Ecuador despliega 75.000 efectivos militares y policiales en cuatro provincias para combatir bandas del narcotráfico

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, anunció el despliegue de más de 75.000 efectivos de seguridad en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, según informó la BBC. "Estamos en guerra", declaró Reimberg a los residentes de estas provincias, añadiendo: "No corran riesgos, no salgan, quédense en casa".

La medida forma parte de lo que las autoridades ecuatorianas describen como una "nueva fase" en su confrontación contra las bandas criminales que operan en el país. El despliegue incluye la implementación de un toque de queda nocturno en las cuatro provincias mencionadas, todas ellas severamente afectadas por la violencia vinculada al tráfico de drogas.

Ecuador se ha convertido en un país clave para el tránsito de cocaína debido a su ubicación geográfica, situado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de esta droga, según la fuente. Se estima que aproximadamente el 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú se envía a través de territorio ecuatoriano.

El presidente Daniel Noboa, quien asumió el cargo en noviembre de 2023, ha intentado controlar la violencia relacionada con las drogas mediante políticas de mano dura. Sin embargo, Ecuador registró una tasa récord de homicidios en 2025, según reporta la BBC. Los datos indican que la tasa de asesinatos aumentó más del 30% entre 2024 y 2025, a pesar de que Noboa ha declarado varios estados de emergencia desde que llegó al poder.

La estrategia del gobierno ecuatoriano se enmarca dentro de una alianza internacional liderada por Estados Unidos que agrupa a 17 países con el objetivo de combatir los cárteles criminales en el Hemisferio Occidental. Noboa se unió a esta coalición como parte de sus esfuerzos por enfrentar el crimen organizado.

El gobierno de Noboa ha estado trabajando con la administración del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el flujo de cocaína desde Ecuador hacia Estados Unidos, según la fuente. La semana pasada, el FBI abrió su primera oficina en el país andino, un movimiento que se produjo poco después de que ambos países lanzaran operaciones conjuntas contra el narcotráfico.

Noboa fue uno de los líderes latinoamericanos que asistió a una reunión internacional organizada por Trump en Mar-a-Lago, que las autoridades estadounidenses denominaron la cumbre "Escudo de las Américas". En esa cumbre, Trump comparó a las bandas criminales con un "cáncer" e instó a sus homólogos latinoamericanos a usar la fuerza militar para erradicarlas. "No queremos que se propague", agregó Trump, según la BBC.

Tras la reunión, Noboa publicó una foto en redes sociales donde aparece junto a Trump con las palabras: "Durante demasiado tiempo, las mafias pensaron que América era su territorio. Que podían cruzar fronteras, mover drogas, armas y [propagar] violencia sin consecuencias. Su tiempo se ha acabado".

Las cuatro provincias donde se concentra el despliegue militar y policial representan algunas de las zonas más conflictivas del país. Guayas, que incluye la ciudad portuaria de Guayaquil, ha sido particularmente afectada por enfrentamientos entre bandas rivales que compiten por el control de rutas de narcotráfico. El Oro, en la frontera con Perú, también ha experimentado un aumento significativo de la violencia relacionada con el crimen organizado.

La declaración de toque de queda nocturno busca limitar la movilidad de los grupos criminales durante las horas de mayor actividad delictiva. Sin embargo, la medida también afecta a la población civil, que enfrenta restricciones a su libertad de movimiento en un intento de las autoridades por recuperar el control territorial.

Desde que asumió la presidencia, Noboa ha adoptado un enfoque de confrontación directa contra las organizaciones criminales, declarando varios estados de emergencia que otorgan poderes ampliados a las fuerzas de seguridad. A pesar de estas medidas, el incremento del 30% en la tasa de homicidios entre 2024 y 2025 evidencia los desafíos que enfrenta el gobierno para contener la violencia.

La apertura de la oficina del FBI en Ecuador representa un paso significativo en la cooperación bilateral entre ambos países en materia de seguridad. Esta presencia permanente de la agencia estadounidense facilitará la coordinación de operaciones conjuntas y el intercambio de inteligencia sobre las redes de narcotráfico que operan en la región.

La alianza de 17 países liderada por Estados Unidos busca crear un frente común contra los cárteles que operan en el Hemisferio Occidental. Esta coalición reconoce que el narcotráfico es un problema transnacional que requiere respuestas coordinadas entre múltiples gobiernos.

La situación en Ecuador refleja una tendencia más amplia en América Latina, donde varios países enfrentan niveles crecientes de violencia vinculada al crimen organizado. La posición geográfica estratégica de Ecuador, con acceso tanto al océano Pacífico como a fronteras terrestres con los principales productores de cocaína, lo convierte en un territorio disputado por organizaciones criminales internacionales.

El despliegue de 75.000 efectivos representa una movilización masiva de recursos de seguridad, concentrando una porción significativa de las fuerzas policiales y militares del país en cuatro provincias específicas. Esta concentración de recursos plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno para mantener la seguridad en otras regiones del país mientras se enfoca en estas áreas prioritarias.

Las implicaciones de esta "nueva fase" en la guerra contra el narcotráfico aún están por verse. Mientras el gobierno ecuatoriano intensifica sus operaciones militares y policiales, la efectividad de estas medidas para reducir la violencia a largo plazo dependerá de múltiples factores, incluyendo la capacidad de desmantelar las estructuras financieras y logísticas de las organizaciones criminales, no solo su presencia territorial.

La cooperación con Estados Unidos, particularmente a través de operaciones conjuntas y la presencia del FBI, marca un cambio en la estrategia de seguridad de Ecuador, que ahora depende más estrechamente de la asistencia y coordinación internacional para enfrentar un problema que ha superado la capacidad de respuesta nacional.