustran las dificultades técnicas y legales de construir casos sólidos contra operaciones de manipulación de información que operan en zonas grises entre actividad legal e ilegal.
La fecha del juicio aún no ha sido anunciada públicamente por las autoridades angoleñas.